“Soy más uruguaya que porteña”, bromea Sonia Alesso, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (CTERA) e integrante del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación (IE) por América Latina, porque vive en Rosario, ciudad de la provincia de Santa Fe, que se ubica a pocos kilómetros de Uruguay.

Dice que le gusta mucho el carnaval y que incluso prometió venir a ver las murgas este verano, en el que la mayoría de los conjuntos puso como eje la campaña contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se someterán a referéndum el 27 de marzo.

Como están haciendo algunas murgas, Alesso dijo que desde Argentina también se comprometieron a hacer una campaña “fuerte” de “solidaridad” y “concientización” sobre lo que significa la LUC, que, para ella, afectaría la educación pública. Lo que sigue es un resumen de la conversación que mantuvo con la diaria.

¿Cuáles son los desafíos de la educación que hoy se plantean en América Latina?

Evitar el avance de las políticas de privatización, que con la pandemia se acrecentaron. ¿Es la privatización como nosotros conocimos en la Argentina en los 90 o como los latinoamericanos conocimos en la posdictadura? No. Es un fenómeno nuevo, complejo. Hay privatizaciones orientadas por grandes instituciones internacionales, como la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], el Banco Mundial [BM] o el FMI [Fondo Monetario Internacional]. También por sectores del comercio educativo, que son grandes empresas que primero te venden los ranking por países, como las pruebas PISA [Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que lleva adelante la OCDE] y después te dicen que saliste mal y te venden los programas para formar a los docentes, libros o plataformas. Eso se ha extendido y en la pandemia aumentó.

Es un tema preocupante, especialmente para los países en vías de desarrollo o subdesarrollados porque supone un corrimiento de la inversión estatal en el sector privado. De distintas maneras, con acuerdos público-privados, o directamente la privatización lisa y llana de los sistemas educativos. Este es un peligro en cuanto a la concepción que nosotros tenemos en la IE, donde pensamos que la educación es un derecho social, humano, que tiene que estar al servicio de todas y todos y tiene que tener una discusión nacional en cuanto al proyecto educativo nacional, pero también una inversión que sea estatal y que tenga financiamiento del Estado y calidad educativa, que es fundamental.

Justamente, hace unas semanas el BM aprobó un préstamo para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de nuestro país. ¿Qué significa que organismos de crédito den préstamos para la educación?

Eso está pasando en todo el mundo, no es patrimonio sólo de los latinos. Está pasando en Asia, África, en distintos continentes. Es una manera de incidir en la soberanía nacional. El BM no es una entidad educativa, la OCDE tampoco. Son entidades de financiamiento y ese financiamiento nunca viene sin condiciones, y a veces estas son secretas. Nosotros venimos haciendo un seguimiento en la IE de América Latina de los distintos préstamos y lo que significa para la región. Nosotros defendemos la autonomía de los países en cuanto a trazar las políticas educativas en discusión con los gremios, sindicatos que representan a los docentes en ámbitos paritarios, donde se pueda discutir el proyecto educativo, las condiciones de trabajo, el financiamiento estatal, el mejoramiento de la calidad educativa, el desarrollo de la región, todos temas que hoy están en discusión y que la pandemia ha acelerado por un lado y profundizado por el otro.

Con respecto al avance de la privatización y mercantilización de la educación, ¿cuáles serían los perjuicios que traería a los pueblos, en especial a los originarios?

Trae una pérdida de soberanía, no sólo pedagógica, en el sentido de cuáles son los contenidos que se dictan, sino también a que cada país pueda discutir sus propias leyes, a que haya participación de los docentes en las características en que se contraen esos créditos, que son endeudamiento externo para los países y condicionamientos sobre las políticas educativas, que, por supuesto, van a afectar los contenidos que nosotros dictamos y también, como está pasando con la LUC, la pérdida de ámbitos de discusión y pérdida de ámbito de debate. Lo mismo nos pasó a nosotros [en Argentina] durante la época del macrismo con la eliminación de la Ley de Paritarias, que era un ámbito donde sindicatos y el Ministerio de Educación nacional y de las provincias discutíamos las políticas educativas y las condiciones de trabajo. Esto lo veo, en algún sentido, similar a la LUC, porque hay una pérdida de lo que se ha avanzado.

Esto también lo vimos en Colombia y en Honduras de una forma alarmante. Esperemos que con [la nueva presidenta hondureña] Xiomara Castro esto se pueda revertir, pero también lo vemos en Costa Rica, donde había un desarrollo muy importante de políticas públicas. Vimos lo que significó para Perú y para Chile la mercantilización de la educación y la falta de financiamiento de los sistemas públicos. Para América Latina, la defensa de la educación pública es un tema central.

En el caso de Perú, su presidente, Pedro Castillo, es un maestro. ¿Qué tanto cree que se puede avanzar en la educación, dado su rol como educador?

