Una delegación de la Universidad de la República (Udelar), encabezada por el rector, Rodrigo Arim, e integrada por representantes de los órdenes y las facultades, presentó este jueves en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja su propuesta presupuestal para el próximo quinquenio, y cuestionó la iniciativa del Ejecutivo para la institución, que prevé incremento cero en todo el período. La Udelar pide un aumento presupuestal de 5% para 2021 y de 8% en promedio anual para el resto del quinquenio.

“Quisimos llamar la atención sobre algunos riesgos que corremos como sociedad”, dijo Arim tras la presentación ante los legisladores, y detalló en particular el riesgo sobre la continuidad de algunas carreras de reciente desarrollo en el interior. “Medicina y Veterinaria en el litoral, o la carrera de Contador Público en el este, son carreras frágiles y vulnerables; ante la ausencia de recursos incrementales es probable que tengamos que tomar algunas medidas restrictivas al respecto en los próximos años”, mencionó, y dijo que hay otras carreras proyectadas para el interior ‒Licenciatura en Computación, Ingeniería Civil en el litoral, Licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios en el noroeste‒ “que están en cuestión y van a quedar obviamente en el congelador” de confirmarse que no habrá recursos.

Otra preocupación que señaló el rector es la imposibilidad de continuar con el régimen de dedicación total para docentes universitarios, que según estimó en la sesión implicaría que 500 docentes no puedan desarrollar su vida profesional en Uruguay. Mencionó además que en el período la Udelar va a tener un aumento estimado de estudiantes de 139.000 a 145.000, por lo que se va a necesitar más docentes, más horas de funcionarios no docentes y más infraestructura. 

Respecto de la posibilidad que manejó el presidente Luis Lacalle Pou, que dijo que la Udelar “va a tener que optar”, Arim aseguró que la Udelar “ha tomado decisiones importantes pero que a su vez desprotegen otras áreas de la universidad”, y puso como ejemplo la inversión, hace diez años, en el interior.

“Efectivamente tomamos decisiones, pero esas decisiones son terriblemente dolorosas para el país en general si, por ejemplo, no fortalecemos un sistema de becas que hoy está sobredemandado, que tuvo incremento sostenido de las solicitudes de becas producto de la crisis económica y social. ¿Cómo vamos a responder como país? ¿Disminuyendo y debilitando nuestro sistema de becas?”, cuestionó, y señaló que es probable que, de no haber aumento de becas estudiantiles, haya “generaciones en las que los jóvenes más vulnerables van a tener más dificultades para continuar sus estudios”.

“Cuando la ineficiencia de lo público es una profecía autocumplida”

El miércoles el rector publicó en su blog una columna en la que cuestiona los cambios normativos que incluyó el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley de presupuesto que, si bien no implican recursos, afectan la eficiencia de la gestión de la Udelar. El común denominador de los cambios, advierte, “es la rigidización de la ejecución presupuestal de la universidad: más que estándares de eficiencia se erigen densas mallas de dificultades que entorpecen la concreción del gasto y, a través de esa vía, generan ahorros espurios para las arcas del Estado”.

En la columna detalla cada uno de los cambios y lo que implica para la institución. Por ejemplo, uno de ellos es el artículo 526 del proyecto, que deroga una disposición, votada en la Rendición de Cuentas de 2019 por todos los partidos políticos, que habilitó a la Udelar a tener fondos de libre disponibilidad (que son los que no llegan del presupuesto nacional sino de otras fuentes) colocados en cualquier moneda o en inversiones financieras, de modo que no pierdan su valor real. “En un país con una inflación cercana al 10% esta rigidez perjudica la calidad de la ejecución del proyecto, expone a que el financiamiento resulte insuficiente cuando corresponde adquirir insumos o construir infraestructura académica y ubica a la universidad como un administrador ineficiente ante quienes lo financian”, señala.

Arim agrega que “ninguna institución pública funciona con esta camisa de fuerza, menos aún las universidades públicas en el mundo desarrollado, que operan con una amplia autonomía financiera”, y considera que el cambio propuesto “vuelve a instaurar vetustos e ineficientes criterios de gestión y un desconocimiento profundo sobre cómo funciona el quehacer universitario de calidad”.

El proyecto del Ejecutivo también deroga la posibilidad de que la Udelar transfiera de un año al otro recursos destinados a inversiones que “por razones fundadas” no se hubieran podido ejecutar y establece “obstáculos burocráticos para el traspaso de rubros” de sueldos a inversiones, ya que obliga a la Udelar a contar con informes favorables del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) antes de hacerlo. Esto último, agrega Arim, abre espacios “para la discrecionalidad y arbitrariedad para impedir la ejecución eficiente”, porque no establece qué aspectos podrían observar el MEF y OPP ni les pone un plazo para hacerlo. “Pueden demorar meses en emitir observaciones, bloqueando por la vía de los hechos el traspaso de rubros y dificultando la ejecución presupuestal”, señala, además de advertir que la derogación de la norma, de 1987, “puede resultar inconstitucional”.

“La propuesta presupuestal parece confundir, en el caso de la Udelar, eficiencia con gastar poco en lugar de asociar eficiencia con gastar bien”, opina el rector, que concluye que el proyecto del Ejecutivo no sólo no contiene aumentos presupuestales para la Universidad sino que “también dificulta al extremo la ejecución de los deteriorados recursos presupuestales” que la institución recibirá en el quinquenio.