La fórmula del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi y Carolina Cosse, se encuentra en Buenos Aires, Argentina, donde participó en un acto para los militantes radicados en ese país, este lunes, en el teatro Caras y Caretas. En la previa, la candidata a la vicepresidencia fue entrevistada por Futurock FM, donde habló del gobierno de Luis Lacalle Pou y de los lineamientos programáticos del FA para un eventual gobierno en 2025.

“Nosotros estamos luchando contra el retroceso”, sostuvo Cosse, consultada sobre a qué se enfrenta la fuerza política en octubre. “Uruguay venía con un gran rumbo y nos encontramos con un gobierno sin rumbo, un gobierno basado en que los malla oro van a resolver todo, que el mercado lo va a resolver, un ‘sálvese quien pueda’”, profundizó la candidata, que comparó el gobierno de Lacalle Pou con el de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), del que destacó que impulsó una “desmantelación activa” de las empresas públicas. Cosse aseguró que Lacalle Pou, por su parte, optó por “una estrategia de desmantelación pasiva; o sea, no dar presupuesto, no generar proyectos”.

La exprecandidata también criticó la situación del sistema de salud: “Si vos vas a atenderte en la salud pública, es probable, lamentablemente, en cualquier parte de Uruguay, que no haya remedios”, aseguró. En tanto, de la transformación educativa que impulsó este gobierno dijo que se hizo “sin consultar a los docentes”. “Hay como un abandono de uno de los pilares de nuestra uruguayez”, lamentó, en referencia a la educación pública.

Cosse también aseguró que hubo “una pérdida del salario real durante todos estos años”, que recién ahora se comenzó a revertir: “Estamos recuperando ahora los niveles de salario real de 2019”, subrayó.

La candidata a vicepresidenta se detuvo algunos minutos en la situación de la inseguridad. “Hay unos niveles de inseguridad como nunca hubo en Uruguay; el narco[tráfico] ha avanzado”, afirmó, y profundizó: “Uruguay ahora es un país de acopio de droga, no de tránsito, lo cual es un gran problema”, que se ve empeorado porque “el Estado se retiró de varios lugares”, expresó. En esa línea, dijo que el aumento de la población en situación de calle responde a la superpoblación carcelaria y “la falta de una política de rehabilitación mínima” de los privados de libertad.

Cosse también atribuyó la desmejora en la seguridad pública a que la ley de urgente consideración “aflojó los controles en el lavado de activos” y la “falta de estrategia en materia de seguridad”.

La exministra de Industria se refirió en otro tramo de la entrevista al proceso de autocrítica que hizo el FA luego de la derrota de noviembre de 2019. Sobre este punto, dijo que si bien los gobiernos del FA hicieron por el interior del país “lo que nunca ningún gobierno hizo”, la fuerza política “se descansó un poquito en atender las sensibilidades”. En ese sentido, aseguró que el programa que se elaboró ahora, que tuvo como insumo lo que surgió del proceso denominado “El FA te escucha”, es “un programa profundamente humanista, que no deja ningún tema afuera: crecimiento con distribución, salud, educación con el centro en los estudiantes”.

Consultada sobre la llegada de militantes del FA desde el exterior para votar, se refirió al impedimento para votar desde el exterior, que calificó como “un gran atraso que tiene nuestro querido Uruguay progresista”, en el que hay que “trabajar”.

Para Cosse, es “un gran prejuicio” pensar que hasta ahora el voto consular no se habilitó por la alta cantidad de frenteamplistas exiliados, y aseguró que se han hecho estudios que indican que “por partido político se mantiene la proporción”. “Nosotros tenemos una gran diáspora en Uruguay; debe de haber más de 500.000” uruguayos radicados en el exterior, apuntó. En ese sentido, lamentó que al impedirles votar “les estamos dando la espalda a nuestros compatriotas, que siguen amando a Uruguay como lo amamos nosotros”.

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondientes a 2023, hay en el entorno de 527.000 uruguayos radicados fuera del país, de los cuales la mayoría –212.000– están en Argentina.