Luego de rechazar los cambios que realizó el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a la versión preliminar del programa de Historia de primero de bachillerato, la asociación de profesores de dicha asignatura volvió a expedirse públicamente sobre el tema. Lo hizo después de conocer la respuesta del organismo a un pedido de informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre la exclusión del término “terrorismo de Estado” en la versión final votada por el Codicen.

Según la respuesta de la ANEP, el mencionado programa “tiene un eje central consistente en el estudio disciplinar de la evolución y circunstancias en que estuvieron comprometidos, en riesgo o siendo violados, los derechos humanos, en diferentes contextos y períodos, pudiéndose por esa razón considerar el empleo del término terrorismo de Estado si los casos de estudio y los contextos de aprendizaje de los estudiantes así lo indicaran”. En adición, se aclara que la utilización de dicho concepto no está prohibida.

Sobre la acusación de que la definición tomada por la mayoría del Codicen contradice los hallazgos de la investigación académica en torno al tema, la ANEP argumentó que el docente, en este caso de Historia, “realiza una síntesis específica, compleja y situada en su planificación anual y el desarrollo del curso con el propósito de cumplir sus cometidos como formador integral de personas y ciudadanos de niveles de educación media y media superior (no como investigador en Historia)”. En suma, se afirma que dicha síntesis “no es mecánica ni una réplica o copia de lo que ocurre en la academia, ni es impuesta por el Estado o las corporaciones”.

Al respecto, se agrega que “los contextos y situaciones de aula y centro educativo condicionan la selección de subtemas y ejemplos a tratar” en clase, que deben tener en cuenta “las directrices (competenciales) de la autoridad institucional legítima”. En tanto, el ente argumenta que los programas elaborados en el marco de la Transformación Curricular “tienen un sentido orientado al pensamiento crítico, plural y antidogmático con el fin de promover instrumentos de sana crítica en el aula, bien de categorías, obras, documentos o autores, permitiendo al estudiante en su ejercicio diario la formación libre de la conciencia (incluyendo la libertad de pensamiento) y la vigilancia epistemológica acerca de cualquier modo y procedencia de fanatismo, intolerancia, imposición doctrinaria o forma de proselitismo o fundamentalismo”.

A modo de conclusión, se plantea que “la decisión a propósito de introducir o no un término (terrorismo de Estado, por ejemplo) en el estudio de un tema está directamente relacionada con los resultados de los diagnósticos sobre aprendizajes, las metas alcanzadas en los distintos desarrollos temáticos anteriores o paralelos, y sobre todo con la adecuación contextual de la propuesta de planificación anual del educador con el fin de proponer aprendizajes plurales, diversos, profundos y significativos”.

Asociación de profesores de Historia entiende que la ANEP no fundamentó la eliminación del término

La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) mostró su disconformidad con la respuesta de la ANEP, en particular por la “ausencia de fundamentos” sobre la eliminación del concepto terrorismo de Estado. En la respuesta a la INDDHH, el ente de educación negó haber eliminado el mencionado concepto, ya que no es mencionado en los programas anteriores a la Transformación Curricular. Al respecto, la APHU recuerda que el concepto fue suprimido respecto a una versión preliminar del programa de Historia de primero de bachillerato, que había sido elaborado por docentes que proponían incluirlo. En ese sentido, la asociación de profesores lamenta que en la respuesta no se incluya ninguna fundamentación sobre por qué no se consideró adecuada su inclusión.

Además, el colectivo entiende que la explicación que dio la ANEP “carece de peso argumental”: “¿Por qué su ausencia en el pasado justificaría su eliminación en el presente?”, se preguntan. De todas formas, afirman que los programas del plan Reformulación 2006 no hablan de terrorismo de Estado a causa del “retraso que ha caracterizado a nuestro país en materia de revisión histórica de la dictadura”.

Respecto a ese tema, aclaran que la inclusión de un término de ese tipo “sólo puede hacerse cuando se ha realizado una cuidadosa revisión documental que pruebe de manera fehaciente la existencia de prácticas criminales llevadas a cabo de manera sistemática por agentes del Estado actuando como tales y en cumplimiento de órdenes impartidas por sus mandos, o por civiles actuando con su apoyo y aprobación”. La APHU afirma que ello “sólo pudo demostrarse” en 2007, cuando desde Presidencia de la República se publicó el informe “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos en cumplimiento del artículo 4° de la Ley 15.848”, elaborado por los historiadores Gerardo Caetano, Álvaro Rico y José Pedro Barrán.

La asociación también cuestiona que “en reiteradas ocasiones” la respuesta de la ANEP “hace referencia a la intención de no imponer una categoría en particular, o evitar dogmatismos y anacronismos, como presunto justificativo para la eliminación del concepto de terrorismo de Estado”. Al respecto, los profesores consideran llamativo “que no se aplique el mismo criterio para otros conceptos incluidos en el programa, poseedores de un abanico significativamente mayor de disputas y discusiones, que parecen no atraer similar celo ni interés”.

Por todo ello, la APHU expresó su “profunda preocupación” por la respuesta enviada por la ANEP a la INDDHH, a la que pudieron acceder a instancias del consejero docente Julián Mazzoni. La asociación argumenta que “las dictaduras de la seguridad nacional que afectaron al Cono Sur de América Latina utilizaron el poder del Estado para desplegar sus prácticas criminales sobre toda la población”, algo “evidente en toda la documentación ahora disponible”, y sobre lo que “no es posible imaginar ‘pluralidad de visiones’”. “Las víctimas que vieron coartadas sus libertades y cercenados sus derechos estaban en todos los ámbitos de la sociedad; en consecuencia, esta asociación entiende que la decisión de eliminar la referencia a acontecimientos tan trágicos para el colectivo social no puede ampararse en discutibles apelaciones a la defensa del pluralismo o de la laicidad”, concluyen.