A fines de abril, el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y actual senador de la República por el Partido Colorado Robert Silva pidió convocar de manera urgente a las autoridades de Secundaria a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, luego de que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) resolviera suprimir los tres cargos de inspección con mayor jerarquía, que habían sido creados en la administración anterior.

De acuerdo con Silva, la resolución de la DGES es “ilegítima”. En ese marco, casi un mes más tarde, la comisión recibió a las autoridades de Secundaria para justificar lo resuelto y denegar la acusación del senador colorado.

En diálogo con la diaria, Sebastián Sabini, senador por el Frente Amplio (FA), resaltó que el púnico senador de la oposición presente en la sesión era Silva. “Hay que ver si esto es una convocatoria de toda la oposición o sólo de Silva; me queda la duda de qué piensa el resto de los legisladores que integran la comisión”, planteó.

En ese marco, esgrimió que parte de su preocupación es que “un legislador esté haciendo gestiones para terceros ante un ente autónomo, lo cual es inconstitucional”. De acuerdo con Sabini, “está bien debatir la política, pero no hacer gestiones individuales de terceros ante las autoridades de la educación”, más aún, dijo, siendo expresidente de la ANEP.

Puntualmente sobre las resoluciones de la DGES, Sabini señaló que “son absolutamente legítimas en el marco de la función de las nuevas autoridades” y agregó que “Silva tiene que asumir su rol de ser oposición”. En ese sentido, manifestó: “No podemos estar convocando a las autoridades ante cada resolución que saquen”.

En tal caso, para el senador, si hay personas que “se sienten afectadas” por resoluciones de la DGES, “tienen la vía administrativa para hacer los reclamos”. “No creo que el Parlamento sea el lugar para hacer cuestionamientos de carácter individual, sino avalados por un colectivo”.

Por otra parte, Sabini recordó que tanto desde el FA como desde los sindicatos de Secundaria entendían que las contrataciones ahora revertidas por la nueva DGES tenían un “factor de discrecionalidad importante”. “No hay base para decir que es una resolución ilegítima. No entiendo cuál es la base”, finalizó.

En diálogo con la diaria, Silva evaluó “positivamente” que las autoridades de la DGES hayan asistido a la sesión. Asimismo, destacó que antes del intercambio “dejaron sin efecto parte de las resoluciones, manteniendo la remuneración de las inspectoras involucradas” y, al mismo tiempo, la modificación “les permite volver a su grado [del cargo] interino” que desempeñaban “antes de ser las máximas jerarquías”.

A pesar de que destacó los mencionados cambios, Silva reiteró que la resolución de suprimir los tres cargos de inspección con mayor jerarquía creados en la administración anterior es “una decisión equivocada e ilegítima”. Si bien reconoció que “las nuevas autoridades tienen la potestad de dar la impronta y la nueva estructura que consideren”, deben “respetar” la vigencia de la estructura planteada por la administración anterior.

Recordó que las inspecciones definidas por la exdirectora general de Secundaria, Jenifer Cherro, tenían una vigencia hasta febrero de 2026. Por otra parte, Silva aseguró que las contrataciones no fueron “designaciones directas”, sino que hubo un llamado en el que “se respetó el escalafón”. “Es un error de argumentación el de la DGES; se acredita en la documentación que hubo un llamado entre los inspectores efectivos y que en ese acto de llamado algunos eligieron y otros no eligieron”, narró.

Independientemente de la situación puntual, Silva dijo que planteó “el tema de preservar y resguardar la institucionalidad del sistema”, ya que considera que la resolución de la DGES “afectó la institucionalidad”. Teniendo en cuenta esto, pidió a las autoridades “que no vuelva a repetirse, que antes de tomar estas decisiones tomen las providencias del caso, respeten la normativa, analicen, estudien”.

Consultado sobre la inconstitucionalidad de la convocatoria planteada por Sabini, el senador colorado justificó su llamado a comisión en que “la Constitución lo que no permite es realizar trámites o gestiones que beneficien a terceros” y manifestó que su postura es que “hubo una situación violatoria de la normativa vigente”, que “involucra a personas pero también a toda inspección”.

En resumidas cuentas, según Silva, la sesión “fue una instancia positiva en la medida en que se puede reconocer que las cosas pueden hacerse mejor y que hay una disposición de atender estas situaciones para que no puedan volver a pasar a futuro, reconociendo las potestades de dar la impronta” que las nuevas autoridades consideren.

Las designaciones

Las designaciones se remontan a la gestión pasada de la DGES, bajo la dirección general de Cherro, cuando modificó el organigrama del cuerpo inspectivo del organismo: en el vértice superior de la pirámide se designó a una inspectora general docente –cargo ocupado por Marta Kandratavicius y luego por Laura Battagliese– y se crearon dos cargos de subinspector jefe –primero ocupados por Maris Montes y Battagliese y luego, en lugar de esta última, por Elsa Sosa–.

Estos tres cargos de mayor jerarquía del cuerpo inspectivo, los de Battagliese, Montes y Sosa, fueron los que las nuevas autoridades de Secundaria dejaron sin efecto. Según las resoluciones a las que había accedido la diaria, que fueron firmadas por el director general de Secundaria, Manuel Oroño, la decisión fue tomada debido a que los cargos de inspección general docente y subinspecciones jefes no son una “necesidad de servicio”, y se resalta especialmente que fueron designaciones directas realizadas al término del anterior gobierno. Además, se plantea que en la DGES “debe retomarse la concepción inspectiva con base en la coordinación más que en la jerarquía piramidal”.