El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó ayer, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un informe sobre el acceso a la educación de adolescentes en privación de libertad. “El acceso a la educación en adolescentes privados de libertad desde un modelo preventivo de la tortura y los malos tratos” fue el tema presentado a partir de una investigación que duró más de un año. Según el informe, 1.014 jóvenes fueron atendidos por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) en 2018, de los cuales 581 cumplían medidas privativas de libertad. Al dividir por género, el informe indica que entre 2014 y 2018, 3,33% de esos jóvenes eran mujeres.

De 2010 a 2014 la privación de libertad de los adolescentes se duplicó. Según un reporte del Poder Ejecutivo, el incremento se vincula con la tipificación penal de la tentativa de hurto de 2011 y por la transformación del régimen de privación de libertad para delitos gravísimos de 2013. En dicho reporte se señala que “en materia de privación de libertad, Uruguay es uno de los países más punitivos de la región en cuanto a los adultos, y uno de los más severos de América del Sur con sus adolescentes”.

“La educación es uno de los factores que más coadyuva o mitiga lo punitivo del sistema de encierro”, aseguró Wilder Tyler, director del MNP. 18,2% de los jóvenes de 18 años y más completaron en 2018 la educación media básica en contexto de encierro, mientras que 4,7% de los jóvenes de 16 y 17 años cursaron bachillerato pero sólo 0,9% llegó a completarlo.

Paula Baleato, coordinadora del programa Infancia y Adolescencia de la organización no gubernamental El Abrojo, hizo énfasis en los datos de desvinculación educativa previa al ingreso en los centros del INISA, ya que, según expuso, “primero viene la desvinculación educativa y después el delito”. 74,4% de los adolescentes que ingresaron al INISA en 2018 estaban desvinculados de la educación, y sólo 9,7% de los adolescentes de entre 15 y 16 años tenía ciclo básico completo.

De tensiones a desafíos

Tanto en el informe como en la presentación se plantearon dificultades, logros y desafíos que, según Baleato, deben interpelar principalmente a tres actores: al INISA, al sistema judicial y al sistema educativo en su conjunto.

De las entrevistas que el equipo del MNP hizo para el informe se desprendió que una de las dificultades principales es la falta de coordinación entre los centros del INISA, lo que genera problemas al momento de incluir rápidamente en los estudios a los jóvenes que son trasladados de un establecimiento a otro. Respecto de la relación del INISA con el Consejo de Educación Secundaria, se señaló que con frecuencia los profesores no están capacitados para trabajar en contextos de encierro. Asimismo, las horas que se destinan al INISA no tienen prioridad en relación con las destinadas en los liceos, por lo que en la elección suelen quedar para el final, por lo que se relegan a los docentes que eligen por último.

Las tensiones entre las prácticas educativas y las de encierro se ven reflejadas en la asistencia a clase. Al reforzar la seguridad, la libertad ambulatoria es restringida y la custodia cuerpo a cuerpo se vuelve la norma. “Mayor nivel de seguridad, menos educación. Más educación, menos seguridad”, afirmó Baleato. Debido a que mayormente las idas a clase son mediadas por el personal de seguridad, el nivel de inasistencias es alto, ya “sea por violencia interpersonal o por falta de personal de seguridad que acompañe a los jóvenes”, se señala en el informe.

Entre los logros alcanzados se hace referencia a que, de todas formas, la participación y la permanencia de los estudiantes han aumentado, lo que se suma a que hay mayor amplitud en la oferta educativa: todos los centros tienen al menos una maestra de referencia, que cuenta con apoyo de las autoridades. En 2018 las horas docentes utilizadas por Primaria y Secundaria fueron 155, mientras que las disponibles eran 195; durante 2019, hasta el 31 de agosto, las horas disponibles fueron 165, de las cuales se utilizaron 130.

Si bien se tiene en cuenta que muchos estudiantes concurren a clase para evitar el encierro en las celdas, muchos otros contaron en las entrevistas que su motivación para asistir es culminar la enseñanza media, aprender a leer, “ser alguien”, “mejorar como persona” o “cambiar”. Por otro lado, algunos adolescentes consideraron al estudio una puerta para la inserción laboral. Uno de los mayores desafíos al respecto, se concluye en el informe, es la necesidad de reforzar la inserción educativa en el egreso, así como fortalecer el vínculo con las familias para dar cuenta de la importancia de la educación. Es fundamental ajustar los cursos a los requerimientos de los jóvenes, así como dar una respuesta adecuada desde UTU para ofrecer más cursos y capacitaciones. Baleato subrayó: “Es difícil sacar cosas buenas del encierro. Mientras tanto, es importante focalizarse en que estos contextos sean lo más permeables posible con el afuera. Necesitamos menos muros”.