La Educación Social sin norte

La formación de profesionales de la Educación Social en el marco del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se viene desarrollando desde 2011, con el objetivo claro de llegar a distintos puntos del país y democratizar el acceso a la disciplina. En estos años se habilitó la apertura de la carrera con criterios diversos, en los departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera y Treinta y Tres.

En 2016 se decidió, por parte del CFE, que los institutos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Paysandú contarían con una oferta permanente de la formación en Educación Social y que alternara su apertura en otras localidades. En ese año no hubo nuevas inscripciones en Artigas y Treinta y Tres y la carrera comenzó a desarrollarse en el departamento de Rivera, donde se inscribieron tres cohortes (2016, 2017 y 2018). En 2019 se comenzó a ofrecer la formación en el departamento de Colonia (Centro Regional de Profesores Suroeste) por dos cohortes (2019 y 2020).

A partir del cambio de gobierno, en 2020, el desarrollo a nivel territorial y de apertura de campo profesional se vio estancado primero y con claros retrocesos después. En estos años no hubo aperturas en nuevos territorios, por lo que la oferta quedó restringida únicamente a aquellos institutos (Canelones, Maldonado, Montevideo y Paysandú) en los que se había decidido contar con una oferta de carácter permanente. A su vez, ello generó la posibilidad de radicación de efectividades docentes a partir del concurso desarrollado en 2019.

De esa forma, la Educación Social pasó a ser una formación de carácter “secundario”, en conjunto con la carrera de Maestro de Primera Infancia y algunas especialidades de Maestro y Profesor Técnico, las que han ido quedando relegadas de las decisiones estratégicas y de desarrollo de la formación en educación¹.

Desde el Instituto Académico de Educación Social (IAES) y en conjunto con la Comisión Nacional de Carrera de Educación Social (órgano que cuenta con participación de estudiantes, docentes y egresados) se elevaron varios documentos al CFE. Allí se plantearon distintos escenarios de desarrollo de la carrera, apuntando a, por lo menos, contar con una oferta formativa en cada región definida por la ANEP, incluso proponiendo la posibilidad de un proyecto piloto semipresencial en alguna de ellas. Si bien no hay informes negativos al respecto, tampoco se planteó un rumbo preciso en todos estos años. Existen solicitudes de apertura en distintos territorios que no han sido tomados en cuenta y solicitudes de reapertura en Colonia y Rivera que tampoco han tenido lugar.

Lejos de abrir la posibilidad de estudio de esta formación en nuevos territorios, democratizando el acceso sobre todo en los lugares donde la realidad social más lo necesita, vemos reducida la formación al mínimo.

Hoy asistimos a la no apertura a inscripciones para primer año en el Departamento de Paysandú, lo que deja a todo el norte del río Negro sin oferta formativa en Educación Social. A su vez, tampoco existie ninguna propuesta de apertura en otros territorios, lo que claramente redunda en un recorte de la oferta educativa y las posibilidades de acceso a la formación en educación en todo un territorio.

Esta decisión parte de una única opinión, la dirección del Instituto de Formación Docente (IFD) de Paysandú, que por motivos que no se terminan de establecer decidió no abrir a inscripciones y el CFE lo avaló. El día 24 de octubre, las consejeras designadas políticamente y sin la presencia del presidente del CFE informaron a las y los estudiantes que efectivamente no se abriría la inscripción de nuevos estudiantes para el primer año de Educación Social en 2025, haciendo lugar a la “contrapropuesta” planteada por la dirección del IFD.

Si bien en la oferta educativa inicial para el primer año de Carrera en 2025 estaba prevista en el preventivo, a “contrapropuesta de la dirección del Instituto”, el CFE modificó su definición inicial. Queda claro, entonces, que no hay razones presupuestales ni es una estrategia de desarrollo, pues el CFE no había manejado esa posibilidad en su oferta inicial.

Si bien desconocemos la resolución formal, el acta del CFE que lo avala o el considerando que lo establece, esta decisión es un hecho, ya que los grupos de primer año fueron eliminados del Sistema de Gestión Estudiantil (SGE) para el año próximo.

