Autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se reunieron con sus pares del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que funciona en la órbita del Ministerio del Interior (MI), con el objetivo de comenzar a delinear la estrategia para mejorar la alfabetización de la población carcelaria en Uruguay.

Según se informó desde el MEC, en la reunión, que tuvo lugar el viernes, participaron integrantes de la Dirección Nacional de Educación de la cartera, encabezada por Gabriel Quirici, que desde el gobierno anterior tiene a su cargo la coordinación de las acciones del sistema educativo en las cárceles. En ese sentido, desde 2021 el ministerio cuenta con un Programa Nacional de Educación en Cárceles, cuya responsable desde marzo es la comunicadora Gabriela Pasturino, quien hasta ahora era una de las principales referentes de la llegada de la Universidad de la República a muchos centros de reclusión.

Desde el MEC se trabaja en la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Educación en Cárceles que, entre sus puntos fuertes, incluirá la puesta en marcha de un plan de alfabetización. Según se apunta desde el ministerio, se trata de una de las 63 prioridades definidas por el actual gobierno para el quinquenio y para eso el MEC y el MI trabajan en la elaboración de un convenio que permita su desarrollo. Al respecto, el organismo aclaró que se espera llegar a unos 3.500 privados de libertad.

En el gobierno anterior la gestión del MEC hizo un relevamiento sobre el analfabetismo en las cárceles, con el financiamiento de una convocatoria de la Comisión Nacional Coreana para la Unesco. Ese estudio, cuyos resultados primarios se presentaron en 2023, encontró que 53,5% de los privados de libertad relevados son analfabetos, según la evaluación, que indagó en áreas como geometría, cálculo y resolución de situaciones, escritura, producción de textos escritos y comprensión lectora.

Dicho estudio también arrojó que 94,4% de los privados de libertad tenía interés en retomar sus estudios o empezar un nuevo ciclo educativo e indagó en sus motivaciones: 28,2% lo quería hacer por el aprendizaje, 22,6% por superación personal, 22,1% porque considera que le podría dar oportunidades de reinserción laboral, 7,7% por gusto e interés, y solamente 4,4% lo haría por la posibilidad de descontar tiempo de su pena.

Según informa el MEC en su página web, el modelo de detección de analfabetismo, que se había aplicado inicialmente en los ingresos de cuatro centros de reclusión, continuó su aplicación y llegó a abarcar todas las unidades del país. Según se afirma, “resulta necesario reforzar los procesos educativos mediante una currícula específica orientada a la alfabetización en lectoescritura, cálculo y resolución de situaciones”.

Incluso se afirma que el problema afecta también a quienes cursaron algún espacio educativo formal, pero, en cambio, “no poseen plenas habilidades y competencias para relacionarse con el mundo”, lo que “afecta su identidad y su interacción social”. “Asimismo, esta condición genera estigmas en la población, lo que trae repercusiones en sus entornos familiares y sociales, así como la imposibilidad de acceso a las políticas públicas”, se concluye.