La conformación de equipos multidisciplinarios en los liceos públicos es un reclamo histórico del sindicato docente, que a partir de la pandemia también comenzó a instalarse entre los primeros lugares de las reivindicaciones de los gremios estudiantiles. En 2023 la diaria informó que en la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) trabajan un total de 163 psicólogos y trabajadores sociales, lo que implica que deben atender 308 centros educativos y una matrícula que supera los 220.000 estudiantes, relación numérica que se mantiene incambiada hasta la actualidad.

A la creciente complejidad de las situaciones que deben abordar a diario se suma una situación laboral que los profesionales consideran “precarias”. Por ello, luego de varios años de intentar sin éxito que sus planteos sean atendidos por las autoridades y tomados como prioridad por la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria (ATES), sindicato que los nuclea, definieron hacer públicas sus reivindicaciones.

En un comunicado del colectivo de profesionales, compuesto mayormente por psicólogos, que son los que tienen más presencia en los liceos públicos, señalan la necesidad de “percibir un salario digno” que esté equiparado al personal técnico dentro de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de los profesionales de la psicología y el trabajo social que se desempeñan en otros organismos del Estado. De hecho, en la nota marcan que sus salarios están equiparados en grado escalafonario a los de la escala de secretarios, administrativos y auxiliares de servicio de la DGES, que se encuentran “muy alejados de los de un profesional con especialización”.

En diálogo con la diaria, Natalia Luraschi, Estela Vicente y Mónica Krudo, voceras del colectivo, señalaron que, más allá de los respectivos ajustes por inflación, desde 2008 a la fecha los profesionales de los equipos multidisciplinarios no tienen aumento salarial, a diferencia de lo que ha ocurrido dentro de la propia ANEP. En ese sentido, marcaron que no está dispuesto que los integrantes de estos equipos perciban un aumento salarial por antigüedad cada cuatro años ni ninguna prima por ese concepto, como ocurre con otros funcionarios del ente. Ello hace que alguien que recién ingresa a la función perciba el mismo salario que otro profesional que trabaja en los liceos desde hace 15 años.

A ello se suma que tampoco reciben ningún tipo de compensación por su trabajo, como sí cobran otros profesionales que dentro de ANEP realizan tareas fuera de su espacio laboral. En ese sentido, relataron que es frecuente que los psicólogos y trabajadores sociales tengan que acompañar a los estudiantes en instituciones de salud, juzgados y otros espacios. Según la carta, el colectivo de profesionales reclama cobrar “un sueldo similar al del Escalafón Profesional Especializado, más una compensación extraordinaria del 40% por funciones especiales en los liceos”.

Al respecto, las voceras plantearon que los psicólogos y trabajadores sociales están en el grado 10 del escalafón de funcionarios no docentes de la DGES, que va hasta el grado 16, en el que hay otros profesionales especializados. Pese a que los integrantes de los equipos multidisciplinarios accedieron a sus cargos a través de concursos de oposición y méritos, nunca se han generado condiciones para que asciendan de grado.

Según plantean, esta situación hace que sea difícil mantener a los técnicos trabajando en los liceos públicos, ya que a menudo encuentran mejores condiciones laborales en otros organismos. En el caso de quienes se han mantenido trabajando en los liceos públicos, lo que predomina es la sensación de que su trabajo no es adecuadamente valorado.

Entre otros reclamos, también marcan que, a diferencia de lo que ocurre con el personal docente de la ANEP, a los integrantes de los equipos multidisciplinarios no se les computa un año extra cada seis trabajados cuando van a tramitar la jubilación, ni tampoco perciben un pago diferencial de acuerdo al contexto o tamaño del liceo, como sí ocurre con algunos roles docentes.

El trabajo de los profesionales en los liceos y su creciente complejidad

Las voceras señalaron que el trabajo que realizan los profesionales ha ido acompañando el desarrollo de las políticas educativas y, al mismo tiempo, la complejización de las dinámicas sociales en muchos territorios. En ese sentido, marcaron que disfrutan del trabajo con adolescentes, con docentes y sus familias, que también entienden sumamente necesario, y por ello están pidiendo mejores condiciones laborales.

