Álvaro Garcé: En las cárceles “se deja que entre la droga para evitar una crisis colectiva de abstinencia”

Entre 2005 y 2014, el asesor en seguridad del candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, Álvaro Garcé, fue comisionado parlamentario penitenciario, y una de sus principales propuestas fue el descongestionamiento de las prisiones. Ahora, en un su rol político, asegura que desde los centros penitenciarios el crimen organizado controla los delitos que se comenten en los barrios, y afirma que las autoridades dejan entrar la droga por miedo a una crisis de abstinencia que haga “volar los techos” de las cárceles.

Hace semanas que la seguridad está en la agenda política, en especial después de que el Frente Amplio (FA) presentara las 12 medidas para asegurar la seguridad y convivencia. ¿Qué piensa de eso?

Es lógico que el tema de la seguridad esté en primer orden de la campaña, porque corresponde a la principal preocupación de la ciudadanía; es bueno y sano que haya un debate en torno a este tema. Nosotros queremos darlo en un tono respetuoso, en el plano de las propuestas. Tengo la sensación de que en los últimos días ha habido un giro y una actitud crecientemente agresiva, sobre todo, por parte del asesor de Daniel Martínez [Gustavo Leal].

Hacen énfasis en el respaldo a la Policía. ¿Se refieren específicamente a la legítima defensa policial presunta?

Hablamos de algo más amplio, que es la ley de urgente consideración, que tendrá un capítulo específico sobre la seguridad pública y cuestiones procesales. Queremos introducir una presunción simple, relativa y reversible, que establezca que cuando la Policía haga uso de la fuerza, con resultado letal o sin resultado letal, pero con daño en la persona, se presuma que lo ha hecho en cumplimiento de la ley, salvo que se demuestre que ha ido más allá de sus facultades. No se invierten las reglas de la legítima defensa, sólo se presume. En el derecho existen dos presunciones: las absolutas y las relativas. La absoluta no admite prueba en contrario, es el caso de un mayor de edad que tiene relaciones sexuales con un menor de 11 años; allí no vale argumentar el consentimiento, se presume en todas las circunstancias que ha habido un abuso.

La legítima defensa presunta ha sido criticada con el argumento de que podría llevar al gatillo fácil.

Por eso hago tanto énfasis en los dos tipos de presunciones.

En un punto del programa dice que se harán encuestas a la población para hacer un seguimiento de sus necesidades y niveles de satisfacción. ¿Qué es lo que harán específicamente con esa información?

Esto se inscribe en un plan integral de mejora de la gestión. Apuntamos a introducir requisitos propios de las normas ISO, en particular la 9001-2015. De hecho, hay algunas comisarías que han sido certificadas; nosotros queremos darle un impulso para ir hacia una gestión de calidad, queremos que se pueda actuar de forma compatible con los estándares de calidad, y sobre todo que la gestión sea auditada de manera permanente. En los últimos años se han cometido errores y en lugar de implementar acciones correctivas, en general se siguió para adelante y se confirmaron rumbos equivocados. Por ejemplo, en el caso de la construcción de las cifras del Ministerio del Interior [MI], que no son creíbles ni fiables desde hace mucho tiempo. Desde 2010 están en tela de juicio, desde que el propio Rafael Paternain [FA] decidió alejarse de la dirección del Observatorio de Criminalidad y Violencia del MI. En los últimos años se ha profundizando esa falta de transparencia.

¿Planteás que el MI está manipulando las cifras de delitos?

