Después de más de 100 años con una única institución universitaria en el país, hace 40 años comenzó a desarrollarse un sistema de educación terciaria en Uruguay. Las habilitaciones de las primeras universidades privadas, seguidas luego por la creación de la Universidad Tecnológica, diversificaron los actores del sector, que, con el tiempo, han ido ganando confianza mutua, explicó a la diaria Carlos de Cores, rector de la Universidad Claeh, quien agregó que eso incluye también al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), encargado de la regulación. Según ilustró, una muestra de esa confianza fue la creación de un mecanismo para la acreditación y evaluación de la educación terciaria en el país, aprobada por ley en 2019.
Hasta el año pasado la educación terciaria privada estaba regulada por un decreto de 2014, por lo que era necesaria una revisión, dijo De Cores, algo que hizo el gobierno anterior. De todas formas, lo hizo después de que se conociera el resultado de las elecciones nacionales, lo que, junto a otras normativas aprobadas a último momento, no cayó bien en filas frenteamplistas.
De Cores señaló que la actualización de la normativa era necesaria, ya que, por ejemplo, el decreto de 2014 no mencionaba la posibilidad de que parte de los cursos pudieran ser impartidos en el formato virtual ni tampoco establecía lineamientos concretos sobre la aplicación de ese formato, que se popularizó después de la pandemia. No obstante, el rector marcó que el proceso de elaboración del decreto aprobado el pasado 26 de noviembre se hizo sin consulta a las universidades directamente involucradas.
Más allá de que el anterior gobierno comunicó a las instituciones privadas que el tema estaba en agenda y en su momento les pidió que trasladaran por escrito las principales necesidades para la actualización, las universidades se enteraron directamente del decreto ya aprobado, sin posibilidad de hacer aportes durante el proceso en las instancias formales con las que cuentan, como el Consejo de Rectores.
De todas formas, las universidades entienden que el decreto recoge parte de sus preocupaciones, por lo que entienden que varios artículos deberían mantenerse. Uno de ellos es el que plantea la posibilidad de que las instituciones universitarias privadas con más de 20 años de actividad y sin observaciones graves puedan solicitar la autorización definitiva, que implica un mayor grado de autonomía, por ejemplo, para la aprobación de nuevas carreras, la modificación de los planes de estudio y la apertura de nuevas sedes. Con la normativa anterior, las instituciones debían pedir autorización al MEC para cada cambio curricular y también para dar clases en cualquier local que no estuviera previamente declarado, pasos que ya no deben cumplir las instituciones autorizadas definitivamente.
Universidades entienden que no hay vicio de forma en autorizaciones otorgadas y, si lo hubiera, debería ser corregido por el MEC
Como informó la diaria en abril, las nuevas autoridades del MEC encomendaron distintos análisis jurídicos sobre las normativas aprobadas a último momento por los anteriores jerarcas y, en particular, encontraron “vicios de forma” en la resolución que otorgó las autorizaciones definitivas a las seis instituciones que las solicitaron: universidades Claeh, ORT, Católica, de Montevideo y de la Empresa, y el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes.
En particular, se detectó que la resolución final no había sido firmada por el presidente de la República, cuando el decreto/ley de 1984 que establece el procedimiento para solicitar la apertura de una universidad privada así lo establece. De la misma forma lo establecía la reglamentación que aprobó el anterior MEC en enero, pero tres días antes de culminar el mandato, el 25 de febrero, el entonces ministro Pablo da Silveira aprobó un nuevo decreto por el que bastaba con la firma del ministro para otorgar la autorización definitiva.
A partir de esta situación, las actuales autoridades anunciaron la revocación de las autorizaciones definitivas, que ya fueron comunicadas formalmente a las seis universidades, aunque aún no se tomó la resolución final. A la hora de dar vista de la comunicación, las instituciones privadas solicitaron al MEC que no revoque las autorizaciones definitivas.
