La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) será recibida este viernes por la comisión de Diputados que está analizando el proyecto de ley de presupuesto para el próximo período. En la antesala de la concurrencia a la comisión, la CSEU emitió un comunicado en el que afirma que “la educación pública no es prioridad para el gobierno nacional”.
Afirma que esa frase representa “una alerta” para el pueblo uruguayo, en vistas del mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. La CSEU recuerda que el programa electoral que llevó al Frente Amplio al gobierno nacional establece: “Retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación más el 1% del PIB para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar esas metas en el período de gobierno 2025-2030”.
Además de marcar el incumplimiento de los pedidos presupuestales de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y la Administración Nacional de Educación Pública, los sindicatos afirman que el mensaje presupuestal implica el “incumplimiento” de los compromisos planteados en la campaña. Además de indicar que eso representa una situación “grave en términos democráticos”, sostienen que, de acuerdo con las proyecciones del propio gobierno, la participación del presupuesto educativo en el producto interno bruto (PIB) se reducirá al final del quinquenio.
Si bien los sindicatos afirman que el mensaje del Poder Ejecutivo atiende “aspectos largamente reclamados, como la alimentación escolar en educación media, las transferencias que buscan dar respuestas a necesidades de nuestros estudiantes como el bono escolar o becas –en este último caso totalmente insuficientes, en función de las necesidades del estudiantado de diferentes niveles–, otros temas sustantivos” continuarán “postergados”.
Según enumeran, se requieren más recursos para infraestructura y la “creación de cargos que posibiliten concretar la extensión del tiempo pedagógico, la creación de equipos multidisciplinarios, reducir la cantidad de estudiantes por grupo y mejorar las apoyaturas pedagógicas a estudiantes”. También marcan la necesidad de contar con presupuesto para apoyar la extensión territorial de las universidades públicas y de “mejorar el salario de trabajadoras y trabajadores del sistema educativo”, en especial los más sumergidos en los escalafones administrativo y de servicio y en el sector docente universitario.