Allanamientos nocturnos: ¿una herramienta efectiva para el combate al narcotráfico o sólo demagogia?

Como pasó hace cinco años, la inseguridad y el aumento del número de homicidios vuelve a instalarse en el país en el centro de la campaña electoral. En ese contexto, el plebiscito propuesto por el Partido Nacional (PN) parte las aguas del sistema político y deja planteada una interrogante: ¿la habilitación de los allanamientos nocturnos es una herramienta clave para encarar la lucha contra el narcotráfico o se trata simplemente de una propuesta demagógica para provocar efectos electorales?

Entre estas dos alternativas se dividen las opiniones de los referentes de los dos principales sectores políticos del país. Mientras el PN la considera una medida esencial “que no debería ponerse en tela de juicio”, para el Frente Amplio (FA) es sólo una “zanahoria” oficialista que esconde “el fracaso de sus políticas de seguridad”.

Desde las tiendas blancas, los senadores Sebastián da Silva y Carlos Camy criticaron, en diálogo con la diaria, al FA por oponerse de manera “sistemática” a esta propuesta sin ofrecer soluciones alternativas en el debate sobre seguridad, y aseguraron que los principales afectados por el narcotráfico son los sectores más vulnerables.

En cambio, desde la coalición de izquierda, el exministro de Defensa José Bayardi y el coordinador de la Unidad Temática de Convivencia y Seguridad de la Comisión de Programa del FA, Diego Olivera, recalcaron, en diálogo con la diaria, que se trata de una propuesta “punitivista” y “demagógica”, que podría aumentar el riesgo de abusos de la autoridad, provocando una mayor “persecución selectiva” contra los sectores más vulnerables.

La visión a favor de los allanamientos

Sebastián da Silva y Carlos Camy, ambos senadores del PN, defendieron, en diálogo con la diaria, la propuesta de habilitar allanamientos nocturnos en Uruguay como una herramienta necesaria para combatir el narcotráfico.

Da Silva señaló que es una medida de “sentido común” y subrayó que ingresar a los hogares que funcionan como bocas de pasta base durante la noche es crucial para capturar a los líderes del narcotráfico.

“Es una propuesta de sentido común ingresar a los lugares que han dejado de ser hogares. Es una herramienta más que no debería estar en tela de juicio. Es clave poder ingresar a una boca de pasta base en la noche para poder capturar peces gordos. No es el sentido común seguir con una Constitución de 1830”, afirmó.

En respuesta a las críticas realizadas por el FA y movimientos sociales, dijo que la medida no vulnera derechos, afirmando que las verdaderas víctimas son los ciudadanos y los adictos.

Da Silva consideró que el FA se opone constantemente sin aportar ideas en el debate de seguridad. “Ponen el palo en la rueda. Las bocas y el narcotráfico están en todo Montevideo. Los pobres son los más afectados por el narcotráfico. El debate en materia de seguridad se da de forma hipócrita, ya que no se reconocen las buenas medidas que se han tomado. Siempre el FA está en lo negativo, no aporta ni una sola idea y actualmente no sabemos ni quién es su referencia en materia de este tema; antes lo era [el senador] Charles Carrera”, agregó.

Camy, por su parte, sostiene que el narcotráfico y las organizaciones criminales operan 24 horas al día y no combatirlas por la noche sería un “suicidio colectivo”.

El senador alegó que la prohibición de los allanamientos nocturnos limita a la Policía, impidiéndole actuar en momentos clave para sorprender a los delincuentes y prevenir la destrucción de evidencia. “Las voces especializadas han reclamado en distintos períodos de gobierno que se legisle autorizando los allanamientos nocturnos como herramienta para hacer más eficaz el trabajo policial, principalmente contra el narcotráfico y las llamadas bocas de venta de drogas. La prohibición de los allanamientos nocturnos ata de manos a la Policía, privándola de la capacidad de sorprender a los delincuentes en momentos decisivos de su operativa. [La habilitación de los allanamientos nocturnos] minimiza los riesgos de que los delincuentes escondan o destruyan evidencia o que alerten a otros sospechosos”, argumentó.

En cuanto a las críticas del FA y de organizaciones sociales que advierten sobre el riesgo de abuso de autoridad, aseguró que la medida es “garantista”, ya que los allanamientos sólo se realizarán con una orden judicial fundada. Además, afirmó que varias figuras importantes del FA, como el expresidente José Mujica y el exministro Eduardo Bonomi, han apoyado la idea en el pasado.