Al respecto, señalaron que en los últimos meses del gobierno anterior se incorporaron más psicólogos a Secundaria, pero en una modalidad distinta. En vez de quedar asignados a un único centro educativo, debieron repartir sus horas en dos liceos, lo que hace que el trabajo que puede realizarse sea todavía más superficial. En general, estos profesionales tienen una carga horaria semanal de 30 horas, lo que implicaba que quienes tenían dos liceos a cargo tuvieran que repartirse entre ambas instituciones. No obstante, según dijeron las voceras, recientemente se logró que en esos casos los profesionales aumenten su carga a 40 horas, lo que, de todas formas, implica menos horas de psicólogos para el centro educativo. Además, mencionaron el caso de la reciente conformación de cargos de psicólogos regionales, que tienen bajo su órbita varios liceos, situación que se da sobre todo en el interior.

Respecto al trabajo que realizan, Luraschi resumió que se trata de un rol profesional “articulador” a nivel de lo que ocurre en el centro educativo, tanto a su interna como en el vínculo con el entorno territorial y las familias de los estudiantes. Según ilustró, los casos que abordan son diversos e incluyen violencia intrafamiliar, abuso sexual, intentos de autoeliminación, ataques de ansiedad, casos de inclusión de estudiantes con distintas discapacidades y situaciones de precariedad socioeconómica, entre otros.

En ese sentido, señaló que la relación más habitual es la de un profesional de la psicología en liceos que tienen en el entorno de 1.000 estudiantes. Al respecto, dijo que lo más frecuente es que haya sólo un psicólogo para trabajar en equipo con un profesor orientador pedagógico, con un referente de educación sexual y con los equipos de dirección y adscripción, pero sólo hay un par de centros educativos de la DGES que tienen un trabajador social, lo que da al equipo otras posibilidades de abordaje socioeducativo.

La profesional marcó que los psicólogos aspiran a trabajar en procesos que puedan sostenerse mínimamente en el tiempo y que, a diferencia de lo que ocurre en Primaria, donde el equipo de Escuelas Disfrutables tiene asignados territorios con varios centros educativos de referencia, en Secundaria los profesionales permanecen en los liceos. “No es que vamos a una emergencia, la atendemos y nos vamos, no trabajamos así”, advirtió Luraschi, quien aclaró que a veces en Secundaria se cae en esa dinámica, sobre todo cuando “no hay otra forma pensada de trabajo que contemple los procesos” que pretenden realizar los profesionales.

En ese sentido, las voceras marcaron que “no ha funcionado” cuando se llama a los psicólogos para que, ante un hecho de violencia en un liceo, realicen un abordaje de un par de días y luego se retiren del territorio. Vicente señaló que el trabajo en red con otras instituciones públicas y organizaciones sociales es clave para atender las situaciones que se plantean a diario en los centros educativos, pero es difícil de sostener con las condiciones laborales actuales.

Instituciones de salud mental “saturadas” y la dificultad para derivaciones

Si bien las distintas autoridades que han pasado por el sistema educativo en las últimas décadas siempre han planteado la importancia del trabajo de los equipos multidisciplinarios, desde el colectivo observan un “doble discurso”, ya que luego no se materializa a nivel de las condiciones de trabajo. En primera instancia, marcaron que, salvo en 2008, no han logrado que ATES tome sus reivindicaciones como prioritarias y, más allá de eso, en reuniones que han mantenido con distintas autoridades de turno, les han denegado los pedidos bajo el argumento de que hay trabajadores dentro de ANEP que están en una peor situación.

Las voceras señalaron que ese argumento “es lamentable” y que es necesario tener en cuenta que son “los únicos profesionales de la salud mental” que trabajan en los centros educativos. Si bien muchas veces desde el sistema político también se ha marcado que una vía para mejorar la capacidad de atención de los adolescentes es lograr una mejor articulación con el sistema de salud, desde el colectivo plantearon lo dificultoso que es lograr una atención adecuada en instituciones tanto públicas como privadas.

