Crysol pide la renuncia del director general de la UTU por “desacato” en colocación de placa en sitio de memoria de Malvín Norte

La organización Crysol, integrada por ex presas y presos políticos durante la última dictadura, dirigió una carta a la presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Virginia Cáceres, en la que solicita la renuncia del director general de la UTU, Juan Pereyra.

Como la dirección general de la UTU depende del Codicen, Crysol entiende que el jerarca incurrió en “desacato” por “impedir” la colocación de una placa alusiva en la escuela técnica de Malvín Norte, donde entre 1968 y 1978 funcionó un centro de reclusión de adolescentes que se oponían al autoritarismo.

Tras una resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, la colocación de la placa fue definida por el máximo organismo de decisión de la ANEP, que mandató al jerarca a la coordinación de acciones para concretar la medida. Sin embargo, tras ver el texto que se vería en el centro educativo, a Pereyra le surgieron “dudas”, por lo que encargó un informe a jurídica de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, que no llegó a tiempo para la fecha prevista para la colocación de la placa, el 13 de abril.

En la nota, cuyo contenido también fue difundido en forma de comunicado público, Crysol también apunta contra declaraciones públicas de Pereyra que consideran “impropias de un funcionario sometido a leyes y jerarquías”. Por ejemplo, el jerarca dijo en los días previos al 13 de abril que el texto de la placa era “muy fuerte” para que sea exhibido en un centro educativo y, al mismo tiempo, puso en duda la veracidad de su contenido. En ese sentido, la organización de derechos humanos advierte que el director general de la UTU “ha priorizado sus convicciones personales, anteponiéndolas a sus obligaciones funcionales en un Estado democrático republicano”.

“Por sí y ante sí, ha decidido impedir la colocación de una placa de memoria en el lugar en que, en su momento, funcionaba el Instituto Álvarez Cortés como centro de reclusión para niños y adolescentes varones que eran privados de su libertad de manera ilegítima e ilegal por realizar o participar en acciones en defensa de la libertad y la institucionalidad democrática en el período anterior a la dictadura y durante ella misma”, plantea la carta.