Estoy diciendo que no son confiables, y la razón por la que lo sostengo es porque en hurtos y rapiñas hemos recibido múltiples denuncias de ciudadanos que iban a denunciar un delito que, claramente, encuadraba en una rapiña –que es una sustracción que se comete con violencia o amenaza, y basta con la violencia verbal para que sea una rapiña– y, sin embargo, en los criterios de cómputos se estableció que si no había violencia física no era una rapiña, subiendo así el umbral del tipo penal. Eso hace que haya una reducción artificial, que se dio antes de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal [CPP]. Cuando se dice que el nuevo CPP fue lo que impidió concretar las promesa de 2014, eso es falso. Los países de América Latina fueron dejando de lado el modelo inquisitivo y pasaron a un modelo acusatorio, y ese tránsito se produjo sin que se generen crisis nacionales. Además, la curva del aumento del delito empezó antes de la aplicación del CPP. Es verdad que desde 1985 a la fecha la tendencia del delito ha sido el aumento, pero a partir de 2015 esa tendencia se aceleró.

El Partido Nacional propone fomentar la modalidad de “Vecinos en alerta”, pero en agosto del año pasado hubo un caso de una golpiza a un rapiñero en Toledo. ¿No temen que este tipo de violencia se agudice?

Lo que ha habido son expresiones de ira, arrestos ciudadanos que terminaron en casi linchamientos, pero la modalidad de “Vecinos en alerta” es la organización a partir del enojo; no es el estallido de bronca, sino que supone una actividad ordenada y colaborativa. Si hubo violencia es porque la gente no da más. La forma más inteligente de actuar es generar una cultura de prevención del delito, de participación verdadera. Lo que tienen que hacer los vecinos es aportar información, colaborar entre ellos y con la Policía. No compartimos la visión de que “Vecinos en alerta” sea una expresión violenta, sino que es una forma de protección mutua.

También hay un punto en el programa que dice que reingresarán hasta 1.000 policías retirados para desempeñarse en tareas de apoyo en comisarías seccionales. ¿Esto no es algo similar al serenazgo propuesto por Cabildo Abierto (CA)?

No. La idea de CA deberá ser discutida y eventualmente convenida dentro de un marco más amplio de negociación, en una política que vaya más allá del PN e involucre a la oposición, si ganamos. Nosotros pensamos en propiciar el reingreso de funcionarios policiales con buena calificación y antecedentes, que deseen colaborar con el país, mucho más que por un beneficio económico.

¿Pero tendrían un sueldo?

Serían contratados en una modalidad que podría ser comparable a la que tienen las maestras que deciden reingresar a la actividad a pesar de que están jubiladas.

El PN promueve el ahorro. ¿Estas políticas no suponen ir en contra de esa política?

Claramente no, el ahorro refiere a los gastos superfluos. Ni las políticas sociales ni los cometidos esenciales del Estado van a ser recortados. Cuando se habla de ahorro se trata de gastar de manera más eficiente. A modo de ejemplo: la cantidad de dinero que se destina al sistema carcelario es enorme y el rendimiento es bajísimo, eso pasa porque no hay buenos sistemas de auditoría internos. Recuerdo una inspección que hice en la cámara frigorífica del Comcar [en la que se] puede comprobar que había una gran cantidad de reses colgadas y se me informó que cada día ingresaba una tonelada de carne. La calidad era como la de los mejores supermercados, al mismo tiempo tenía la seguridad de que al plato del interno llegaban algunos huesos y grasa. Había un problema grave de gestión y corrupción. Por lo tanto, sin necesidad de reforzar partidas, ahorrando, se pueden lograr esos objetivos.

¿En la actualidad hay desvíos de fondos en las cárceles?