“De 203 países en el mundo, sólo cuatro distinguen el día de la noche para perseguir el delito. Es una propuesta doblemente garantista. La habilitación requiere la orden expresa, fundada y dada por escrito de un juez de la República, en los casos y en las formas establecidas por ley. Lo que vulnera derechos y libertades fundamentales es que la autoridad legítima tenga tiempo acotado para la persecución de quienes vulneran esos derechos”, afirmó.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, señaló que la propuesta es una “adecuación constitucional a los tiempos que corren” y dijo que el impedir realizar operativos de allanamiento en la noche se planteó “hace 200 años” en un contexto en el que el país necesitaba afirmar su institucionalidad.

Abdala agregó que la propuesta “no persigue el propósito de hacer un uso sistemático” de los allanamientos nocturnos, sino de utilizar esa herramienta “cuando sea necesario”, y afirmó que los jueces tomarán los mismos o más recaudos que los que toman ahora cuando tienen que autorizar un allanamiento. Además, agregó que existen diversas situaciones, además de la lucha contra el narcotráfico, en donde la posibilidad de ingresar a un hogar en la noche permitiría proteger a la víctima.

En cuanto al riesgo que implica para la Policía, Abdala dijo que la legislación actual hace que muchas veces “tengan que rodear una finca y esperar a que amanezca”, y aportó que es “un riesgo que se está tomando ahora”. Según Abdala, la Policía está preparada para llevar adelante los allanamientos nocturnos, y se debe ir por una protocolización adecuada del procedimiento.

Por otra parte, dijo que se trata de una discusión “de sentido común a la que se le está dando una carga ideológica”. En este sentido, recordó expresiones del expresidente José Mujica, que en 2018 se manifestó a favor de la posibilidad de que se hagan allanamientos nocturnos, según el subsecretario del Ministerio del Interior.

“Miedo” y “engaños”

Por el otro lado, Bayardi y Olivera, advirtieron, en diálogo con la diaria, que esta propuesta es “demagógica” y apuesta al “miedo”.

A pesar de que la propuesta se plantea como la “panacea” para el desmantelamiento de las bocas de pasta base y un “instrumento necesario” para combatir las drogas, el gobierno ha disminuido los controles sobre el lavado de activos, indicó Bayardi.

“Hiere la inteligencia pensar que este instrumento de los allanamientos nocturnos de los hogares es imprescindible para llevar adelante la lucha contra las bocas de drogas. Razonemos: la droga que se distribuye en las bocas no se produce en ellas. Deben llegar a ese lugar para de ahí distribuirse. Si la droga llega a la boca durante el día o durante la noche, podría ser interceptada antes del arribo a ese lugar. Por eso, el tema central es la inteligencia policial”, explicó.

El exministro de Defensa pidió que “no engañen al ciudadano”, ya que “saben bien que si cierran una boca, se abren tres”. “Lo que sí veo potencialmente nocivo es que el debate se dé sin la información completa, porque buena parte de los impulsores han colocado los allanamientos nocturnos como una nueva zanahoria para direccionar el debate de la seguridad pública hacia una única medida, instalando o sugiriendo que esa es la medida faltante para efectivamente tener avances en la seguridad pública en el Uruguay y en realidad, como muchos hemos planteado, el problema que vivimos de violencia y de criminalidad no se dirime en la aplicación de una única medida, sino en una integralidad de distintas acciones”, afirmó Olivera.

Sostuvo que los impulsores de la propuesta instalan la idea de que es efectiva contra el narcotráfico, pero “no hay ninguna evidencia que lo respalde”.

“Todas las medidas que se enfocan exclusivamente en lo punitivo o en la incautación de sustancias no logran generar ningún tipo de avances. Es cierto que las bocas de droga son un problema, pero se están realizando a razón de 1.000 allanamientos por año a bocas de droga, incautando una cantidad importante de sustancias; sin embargo, toda esa actividad de persecución, que está muy bien, en realidad es insuficiente para avanzar sobre el problema si no logramos un buen control de fronteras, una adecuada persecución del lavado de activos, un mayor control del transporte carretero, que por otra parte se ha debilitado, de toda la cadena logística agroexportadora, que tampoco estamos haciéndolo de la mejor manera”, agregó.

Consideró que es “bastante simplificador” pensar que los allanamientos nocturnos son la “bala de plata contra el narcotráfico”. “Por el contrario, en el vértice del narcomenudeo de la venta minorista de drogas, allí lo que necesitamos es una presencia mucho más fuerte del Estado social, de la Policía, sin duda también a nivel barrial, intentando desactivar los conflictos, pero necesitamos mucho más foco, más que en las sustancias, en la violencia. La violencia que se genera en los mercados ilícitos, en este caso de drogas, y allí creo que es donde tiene que estar enfocado”, agregó.

