Desde que Nilia Viscardi asumió como directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se abocó a generar un equipo para cambiar el enfoque de trabajo en relación al gobierno anterior. En esta área de trabajo, la actual administración colocó un importante foco en la convivencia y la participación e incluye el abordaje de temáticas como la educación sexual integral, antirracismo y pedagogía de la memoria.
En diálogo con la diaria, Viscardi señaló que en los últimos cinco años la dirección que ahora lidera se dedicó principalmente a la redacción de protocolos y a la participación en distintas comisiones, tanto dentro como fuera de ANEP. En ese sentido, planteó que en el pasado período de gobierno el trabajo “se redujo muchísimo” a partir de una concepción que “confunde los derechos humanos con la ley”. Al respecto, agregó que la idea que las anteriores autoridades tenían de trabajar la convivencia era “que los niños y adolescentes se comprometan con no ser violentos y resuelvan ellos la violencia”.
Viscardi señaló que, desde esa perspectiva, se redujo mucho el equipo de trabajo de la dirección, y por ello uno de los principales desafíos fue su recomposición y, al mismo tiempo, dotarlo de más gente que pueda desarrollar los planes y acciones en los centros educativos y sus territorios. Para ello, serán clave los recursos que esta línea de trabajo reciba en la ley de presupuesto para todo el quinquenio, actualmente a estudio del Parlamento.
En particular, la línea de trabajo que se propone potenciar la participación en todo el sistema educativo público será desarrollada a través de un mecanismo participativo. Para ello, recientemente la ANEP instaló una Comisión de Convivencia y Participación, en la que están representados estudiantes de primaria, educación media y formación docente.
Más allá de ese espacio, Viscardi marcó que desde la Dirección de Derechos Humanos se dará importancia a los consejos de participación que, de acuerdo con la Ley General de Educación, deben instalarse en todos los centros educativos públicos. Según valoró la jerarca, su puesta en marcha ha estado marcada por dificultades y, en ese sentido, “no han favorecido estrictamente una participación de todos los actores y mucho menos la de los adolescentes y los niños”. De todas formas, la directora señaló que desde la ANEP se apunta a trabajar en conjunto con los gobiernos locales y en particular con los municipios y con otros actores de la sociedad, de forma de “salir de los muros de la escuela”.
Nilia Viscardi (archivo, marzo de 2023).
Foto: Alessandro Maradei
Hoja de ruta hacia un plan de convivencia y participación
En este marco, la Dirección de Derechos Humanos, que el año que viene cumplirá 20 años, elaboró una hoja de ruta de cara a la generación de un plan de convivencia y participación en el organismo. Esta dirección en los últimos años ha estado muy vinculada al abordaje de distintas manifestaciones de la violencia escolar y, si bien las actuales autoridades buscan ampliar el alcance del trabajo, la hoja de ruta incluye como una de las líneas de acción la prevención de la violencia. Para ello, se plantean algunas acciones, como atender la seguridad de los estudiantes en el camino al centro educativo, la revisión normativa y combatir la violencia y acoso en el ámbito educativo, además de capacitar a trabajadores en estas temáticas.
Otro de los ejes apunta a la promoción de derechos e incluye acciones como el mencionado fomento a la participación en clave comunitaria, la generación de conocimiento en los propios centros educativos a través de la investigación académica o la conformación de “juntas de aula”, entre otras. Según se especifica en el documento, las juntas “constituyen un espacio democrático de participación colectiva donde todos los estudiantes tienen derecho a expresar sus ideas, escuchar a sus compañeros y colaborar en la toma de decisiones que favorezcan la convivencia y el aprendizaje.
Humanización de los conflictos y evitar judicialización y patologización
Según planteó Viscardi, la hoja de ruta “anticipa la elaboración de un plan nacional de convivencia y participación”, que apuntan a que esté operativo en 2026.
Al respecto, adelantó que las líneas de acción que se promueven desde la dirección marcarán la importancia de “la humanización en el tratamiento del conflicto”, lo que definió como “un homenaje” al psicoanalista recientemente fallecido Marcelo Viñar, quien trabajó en esa línea dentro de ANEP hace varios años. Según definió, este eje consiste en “poner en primera instancia el encuentro y el diálogo con los actores”, ya que, ante un conflicto, “es necesario hablar, encontrarse, comprender qué pasó y sostener un espacio de relaciones discursivas cara a cara ante el conflicto”. “Esto es una acción pedagógica y es una acción de política que da muchísimo trabajo”, resumió.
Viscardi también habló de que se buscará evitar repetir “algunas tendencias que están presentes en la sociedad”, como la “judicialización de los conflictos”. “Se piden protocolos para todo, pero ANEP tiene más de 2.500 instituciones y ningún protocolo puede resumir una situación concreta”, sostuvo. En ese sentido, planteó que si bien “la gente se siente segura con los protocolos, desde el punto de vista pedagógico, los protocolos, en general, reducen el diálogo”. Por tanto, la jerarca sostuvo que este tipo de enfoques más jurídicos generan respuestas “excluyentes”; “si son inevitables, son inevitables, pero no es lo que queremos promover”, resumió.
En segundo lugar, dijo que se apuntará a salir de “la patologización”, entendida como “la tendencia a derivar a los conflictos a diagnósticos psicológicos”. Al respecto, sostuvo que este tipo de diagnósticos son importantes en tanto “respeten la singularidad de la situación de los sujetos”. Además, consideró que, incluso cumpliendo con ese requisito, “el tipo de diagnósticos psicológicos que se necesitan están en el ámbito de la psicología social”. “Las instituciones responden a fenómenos sociales y la respuesta del diagnóstico psicológico individual en general va más hacia el lado de un diagnóstico que patologiza a un sujeto y lo deja afuera”, añadió.