La situación de ese país es muy compleja. Perú y Chile han sido mostrados por los grandes grupos dominantes como los ejemplos de un Estado neoliberal. Ya vimos lo que pasó en Chile con las grandes manifestaciones populares y también lo que pasó en Perú. La diferencia que noto entre Chile y Perú es que el margen con que el partido de Castillo se impuso en las elecciones le hace muy difícil la gobernabilidad. Están muy complicados porque venían de muchos años de desinversión, es un Estado que tiene superávit, mientras la gente se muere de hambre. Esto es muy parecido a lo que pasó con Chile. Ahora, cuando hablás con los neoliberales, lo ponen como un modelo a seguir. Es decir, pueblos pobres con estados con superávit fiscal. En ese sentido, creo que la situación es distinta. Vamos a ver qué pasa en Chile, pero asume un presidente que estuvo en los movimientos estudiantiles en defensa de la educación, porque [Gabriel] Boric comenzó su militancia más desde la lucha estudiantil. Sin embargo, no va a ser fácil, porque ninguno de nuestros países la tiene fácil para salir del neoliberalismo y emprender otro camino de desarrollo, pero creo que América Latina va hacia un cambio de rumbo que esperemos se consolide con [Gustavo] Petro ganando en Colombia y [Luiz Inácio] Lula [da Silva] en Brasil. Cambiaría mucho la situación de América Latina en un contexto tan pero tan adverso.

¿Qué pasa en Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández salió perdiendo en las legislativas?

Es una situación difícil. Las leyes que estábamos discutiendo van a ser muy complejas porque la oposición de ultraderecha siempre ha discutido la educación pública y el financiamiento público-estatal. En muchos casos, en provincias que han gobernado, han fomentado la inversión privada en las escuelas y la privatización de la educación, con lo cual es más difícil. Va a generar más luchas en Argentina para que podamos tener leyes que tengan que ver con la recuperación de derechos, pero estamos dispuestos a pelear. Nuestro pueblo ha peleado, ha salido a las calles, resistido cuatro años de [el expresidente Mauricio] Macri. Fuimos muy atacados, ahora está muy puesto en evidencia el espionaje macrista a todos los sectores sociales, sindicales, de derechos humanos. Nosotros fuimos víctimas en ese sentido. La CTERA fue un centro de ataque priorizado por el macrismo porque iba en contra de su proyecto económico y pedagógico.

Macri ha derogado por decreto leyes que habían sido votadas en el Congreso por unanimidad, eso quiere decir que tiene cero respeto a la división de poderes, a la democracia. La situación no es fácil en Argentina. Además, el endeudamiento externo que ha tomado el macrismo hace que tengamos una deuda impagable. La única manera de pagar las deudas es con el hambre del pueblo y eso no lo vamos a permitir; la negociación con el FMI es muy difícil y me parece que están intentando poner condiciones leoninas también para el pago, cuando para otorgar ese préstamo el FMI violó su propia normativa, porque fue a dos años y es impagable desde todo punto de vista.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en el ciclo lectivo 2022 incorporará una cátedra de “educación financiera” para los estudiantes del último año de secundaria en escuelas públicas y privadas. Allí va a haber empresas como Mercado Libre, entre otras. ¿Eso también es un avance de la mercantilización?

Es un ejemplo claro, porque en la escuela nosotros en la currícula tenemos Economía. Están los contenidos básicos comunes. Argentina tiene un lineamiento pedagógico para cada uno de los años de cursado de la escuela desde el nivel inicial hasta el nivel terciario universitario, que es una currícula discutida y aprobada, es decir, nosotros tenemos esto dentro de las escuelas. Lo que no pasa es que lo dicten las empresas, o sea, eso es algo que claramente ejemplifica lo que es la mercantilización de la educación, porque un alumno tiene que tener un panorama integral de cada una de las ciencias que se dictan en las escuelas públicas o privadas de Argentina; eso está, y está dentro de los lineamientos básicos comunes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cree que es un país independiente y que tiene sus propias leyes que no tiene por qué cumplir. Es más marketing que realidad.

Los gobiernos latinoamericanos no suelen apostar a un presupuesto contundente para la educación. En Uruguay se sigue pidiendo el 6% + 1% para educación e investigación. ¿Qué tanto se puede agrandar la brecha con esos países que sí apuestan a ello?

En Argentina llegamos a 6,5% del PIB, el punto más alto, que fue en 2014. Sin embargo, creemos que se debe aumentar a 8% de forma gradual, porque después de la pandemia es cuando más se tienen que fortalecer los sistemas de educación públicos para que ningún chico esté fuera de la escuela; para garantizar educación de calidad, edificios escolares en condiciones para poder tener doble jornada o jornada extendida, para trabajar muchísimo más en el desarrollo de la conectividad en todo el país.

¿Qué esperan de la Justicia tras el espionaje macrista?