Desde la asunción de este gobierno de la educación y en el marco del discurso de la Transformación Educativa siempre estuvo presente el objetivo de fortalecer los equipos de dirección. Esta premisa llega a su máxima expresión cuando la opinión de una directora deja sin acceso a la formación a un territorio entero, en contra de la opinión de docentes, de estudiantes, del respectivo instituto académico, de la comunidad educativa y de todos los informes que el CFE tuvo a su disposición en estos años. Este accionar, más que el fortalecimiento de los equipos de dirección pareciera instalar autarquía en las direcciones de los centros de formación, en tanto su única opinión y, aunque infundada, aparece como suficiente para marcar el rumbo de una formación.

En ningún caso la comunidad educativa -estudiantes y docentes- ha accedido a una propuesta sólida para la formación y las comunicaciones al respecto, solamente se esbozaron en algunas situaciones puntuales en las que han primado apreciaciones personales sobre el rumbo de la carrera.

Esta última definición, tomada por parte de la dirección del IFD de Paysandú, ha sido uno de los tantos agravios realizados hacia la formación de educadoras y educadores sociales. Desde la actual dirección del IFD se ha procedido a actuar con absoluta discrecionalidad en la toma de decisiones al respecto de la formación en Educación Social, en las que ha desconocido a la estructura académica, aspectos normativos y académicos, entre los que podemos mencionar:

1- La división de horas de las unidades curriculares correspondientes al Departamento de Prácticas Educativo Sociales y la organización de los horarios de la formación en general sin argumento alguno. Perjudicando el desarrollo de las prácticas pre profesionales.

2- La intervención en los tribunales de evaluación de las monografías de egreso, prohibiendo la participación de docentes de manera remota cuando había fundadas razones para hacerlo y el reglamento vigente lo ampara y existen hoy los medios tecnológicos para que la virtualidad sea una instancia posible.

3- La asignación de horas a una docente que no figura en ninguno de los listados emergidos del concurso de oposición y méritos para adquirir carácter efectivo en docencia directa realizado en 2019, ni en las listas prorrogadas de los llamados a aspiraciones ni en la de los llamados abreviados realizados para el Departamento de Prácticas Educativo Sociales o las unidades curriculares que lo componen. Esto fue autorizado “por vía de excepción y sin que siente precedente” por parte del CFE, cuando había otras posibilidades ajustadas a procedimientos que el propio CFE establece y que son acordes a lo establecido en el Estatuto del Funcionario Docente (Ordenanza Nº 45).

4- Cuando la Sala Nacional de Docentes del Departamento de Prácticas Educativo Sociales señaló la irregularidad, solicitó se investigue por suposición de asociación para cometer acoso laboral. Se solicitó la actuación de la División Jurídica del CFE, judicializando un reclamo legítimo.

5- La realización de un llamado abreviado que atentó contra lo específico de las áreas de conocimiento que se ponen en juego en las diversas unidades curriculares y, por ende, desdibujó aspectos centrales de la propuesta formativa. Se llamó con las mismas bases y requisitos a tres departamentos académicos distintos, lo que implica el desconocimiento de los perfiles docentes que el propio CFE tiene aprobados.

6- La convocatoria a la conformación de un tribunal que evaluara las postulaciones para dicho llamado abreviado para la formación desconoció lo establecido en el Reglamento para la realización de llamados abreviados aprobado por el CFE en el Acta 45, Resolución N° 32, del 16 de diciembre de 2020.

En función de lo dicho, entendemos que la resolución tomada, además de infundada, es parte de un accionar desarrollado por la dirección del IFD de Paysandú con el aval de los consejeros políticos del CFE, que no sólo afecta a la formación en Educación Social en el departamento, sino a nivel país. Una definición que no tiene un rumbo claro, que no forma parte de una planificación estratégica, que no cuenta con fundamentos sólidos y que, en definitiva, se sustenta simplemente en la apreciación personal de una funcionaria.

Los autores son educadores sociales y firman en representación de la Sala docente de los Departamentos Académicos de Prácticas Educativo Sociales y Pedagogía Social del CFE.