Sindicato lamenta cierre de colegios y buscará que cambie normativa del sector: “Está más regulado el taxímetro que la enseñanza privada”

Las noticias en fin de año no son buenas para decenas de trabajadores de la enseñanza privada y sus familias. Según informó El Observador, se concretó el cierre total y parcial de cuatro colegios. Los centros que cierran por completo son el Centro de Educación Integral Constructivista (CEIC), ubicado en Brazo Oriental; el Ceija, que estaba de Paso de la Arena; y también el colegio New Zealand, de Carrasco, que hace un tiempo ya había cerrado su oferta de secundaria y ahora anunció el cierre de primaria. Por su parte, el Saint Georges, que queda en el Buceo, anunció que cerrará los cursos de bachillerato y sólo se encargará de la Educación Básica Integrada, que va hasta noveno grado.

En diálogo con la diaria, Sergio Sommaruga, integrante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep), señaló que cuentan con “un marco conceptual interpretativo” sobre los cierres en el sector, en el que identifican tres factores. Uno de ellos es el “factor endógeno”, al que Sommaruga definió como las “causas asociadas a la mala gestión” y “la deficiencia en la planificación institucional” de un colegio en particular.

El segundo factor es “de tipo coyuntural”, justamente, porque depende del contexto en el que se encuentre el país. Sobre lo que ha ocurrido en los últimos años, el integrante de Sintep planteó que hubo un “impacto muy importante” en los ingresos de las familias trabajadoras, que asoció a “la fuerte contracción salarial que impuso este gobierno”. “Hasta ahora ha habido una política salarial generalizada de pérdida, el salario se empieza a equiparar con el nivel de ingreso de 2019, pero esa equiparación va a terminar de consumarse a fines de 2024 o incluso en 2025”. En el sector de la enseñanza privada, Sommaruga señaló que este escenario llevó al “aumento de la morosidad y a la caída de la matrícula” a causa de la replanificación de los gastos en muchas familias.

Según planteó, el tercer factor es estructural y está asociado a “problemas en el diseño de la matriz institucional de la enseñanza privada”, lo que vinculó al “anacronismo y la ineficiencia del marco normativo que regula el sector”. Según ilustró, “la pieza normativa más importante es el Acta 14 [de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP] de 1994”, a la que definió como “absolutamente precaria, anacrónica e insuficiente para resolver adecuadamente problemas que sean estructurales que se vienen acumulando y que en la perspectiva del decrecimiento de la tasa de nacimientos va a hacer que la crisis sea mucho más potente” en el sector. Como ejemplo, mencionó que uno de los tantos problemas es que no hay “una razonable equivalencia entre matrícula y cantidad de instituciones”.

“Como tiende a haber más instituciones que matrícula, esto estruja el sistema y ante alguna variable coyuntural como la contracción salarial, los cierres se precipitan. Cuando a eso le sumás el factor endógeno, ahí están los primeros en caer”, concluyó.

Al respecto, Sommaruga comparó el mercado con otro rubro, como el taxímetro, y señaló que dicho sector cuenta con un cupo de móviles, por lo que, aunque tenga el dinero para hacerlo, alguien no puede introducir un nuevo taxi en el mercado. “Para comprar un taxi, se lo tenemos que comprar a alguien que ya tiene uno”, dijo, y comparó que si alguien tiene el dinero, abre un colegio y “no hay ningún problema”. “Está más regulado el taxímetro que la enseñanza privada, es de locos”, resumió.

A atacar

El sindicalista contó que en la última ronda de Consejos de Salarios, Sintep logró la creación de un ámbito tripartito que comenzará a funcionar el año que viene, donde junto con los representantes de la patronal se compartirán diagnósticos sobre los problemas del sector, con el objetivo de alcanzar una propuesta de nueva normativa. Según señaló, se espera que de dicho espacio salgan propuestas para la ANEP y también para el Parlamento nacional, dado que la regulación del sector depende de distintos ámbitos.

“Entendemos que el Estado y el dominio público tienen que tener una participación mucho más proactiva, porque el Estado es un socio económico de la enseñanza privada. Por exoneraciones impositivas y tributarias participa en casi 5.000 millones de pesos al año en el mantenimiento de la enseñanza privada, es una participación muy relevante como para que el Estado permanezca omiso como lo viene haciendo en las últimas décadas”, dijo y, justamente, consideró que no sólo es un problema del gobierno actual, sino que también lo ha sido de los anteriores.

Según consideró Sommaruga, si bien en el discurso público muchas veces suele asociarse a la educación privada como un paradigma de éxito –en contraposición a la educación pública–, ello no se ajusta “a la evidencia disponible”. “Eso es ideología”, dijo sobre ese tipo de discursos, y planteó que la evidencia marca que el sector enfrenta serios problemas que llevan a “la destrucción de puestos de trabajo y de comunidades educativas”, como está ocurriendo con los liceos que cierran ahora.

En particular sobre esos casos, se mostró especialmente preocupado por la situación del Ceija, ya que la institución plantea que no se hará cargo de los despidos y también tiene adeudos salariales con los trabajadores. “Nos pone una luz roja, porque una cosa es que se cierre el colegio porque no puede seguir funcionando; otra cosa es que no se les pague el legítimo derecho a los trabajadores”, lamentó.

la diaria intentó comunicarse con integrantes de Asociación de Institutos de Educación Privada, pero manifestaron que no harán declaraciones sobre los cierres de instituciones que se están anunciando.