Distintas áreas académicas de la Universidad de la República se han pronunciado sobre los distintos capítulos del proyecto de ley de urgente consideración, y el Consejo Directivo Central (CDC) de la institución creó un grupo de trabajo para analizar los contenidos en materia de educación y los que afectan a la Udelar.

El martes 2, el CDC aprobó una declaración sobre el proyecto de ley, en la que detalla discrepancias y plantea cambios al texto en distintos puntos. El texto fue aprobado por unanimidad, salvo el punto referidos a los cambios al derecho de huelga, que no fue respaldado por la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli.

Respecto de la sección Educación, la resolución reivindica la importancia de que los organismos públicos en el área tengan un ámbito de coordinación, algo que fue incorporado al proyecto durante el tratamiento parlamentario.

Entre varios puntos, la Udelar tambièn plantea que el Plan de Política Educativa debe ser elaborado “por los respectivos organismos estatales autónomos de enseñanza y no centralmente desde el MEC”, y propone la eliminación de la propuesta incluida en la LUC que pasa a la órbita de ese ministerio la reválida de títulos universitarios.

“Los estudios comparados a nivel internacional en el terreno educativo, especialmente los relacionados con las reformas, alertan sobre la necesidad imperiosa de que todo proceso de cambio se laude por medio de un intercambio democrático, plural y fecundo con el conjunto de la sociedad y los actores involucrados.

La evidencia internacional, así como los comparativistas dan cuenta que la participación en los procesos de cambio educativo son la única garantía de su efectividad”, afirma la resolución, citando el informe del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación específicamente sobre la LUC.

Sobre la sección relativa a seguridad, la Udelar entiende “preocupantes” los contenidos “en tanto son en general regresivos en materia de derechos humanos y contravienen la legislación nacional vigente, la normativa internacional y sus orientaciones doctrinarias, así como las recomendaciones de investigadores y académicos en la materia”.

Además de que las propuestas “erosionan las garantìas propias de un Estado de derecho”, la Udelar considera que “ambientan la reproducción de la violencia estatal e institucional al conferir amplia discrecionalidad a las agencias de control social sin fortalecer mecanismos institucionales que la prevengan”.

También entiende que es “inadmisible” la restricción del derecho de huelga que promueve el texto, “en tanto intenta reglamentar el ejercicio de un derecho fundamental a través de un mecanismo excepcional que se utiliza en situaciones de urgencia.

Asimismo, esta propuesta incumple el mandato constitucional en tanto no garantiza el ejercicio pleno de este derecho”. Este punto fue el único de la declaración que fue aprobado por 16 votos en 17, sin el voto de Mangarelli.

La declaración también se pronuncia respecto de las modificaciones en el ámbito de las comunicaciones y el acceso a la información pública, respecto de la sección de Economía y empresas públicas y sobre la modificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Junto con la declaración, la Udelar hizo públicos todos los documentos elaborados sobre la LUC como insumos para la discusión.