Es casi tan frecuente que los políticos hagan declaraciones rimbombantes sobre la importancia que tiene la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el mundo actual como constatar la escasez de propuestas sobre el tema por parte de la mayoría. Ejemplo de ello es el locuaz ex presidente Julio María Sanguinetti, quien recientemente expresó: “Ya están perimidos los conceptos de lucha de clases y plusvalía; hay que incorporarse al mundo de la innovación, actual fuente de la riqueza”. En ninguno de sus otros múltiples reportajes, artículos o tuits –o en la página web del sector– es posible encontrar alguna señal que explique cuál es el rumbo propuesto. Ese comportamiento en realidad no constituye novedad. Para quienes hemos estado largamente vinculados a la temática es difícil registrar antecedentes suyos como gobernante impulsando alguna medida de promoción de la CTI. Por el contrario, durante su segundo gobierno hubo permanentes retaceos a los magros fondos de ciencia y tecnología que, promovidos por la comunidad científica, habían sido aprobados tras denodados esfuerzos de receptivos parlamentarios. Corresponde dejarlo consignado, pues Sanguinetti es nada menos que quien encabeza la opción de voto en el Partido Colorado (PC) según algunas encuestas.
La actitud de su principal oponente, el economista Ernesto Talvi, no es la misma. Al menos ha incluido en las propuestas programáticas que hizo públicas recientemente algunas relativas a la CTI1 que describiremos y analizaremos a continuación.
El documento tiene una extensión de cinco páginas e incluye referencias a tres de los aspectos centrales de cualquier política pública: institucionalidad, lineamientos estratégicos y financiación. Comenzando por esto último, en el texto se reconoce que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) debe tender a alcanzar a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), como recomienda la UNESCO. En este punto hay coincidencia tanto con el programa único del Frente Amplio (FA) como con lo planteado por el sector liderado por Luis Lacalle Pou del Partido Nacional (PN), que ya analizáramos.2 Siendo un grupo novel, es una buena noticia, si bien probablemente las preguntas sobre el proceso implicado para alcanzar ese porcentaje partiendo del actual 0,4-0,5%, y sobre todo cómo y dónde poner foco, tengan respuestas diferenciadas entre los sectores.
Un abrazo ¿al empresario innovador?
Por ejemplo, la relación entre inversión pública e inversión privada dentro del total no es un aspecto menor. En Uruguay el cociente se encuentra claramente desbalanceado hacia lo público, a la inversa de lo que ocurre en los países desarrollados. Es así que los fondos públicos crecieron en forma importante, tanto en términos brutos como relativos al PIB, entre los años 2005 y 2011-2012, manteniéndose estables de allí en más. Por el contrario, el aporte privado a la I+D total continuó siendo escaso a pesar de existir diversos programas impulsados por los gobiernos frentistas para apoyarlos. Es llamativo que, reconociendo ese desbalance, como lo hace el documento, no se plantee ninguna interpelación a la baja propensión innovativa de la mayoría del empresariado uruguayo. La afirmación reciente de Talvi de que “al empresario hay que abrazarlo pues es quien genera trabajo” debería ser al menos matizada si queremos aumentar la competitividad de nuestros bienes y servicios, mejorar la calidad de los empleos y la propia inserción internacional para superar nuestra actual economía primarizada.
Se propone la creación de los llamados “fondos de inversión” de participación pública y privada para sostener “el financiamiento de proyectos de alto riesgo” pero que pueden generar, de ser exitosos, “ganancias muy elevadas”. Al respecto existe mucha experiencia en países desarrollados, pero su viabilidad en Uruguay es toda una incógnita, empezando por las fuentes mismas que den origen a dichos fondos, por lo que decíamos anteriormente. Implica tener empresarios dispuestos a arriesgar en la innovación, lo que significará un cambio comportamental nada menor.
Es interesante que en el documento se avance en establecer “áreas prioritarias”, ya que, en general, esa no es una característica del liberalismo económico al que Talvi adscribe. De acuerdo con el escrito, las “nuevas áreas de innovación y desarrollo relacionadas con el agro (bioingeniería, bioinformática, biotecnología, ciencias del mar) y la biomedicina” deberían ser políticamente jerarquizadas. Esto constituye también un punto de encuentro con el programa frenteamplista, pero no así con el de Lacalle, que anuncia necesarias priorizaciones de áreas estratégicas pero sin explicitarlas ni aclarar cómo se llegará a determinarlas.
En relación con iniciativas concretas incluidas en el texto, se plantea alguna nueva, pero la mayoría ya están en desarrollo. Dos de estas son expansiones o reformulaciones de medidas que vienen implementándose: a) la internacionalización de ciencia y tecnología a ser apoyada coordinadamente entre instituciones públicas y cámaras privadas, para identificar países o regiones líderes y promover las potencialidades nacionales y el intercambio; y b) la creación de programas académicos dirigidos a investigadores uruguayos radicados en el exterior tanto para financiar sus proyectos como para que participen como cotutores de posgraduandos nacionales. Son propuestas que perfectamente pueden incluirse en el abanico de instrumentos a considerar en una futura fase de impulso de la CTI.
Es más discutible la iniciativa de un “nuevo” Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un cambio muy importante en ese instrumento creado durante el primer gobierno frenteamplista. En la práctica significa adoptar el modelo argentino de la carrera del investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, establecido en la década de 1960. Sus virtudes y defectos fueron parte de los insumos utilizados durante la construcción del consenso –entre colectivos de investigadores y noveles autoridades del área– que dio base legal al actual SNI en 2007. Es un tema bastante específico, que genera polémica incluso dentro de la comunidad científica.
Respecto de la institucionalidad, se parte de la existencia de un “solapamiento de funciones y falta de coordinación institucional”. Es un diagnóstico certero: la realidad institucional actual relativa a la CTI tiene una gobernanza hasta cierto modo inconsistente. Pero al mismo tiempo, el documento de Ciudadanos propone pasar la Agencia Nacional de Investigación e Innovación –hoy bajo égida legal del Gabinete de Transformación Productiva– a depender de la actual Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente a su vez de Presidencia de la República, lo que desbalancearía para “el otro lado” un sistema que debe articular y no divorciar las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
En resumen, en el PC ocurre algo similar a lo observado en el PN. Al no tener un programa común, un precandidato incluye las temáticas de CTI entre sus propuestas, mientras que otros siquiera las contienen, o directamente no tienen programas. Por eso, las propuestas de Talvi –independientemente de análisis particulares que se puedan hacer– son bienvenidas pues permiten dialogar dentro de los marcos pertinentes a una política pública.
Por otra parte, hasta la fecha es posible identificar un área de coincidencia interesante que incluye tanto al FA como a algunos sectores opositores. Las convergencias en esos puntos resultan atractivas si pensamos en los acuerdos políticos interpartidarios que deberán alcanzarse necesariamente en el próximo período parlamentario.
Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue Presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.