La directora de Derechos Humanos planteó que uno de los objetivos marcados en el plan será la revisión de “todas las normativas” que tiene ANEP en relación a estos temas, que, según analizó, “siguen muy ancladas en visiones de los años 90” del siglo pasado. Según valoró, este tipo de perspectivas suelen llevar “a la criminalización”, y “con los escasos recursos que hay muy pocas veces conducen a la mediación y a la recomposición” de los vínculos. “No es lo mismo decir que hay que trabajar para promover la salud mental desde herramientas colectivas que decir estas personas tienen problemas de salud mental y no pueden estar en el centro educativo”, concluyó.
La desigualdad y lo mediático
Según la socióloga, a la hora de pensar en intervenciones desde el enfoque propuesto, es necesario tener en cuenta que “la desigualdad social y la fragmentación territorial han calado en los últimos 20 años y siguen siendo un problema” del que “mayormente se hace cargo ANEP”. En ese sentido, planteó que en el territorio “siguen existiendo personas que no tienen techo, adolescentes embarazadas, niños y jóvenes carentes de derechos”. Según dijo, estas “comunidades atravesadas por violencias de muchos años” ahora “conviven con nuevas dinámicas de violencia muy cortas”, como las que se generan en las redes sociales y los medios de comunicación, que en general “acentúan el conflicto”.
“Hay lógicas mediáticas por las cuales no interesan las imágenes que tienden a la integración”, ya que, por el contrario, las imágenes que más circulan son aquellas “vinculadas a violencia, golpes y gritos”. “Sí, hay violencia y mucha en los centros educativos. Pero es difícil deshacer el trabajo mediático por el cual los éxitos educativos, los proyectos de convivencia y participación que funcionan, las personas que se sienten integradas, los grupos de amigos tengan visibilidad a nivel mediático”, lamentó.
En los últimos años, además, se ha introducido una dinámica propia de las redes sociales y las redes de mensajería en las que muchas veces no sólo se difunden situaciones de violencia, sino que también se organizan. Al respecto, habló de la existencia de “grupos que utilizan jóvenes que se contactan y conocen a través del liceo, en las que no quieren que haya adultos, para insultarse y denunciarse con mayor facilidad”. “Una vez que esa dinámica conflictiva muy acentuada por el fenómeno de redes llega al espacio de copresencia, muchas veces llega bajo la forma de una guerra”, relató.
En este contexto, desde la dirección de ANEP se plantean generar campañas de comunicación para promover la necesidad de vínculos sanos en la presencialidad, como la que recientemente lanzaron con Unesco.
Acoso escolar desde una perspectiva que considera que niños y adolescentes violentos pueden ser sujetos vulnerados
La jerarca señaló que las denuncias que llegan a la Dirección de Derechos Humanos de ANEP registra un cierto incremento y son unas 30 en el año. Según contó Viscardi, las denuncias son “de todo tipo y color”, y son presentadas tanto por docentes como por estudiantes o familias. La directora señaló que ello es esperable “en el contexto de violencia social que existe”, y definió las denuncias como “búsquedas de respuestas ante la institución”.
Por ejemplo, planteó que un tema que se repite son las denuncias ante casos de niños que tienen algún tipo de diagnóstico por neurodivergencias y por ello “agreden o tienen conductas disruptivas”. Viscardi señaló que los reclamos apuntan a “sacar” a esos niños del centro educativo y aseguró que es un tema que deberá estudiar la dirección, de forma de tener claro cómo actuar.
El acoso escolar será específicamente atendido en el plan que se propone llevar adelante la dirección y, de hecho, obtuvo recursos incrementales en la votación del proyecto de ley de presupuesto quinquenal en Diputados. Al respecto, Viscardi aclaró que el tema es mirado “desde la perspectiva de los derechos de niños y adolescentes”, lo que implica reconocer que “a veces los sujetos violentos hacia otros son los sujetos vulnerables, que dan cuenta de otras dinámicas que siempre son responsabilidad de las instituciones y de los adultos”. Por ello, el plan también abordará otros temas complejos, como la explotación sexual y el trabajo infantil, la informalidad laboral, la violencia de género y las masculinidades violentas.
En un plano similar, habló de que muchas veces quienes están implicados en los conflictos son “adultos vulnerables que están a cargo de niños vulnerables” y, por tanto, también debe apuntar a cambiar su situación. “Son mayores de edad, pero que viven muchas situaciones de vulnerabilidad y tienen dificultades para sostener los cuidados, la maternidad o la paternidad, y requieren estructuras de cuidado a nivel de soportes económicos, culturales, de tiempo, de higiene, de espacio que muchas veces los adultos no tienen”, esbozó.
“Es inaceptable la violencia hacia un otro, es inaceptable la violencia en los centros educativos, pero desde la Dirección de Derechos Humanos tenemos un espacio en el cual trabajamos la dimensión compleja de la convivencia y la participación para dar voz y permitir la expresión”, sostuvo.
Con relación a los recursos para llevar adelante las acciones propuestas, la directora señaló que actualmente son pocos y por ello piden un incremento, aunque es consciente de que será difícil lograrlo. Al respecto, planteó que en Uruguay “no hay una cultura de fortalecimiento económico de los organismos de promoción de los derechos humanos”, porque es una novedad desarrollar pedagogías de la memoria, pedagogías de aula contra la discriminación y la convivencia, sostener mediciones, registros, trabajar en el territorio cara a cara.