En julio de este año, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) determinó iniciar un sumario con la separación del cargo y la retención de la mitad de los haberes durante seis meses a una maestra de primer año de la escuela 35 y también a la directora.
La medida fue caracterizada por la FUM-TEP como “desmedida” y “extemporánea”, porque se debió a la lectura de una carta pública de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) en la escuela, fuera de las aulas, durante el inicio de clases.
Días más tarde y después de que las familias del centro educativo plantearan su preocupación por el impacto que la medida tenía en el proceso educativo de los niños, la DGEIP resolvió dejar sin efecto las medidas mientras transcurría la investigación administrativa. El viernes pasado, Jurídica de la DGEIP emitió un primer informe sobre la situación y consideró que la lectura de la carta gremial constituyó un “ataque a la laicidad”, según expresó en un comunicado Ademu Montevideo.
En ese marco, el Secretariado Ejecutivo del sindicato manifestó “su profundo rechazo a todo ataque a las libertades sindicales y su máximo compromiso con la defensa de las ideas y acciones que las afiliadas y afiliados de Ademu Montevideo decidan emprender”. Asimismo, consideraron que lo realizado por la maestra y la directora de la escuela “en nada contraviene el principio de laicidad” y que la posición de Jurídica de Primaria tiene “una visión sesgada del concepto”. En ese sentido, arguyeron que la tipificación de dicha división “es un despropósito político y normativo, ya que la investigación no arroja ninguna evidencia sobre este extremo”.
En consecuencia, el Secretariado Ejecutivo se declaró “en alerta y sesión permanente” y emitió dos resoluciones. Por un lado, la solicitud e instalación, de “forma urgente”, de una instancia de diálogo con las autoridades de la DGEIP; por el otro lado, pusieron “a consideración de compañeras y compañeros un paro de 24 horas ante la eventual ratificación de la tipificación como ‘violación de la laicidad’, en desmedro de las libertades sindicales”.
El proceso
Alfonso Larraya, secretario general del sindicato, explicó a la diaria que en este primer informe no hay una resolución final ni se establece una sanción para la maestra y la directora, pero la preocupación del gremio radica en la posibilidad de que en el resto del proceso se mantenga la definición de que se trata de una violación a la laicidad.
En concreto, señaló que luego de este primer paso, Ademu Montevideo tiene un plazo de diez días para presentar una primera defensa, que se traslada nuevamente a Jurídica para que emita un último informe –en el que puede, ahora sí, resolver aplicar una sanción– y finalmente llegue todo a las manos de la directora de Primaria, Olga de las Heras, quien tendrá la última palabra para dar el veredicto final, a partir de los informes precedentes, que no son vinculantes.
“Por eso marcamos con mucha necesidad tener una entrevista con la directora general y el subdirector, para ver cómo ve la administración esta situación”, explicó Larraya. Es que, para el sindicalista, lo actuado por la maestra y la directora de la escuela 35 no tiene “ningún elemento que sea de tipificación de violación a la laicidad, sino que fue el cumplimiento de una medida gremial”.
Por otro lado, evidenció que el contenido de la carta no es “político-partidario” y, contrariamente, dijo que habla de “las condiciones de los maestros al inicio del curso en un proceso de transformación educativa”. A su vez, aclaró que la maestra y la directora no fueron las autoras de la carta, sino que se trata de un elemento público del sindicato.
Hasta el momento, las autoridades de Primaria no han respondido la solicitud de generar una instancia de diálogo. “Si la administración no entiende que esto es parte de la medida sindical, genera un conflicto de enormes proporciones, porque se mete en los derechos a agremiarnos y a tomar medidas”, esgrimió Larraya. Por último, subrayó que luego de finalizadas las vacaciones de setiembre, se consultará escuela por escuela y en asamblea general si, llegado el caso de que en el veredicto final continúe la tipificación de violación a la laicidad, están de acuerdo con rechazar la resolución a través de la medida de paro.