La propuesta tiene muchos “más riesgos que beneficios”, como son el aumento de la posibilidad de error, de desvíos, de corrupción y potenciales daños a la población civil, advirtió.

La visión de Serpaj

Andrea Sorondo, integrante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), indicó, en diálogo con la diaria, que el allanamiento es una “operación violenta”, por lo que debe ser usado de forma “muy cautelosa y con muchos cuidados”. Advirtió sobre los efectos que pueden tener en las infancias y adolescencias estos procedimientos y dijo que esta propuesta no implica una disminución de la inseguridad que existe en el país.

“No estamos diciendo que no haya problemas respecto a la seguridad, todo lo contrario, hay que hacer un plan nacional. El tema es que esta herramienta como tal, como se la presenta, parece una solución mágica que va a generar efectos y no es así. En los países donde existen las herramientas nocturnas, los índices de violencia, de homicidios, no han bajado sino que han aumentado”, afirmó.

Advirtió que actualmente se están realizando allanamientos por error, por lo que una propuesta como esta aumentaría aún más las chances de una equivocación.

“Abusos de autoridad” y “persecución selectiva”

Bayardi y Sorondo advirtieron que los allanamientos nocturnos podrían dar lugar a “abusos de autoridad” y a una “persecución selectiva” que afecte a los sectores más vulnerables.

“La selectividad penal comienza con la Policía, después pasa por el área judicial hasta el encarcelamiento, y como muchas modificaciones y normas que se han creado en este país en las últimas décadas. Hay una cuestión de perseguir o atacar el eslabón más débil de la cadena, porque no es una estrategia pensada para efectivamente desarticular las grandes redes o la cúspide de lo que es el narcotráfico. Esto obviamente va a tener un impacto mayor en determinados territorios donde la violencia comunitaria ya existe, en acciones que producen más violencia y atacan los eslabones más débiles”, dijo Sorondo.

“Además, puede dar lugar a errores muy complicados que deriven en personas heridas de mayor o menor gravedad, e incluso afectar a inocentes que nada tengan que ver con el delito del narcotráfico. Puede afectar gravemente en lo psicológico a menores que estén descansando durante la noche en esos hogares”, advirtió Bayardi.

“Demagogia”

Por otro lado, Bayardi consideró que “sin duda” es una “propuesta demagógica” que surge ante el “fracaso” del gobierno en materia de seguridad.

“Este gobierno hizo campaña asegurando que tenía la verdad en un puño para solucionar el tema de la inseguridad. Y sin embargo, ha demostrado un gran fracaso, ya percibido por la ciudadanía más allá del discurso político. Ese fracaso se expresa en la cantidad y el tipo de homicidios, más allá de lo que se pretenda encubrir”, agregó. Consideró que el gobierno trabajó “desde el inicio” para “desestimular” el registro de denuncias, por lo que presenta “cifras mentirosas que no pueden ocultar el fracaso”.

Advirtió que el gobierno lleva adelante una campaña comunicacional  “basada en un relato de responsabilizar de todos los problemas al gobierno anterior”, a pesar de la “muletilla discursiva del presidente de la República de que él estaba para hacerse cargo”.

Alternativas

El exministro consideró que para combatir al narcotráfico es necesario confiscar los recursos económicos obtenidos por el negocio ilícito. “Un punto central es luchar contra el lavado de activos y no tomar medidas que, lejos de combatirlo disminuyan los controles sobre el lavado, como hizo el actual gobierno. Dado que el Uruguay es hoy un lugar de tránsito, lo central es la inteligencia policial que permita interdictar el ingreso y la circulación de droga en el país, como forma de desestimular que se utilice el país como plataforma”, agregó.

Asimismo, aseguró que la política de “Guerra contra las drogas” ha sido un “fracaso” que ha llevado a niveles de corrupción que han infiltrado la institucionalidad de muchos países de la región y del mundo. “Por todo ello, entiendo que se debe avanzar en la legalización a través de la regulación de la producción, consumo y comercialización de las drogas. Y enfrentar el consumo como un problema de salud pública”, concluyó.

Por su parte, Sorondo indicó que hay otras técnicas de investigación, como por ejemplo la de videovigilancia, la interceptación de llamadas, agentes encubiertos, que generan mucho “menos violencia” y efectos negativos que los que puede ocasionar esta iniciativa.

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