En Argentina, al igual que en Chile, Uruguay y otros países de América Latina, vivimos dictaduras sangrientas, que costaron miles de vidas, de presos políticos, torturados, maestros desaparecidos y asesinados. Así que nosotros tenemos un compromiso fortísimo con los derechos humanos. CTERA tiene una marca muy pero muy grande en ese sentido y también el pueblo argentino, porque peleamos por la vuelta a la democracia y peleamos por el juicio a los genocidas y logramos que muchos de ellos estén en una cárcel común y sean juzgados por los delitos que cometieron. Después de la dictadura nunca habíamos visto algo que significara tanta represión al movimiento docente, ninguno de los gobiernos posteriores –y hemos tenido gobiernos con los que nos hemos enfrentado fuertemente–, pero este nivel de persecución, espionaje, de pincharnos los teléfonos, de cablear reuniones, de hacer seguimiento a dirigentes sindicales docentes, de reprimir protestas, filmar protestas de punta a punta –que siempre han sido pacíficas–, ha sido muy grave para la democracia. Hemos sufrido mucho en este lado del mundo por las dictaduras; creo que merecemos vivir en paz y tener escuelas seguras y hacer uso de nuestros derechos como ciudadanos.

¿Cree que la persecución antisindical es un patrón que se repite en los gobiernos de derecha?

La derecha nunca es democrática, por lo menos en América Latina no ha demostrado serlo. Ojalá lo fuera. Ojalá pudiéramos tener alternancia de gobierno y uno pueda disentir pero respetando las leyes que se han construido, votado y teniendo independencia de poderes, respetando la democracia. Pero no es la experiencia de América Latina. Aquí la derecha termina reprimiendo, encarcelando y haciendo retroceder en los derechos laborales.

¿Hay coordinación entre los sindicatos de la enseñanza de América Latina para evitar esto?

Sí, porque en la IE a nivel mundial y para América Latina hemos conformado un equipo de trabajo con metas muy fuertes que llevamos adelante en conjunto, con políticas de lucha, solidaridad y de defensa de la educación y de los derechos humanos en el continente. Eso nos ha hecho muy cercanos, tenemos vínculos permanentes. Ahora trabajamos en solidaridad con los compañeros de Uruguay, en sintonía para defender el referéndum y para informar sobre la posición de los sindicatos de Uruguay en cada uno de nuestros países de América Latina. También estamos ejerciendo la solidaridad con Colombia, que está viviendo situaciones muy graves, donde han amenazado de muerte al secretario general [Luis Edgardo Salazar] de la Fecode [Federación Colombiana de Educadores]. Es difícil pelear contra los grupos dominantes, el poder económico, pero unidos somos mucho más fuertes.

Usted llamó a que los uruguayos que estén en Argentina voten en defensa de la educación pública, en referencia al referéndum contra 135 artículos de la LUC. ¿Se informaron de qué trata esta ley?

Sí, tuvimos una reunión con los compañeros de Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria] en la que realizaron un informe sobre esa ley. Nosotros nos comprometimos porque en Argentina viven muchos uruguayos y maestros en todo el país. Nos comprometimos a hacer una campaña fuerte de solidaridad, de concientización sobre lo que significa la LUC, en particular para los trabajadores, del retroceso que conlleva y por qué es tan importante formar parte activa de esta campaña. La LUC no sólo significa un ataque a los trabajadores sino también a la escuela pública, es algo que por ahí quizá no se entiende mucho y por eso es tan importante leer los materiales y difundirlos.

Al principio decías que la LUC tenía que ver con la derogación de la Ley de Paritarias, un ámbito de discusión que hay entre el gobierno y los sindicatos. Con esta ley se eliminaron los consejos de los subsistemas de la ANEP, donde había participación docente. ¿Qué opinión les merece?

Lo que le decía a los compañeros [de Fenapes] es que la LUC es un revival de lo que nosotros vivimos en los años de Macri, porque se deroga una instancia de participación democrática de los docentes. Los consejos, los ámbitos donde se discuten los reglamentos y toda la discusión de la educación, el tema de abrir la puerta a los privados en educación. Uruguay y Argentina son países donde la educación pública tiene un peso importante y no es casual que cuando los neoliberales gobiernan vengan por la educación pública. Nosotros creemos que hay una cuestión que tiene que ver con atacar un espacio muy valorado. La educación es un tema muy valorado en los dos pueblos y cada campaña de descrédito hacia los docentes ha fracasado, porque la comunidad educativa sabe del compromiso de los maestros con los chicos y la escuela. Estoy convencida de que vamos a vencer, estoy convencida de que Uruguay va a vencer la LUC más temprano que tarde, como nos pasó a nosotros en estos difíciles años que pasamos.

Estoy segura de que la única forma de hacerlo es con movilización, con lucha y con mucho esclarecimiento. Tiene que haber charlas, recorridas, información, porque a veces se esconde o no se conoce, justamente para que el pueblo siga ignorante y no pueda liberarse de las ataduras.