A partir de la consulta al abogado Carlos Delpiazzo, el escrito de las universidades, al que accedió la diaria, concluye que, dado que el decreto vigente no menciona la necesidad de que las mencionadas autorizaciones sean otorgadas por el Poder Ejecutivo y, por tanto, firmadas por el presidente de la República, dicha firma no sería necesaria. Por su parte, no ven problemas con que el MEC haya emitido una resolución que corrigiera una anterior de igual rango para modificar el procedimiento de autorización.
Incluso en el caso de que se admitiera que dicha firma sí sería necesaria, las universidades privadas sostienen que el MEC debería resolver el vicio de forma sin generar un perjuicio a las instituciones que se postularon y cumplieron con todos los pasos y requisitos previstos en la normativa. En ese marco, las universidades consideran que tienen un derecho ya adquirido y, de hecho, ya están realizando acciones en el marco de la nueva normativa. Por ejemplo, el rector de la Universidad Católica del Uruguay, Julio Fernández, dijo al semanario Búsqueda este jueves que esa institución ya hizo modificaciones a los planes de estudio a partir de la mayor autonomía que les da la nueva autorización. Además, señaló que dejar de contar con una autorización implica un “golpe reputacional” a las universidades.
De Cores planteó que las universidades están de acuerdo con las autoridades con que los tiempos para la aprobación del decreto vigente “no fueron los adecuados, porque se hizo tarde y sin las consultas que le hubieran dado otro marco”. Por tanto, entienden positiva su revisión y ya han hecho aportes sobre los puntos que sería deseable mantener y cuáles podría ser necesario rever. Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de mantener las autorizaciones definitivas, ya que otorgan “pequeñas flexibilizaciones” que estiman importante mantener.
En caso de no lograrlo, señaló que las universidades activarán los mecanismos de apelación previstos a nivel judicial y administrativo, pero esperan que no sea necesario llegar a ese punto. Al respecto, el rector opinó que es positivo que aún no se hayan aprobado formalmente las revocaciones, ya que eso implica que el MEC está considerando los distintos argumentos jurídicos presentados. Según dijo, esto iría en la línea del buen diálogo con las nuevas autoridades hasta el momento, que esperan mantener más allá de la resolución de este tema.
Puntos del decreto vigente que las universidades consideran positivos
De Cores señaló que en la nota enviada a las actuales autoridades del MEC marcan 12 puntos del decreto aprobado por el gobierno anterior que consideran positivo mantener. Uno de ellos es el de la libertad para cambiar la modalidad de enseñanza, no sólo entre el formato presencial y virtual, sino también dentro de este último. Según especificó, la nueva normativa les dio libertad para definir si los cursos virtuales son con conexión simultánea de estudiantes y docentes o sin ella, algo que consideran positivo. De hecho, el actual decreto establece que la modalidad virtual asincrónica no puede superar un tercio de las clases dictadas y, al respecto, De Cores entiende que dicho límite debería eliminarse.
El rector de la Universidad Claeh también valoró que podría rediscutirse la carga horaria estipulada en el decreto para la formación de grado y posgrado. Sobre la primera, entendió que sería interesante apreciar la tendencia internacional, sobre todo europea, de contar con licenciaturas de tres años y, por lo tanto, una carga horaria que vaya en ese sentido. El decreto aprobado en noviembre también plantea la posibilidad de que las maestrías puedan ofrecerse en un año y no en dos, más allá de que igualmente deben contar con 500 horas de formación.
Otro de los aspectos que las universidades valoraron positivamente es la posibilidad de que los estudiantes que no culminaron el ciclo de educación previo puedan acreditar una formación equivalente para ingresar a estudios de grado y posgrado en las universidades privadas. Dicho punto provocó en su momento el rechazo de los consejeros docentes en la Administración Nacional de Educación Pública, que entendieron que de esa forma se delegan potestades del ente al sector privado.