Al respecto, Krudo consideró que la poca prioridad que se le da a la salud mental en el sistema educativo tiene su correlato en las instituciones de salud. En ese sentido, señaló que en las mutualistas no hay psicólogos de guardia 24 horas, por lo que tienen que esperar días o incluso meses para ser atendidos ante situaciones que requieren una rápida intervención. Además, las voceras señalaron que muchas veces son derivados a psiquiatras. De hecho, en algunos casos la única vía de atención rápida de ese tipo de emergentes son los hospitales que cuentan con psiquiatra de emergencia, o el propio hospital Vilardebó, para mayores de 15 años. No obstante, las voceras marcaron que en esos casos un profesional de la salud medica al estudiante y lo ve en una próxima consulta para la que nuevamente hay que esperar varios meses.

Las profesionales marcaron que terminan buscando espacios de derivación en servicios que brindan otros actores como la Facultad de Psicología, pero que también están desbordados. En todos los casos, las psicólogas de los liceos son quienes luego reciben a los estudiantes y los acompañan, ya que deben seguir asistiendo a clases, muchas veces sin que les haya sido indicado un tratamiento. “Nosotras ofrecemos el espacio de escucha y de atención, pero no puede ser que surja porque no hay donde tiene que haber, porque ahí empezamos a tapar agujeros y eso es lo que no está bueno. No está pensado que hagamos una terapia en el liceo, porque no están las condiciones dadas para eso”, señaló Luraschi.

Además, las psicólogas marcaron que en esos casos se inicia un proceso con los estudiantes y con sus familias que luego es difícil de trasladar a otros profesionales, cuando llega el turno de atención. En ese sentido, plantearon que, a causa de que las instituciones de salud están “desbordadas”, las derivaciones son difíciles de concretar, principalmente por la falta de profesionales de la salud mental que atiendan a los adolescentes de forma integral y con cierta frecuencia semanal.

Precisamente, las voceras plantearon que el enfoque integral con el que trabajan en los liceos incluye el abordaje con las familias, con los docentes y demás estudiantes del liceo, de forma que se garantice la integración de quienes están viviendo algún problema, y también a nivel comunitario, por ejemplo, promoviendo su participación en actividades deportivas o culturales. Al respecto, también realizan derivaciones de los adultos del núcleo familiar, por ejemplo, para acceder a prestaciones sociales o para que reciban asesoramiento laboral y, en ese sentido, durante el gobierno anterior notaron la retirada de muchos servicios de atención de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social.

Antes y después de la pandemia

Krudo marcó que, sobre todo después de la llegada de la pandemia a Uruguay y el pasaje a la virtualidad en los centros educativos, es frecuente encontrar a adolescentes cada vez más afectados por la soledad. “Cada año tenemos más chicos que están medicados, ataques de pánico todo el tiempo, problemas de depresión, como que no salen de la depresión. Les cuesta vincularse, les cuesta todo lo que sea en grupo, se afectaron también los aprendizajes”, dijo la psicóloga con relación a los efectos más visibles en una generación que quedó marcada por el aislamiento. De la misma forma, Vicente apuntó que en los años pandémicos comenzaron a ser visibles muchas más situaciones de violencia intrafamiliar, justamente, en un período en que para cuidarse de la covid muchos niños y adolescentes quedaron expuestos a distintos tipos de violencia en sus propios hogares.

Como efecto de los años posteriores a la emergencia sanitaria, las voceras hablaron del creciente peso del narcotráfico en muchos territorios, que ha llevado a muchas familias a desarmarse, tanto por su participación directa en el crimen organizado como por el consumo problemático de sustancias. Según planteó Vicente, ello llevó a que muchos niños y adolescentes fueran derivados a centros del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, casos que también son acompañados por los equipos multidisciplinarios de los liceos.

“Nosotros estamos en el frente de batalla todos los días, amamos lo que hacemos, tratamos de construir desde el amor, pero también tenemos que llegar a fin de mes. Y también alguien tiene que cuidar de nuestra salud”, resumió Krudo sobre los planteos del colectivo, que reclama llegar a alguna instancia de negociación con las autoridades para que al menos parte de sus planteos sean atendidos.