La resolución de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) en la que se suprimen los tres cargos de inspección con mayor jerarquía, que habían sido creados en la administración anterior, generó una rápida respuesta a nivel parlamentario. El senador colorado y expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva firmó este martes una nota para convocar a las autoridades del organismo de forma urgente a la Comisión de Educación y Cultura de la cámara alta.

En la misma línea de lo que posteó días atrás en su cuenta de X, Silva dijo a la diaria que la resolución firmada por el director general del organismo, Manuel Oroño, y la secretaria general Reyna Torres es “ilegítima”. En primer lugar, planteó que los nombramientos de Laura Battagliese como inspectora general docente y de Maris Montes y Elsa Sosa como subinspectoras jefas no se realizaron en forma directa, como plantean las resoluciones de la DGES firmadas la semana pasada.

Según Silva, en todos esos casos se realizó el llamado a elección de horas correspondientes para ocupar los cargos de forma interina y, de hecho, hubo inspectores en condiciones de aspirar a dichos cargos que no lo hicieron. “Son inspectores efectivos que eligieron sus cargos por un año y para 2025 fueron ratificados como lo hace todos los años Secundaria; por eso quedaron estas tres personas”, dijo, en alusión a la resolución de diciembre del año pasado firmada por la extitular de la DGES Jenifer Cherro. Al respecto, dijo que dicha resolución se emite todos los años para ratificar a los inspectores en forma interina porque “desde hace muchos años no hay concursos” para los grados más altos del cuerpo inspectivo.

El senador consideró que las autoridades podrían haber suprimido los cargos de cara a 2026, pero no para 2025, ya que quienes fueron designadas tenían derechos adquiridos. Por lo tanto, concluyó que los derechos de las tres inspectoras fueron vulnerados.

El segundo problema que encontró el expresidente de la ANEP es que las tres inspectoras debieron haber retornado a sus cargos interinos, que eran de mayor grado que los que desempeñaban de forma efectiva. Al respecto, volvió a mencionar la situación de la exdirectora de Secundaria Ana Olivera, quien cuando dejó el cargo volvió al suyo inspectivo interino, en una resolución que firmó el propio Silva cuando asumió en la ANEP.

Como un problema adicional que se generará con la resolución, el legislador se preguntó qué pasará con los inspectores que habían sido nombrados en los cargos que ahora deben volver a ocupar Battagliese, Montes y Sosa. Según explicó, esos docentes deberán volver a sus cargos efectivos y, por tanto, desplazarán también a quienes los están ocupando, por lo que se generará un perjuicio en cascada para distintos funcionarios.

Además, Silva se refirió a “la parte humana” y dijo que las tres inspectoras cesadas “no fueron notificadas” formalmente de la resolución, sino que se enteraron una vez que la resolución se subió a la página web del organismo.

El senador habló también de algunas reacciones que generó la noticia en las redes sociales y, en particular, a dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria que celebraron la resolución haciendo alusión a que se trataba de “comisarias políticas”. Silva dijo que esa interpretación es “un grueso error”, ya que entre las docentes cesadas de manera “arbitraria e ilegítima” hay también afiliadas al sindicato.

Según indicó, hará las gestiones para que las autoridades de la DGES asistan a la sesión de la comisión del próximo lunes, en donde también realizará planteamientos sobre otras acciones del organismo que también le generan preocupación. “Creo que están actuando arbitrariamente, lesionando derechos y generando responsabilidad al organismo, pero eso se verá con el tiempo”, concluyó.