Lo que me consta es que el rendimiento de las partidas es bajo, habría que ver si se desvía de tal o cual manera. El Estado tiene que recuperar el dominio operativo, y que las cárceles dejen de ser un lugar en el que se enseñe a delinquir y desde donde se planifique el delito que se comete en los barrios. No se repusieron las vacantes, los ingresos se centraron en el personal civil, estábamos de acuerdo, pero la seguridad, de acuerdo al modelo de las Naciones Unidas, es el mínimo exigible. Un Estado de derecho cuando priva de libertad luego no puede abandonar a las personas, y hoy los privados de libertad, en particular los más vulnerables, son hostigados, agredidos física, verbal, sexualmente; son extorsionados, ellos y sus familias, por grupos de crimen organizado. Eso es inadmisible. Lo que se está haciendo hoy es negar el problema de las adicciones en las cárceles; en las propuestas del Frente Amplio se habla de educación y trabajo a 70% [de los privados de libertad], que no es lo que se hizo; el objetivo lo compartimos, pero no se dice nada del consumo. Hace diez años, siendo comisionado, informé que 70% estaba consumiendo drogas. Hace pocas semanas la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] dijo que las tres cuartas partes presentaban problemas de consumo. Es imposible pensar en una reinserción sin pensar en el trabajo: que sea universal, que tenga un sentido terapéutico y que no sea una especie de aditamento a la pena, una prolongación ilegal.

Pero hablan de revisar el sistema de redención de la pena por estudio y trabajo en los autores de delitos graves. ¿Eso es compatible con lo que planteabas recién?

Es perfectamente compatible, porque es exclusión de personas que hayan cometido delitos graves, por ejemplo del crimen organizado o el caso de los homicidas seriales. Nos basamos en el derecho comparado y en las normas de las Naciones Unidas. No todo el mundo debería estar dentro de ese régimen. Proponemos crear la figura del “adulto joven”, de entre 18 y 23 años, para focalizar las políticas de educación y de trabajo en ellos. En el caso de los niños que están presos junto a sus madres, están internalizando lo peor de la cárcel. He tenido denuncias por cuestiones terribles; por ejemplo, se fomenta la violencia entre los niños, en una especie de competencia para ver cuál de los dos ganaba, como si fuera una riña de gallos.

¿Esto pasa hoy?

No sé si hoy, yo recibí denuncias, las investigué, pero no llegué a tener la prueba porque no se animaron a hablar.

¿Qué sucede con el consumo de drogas en los centros de adultos y en los de adolescentes?

Acá lo único que se da es más drogas, se está dejando deliberadamente que entre la droga, y lo digo con convicción: hoy se deja que entre la droga para evitar una crisis colectiva de abstinencia y que vuelen los techos. No hay alternativas de tratamientos, y se provee de droga o psicofármacos pero lejos de lo que es una actividad médica controlada, sino que son dados a mansalva y para planchar a la población. Lo que pasa en las cárceles también es válido para el sistema penal juvenil.

¿Qué te parece el proyecto de pasar las cárceles al Ministerio de Educación y Cultura?

Es un proyecto irrealizable, peligroso, impracticable. Las cárceles tienen que salir de la gestión del MI para pasar a un servicio descentralizado dentro del espacio institucional del MI; no es contradictorio, el responsable último es el MI, en la medida en que no existe un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que debería ser el nexo institucional de ese servicio. Esta sería una alternativa interesante para aplicar en el próximo gobierno.

En el programa hay varios puntos puntos que se parecen a la reforma de la Constitución que propone Jorge Larrañaga, pero con matices. Por ejemplo, tipificar como agravante especial la utilización del hogar como expendio de drogas.

Está emparentado con un punto de la reforma [los allanamientos nocturnos], pero no requiere reforma constitucional, se hace por la vía legal.

¿Hubo una negociación con Alianza Nacional para que, de alguna manera, se incluyan estos puntos?

En la propuesta de modificar el artículo 35 de la ley de drogas hubo un acuerdo entre el sector Todos y Alianza en 2016, y lo llevamos a la Torre Ejecutiva junto a 28 proyectos más.

Un dato objetivo es la mejora de los salarios y el equipamiento de la Policía en estos 15 años. ¿Eso lo reconocen?

En todo caso, el incremento de esos rubros proviene de un acuerdo político de 2010. Si el Poder Ejecutivo pudo aumentar el presupuesto al MI es porque hubo un acuerdo en el Parlamento. Es verdad que se incrementó el salario y la tecnificación, pero, como dije, el Poder Ejecutivo no terminó de cumplir los acuerdos.