La seguridad es el tema que más preocupa a uruguayas y uruguayos. Por eso, es un tema de sustancial debate para los partidos. También es motivo de constantes reproches entre unos y otros. En los programas hay coincidencias en el enfoque de este tema, en particular en lo que respecta a la creación de un Ministerio de Justicia, a la mejora de las condiciones laborales de la Policía y al enfrentamiento al narcotráfico y el crimen organizado. También hay coincidencias en lo que respecta a la necesidad urgente de un abordaje del sistema carcelario, que cambie radicalmente las condiciones de rehabilitación.
A continuación, veremos los principales puntos de los programas del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Frente Amplio (FA).
Las propuestas del Partido Nacional
El programa de gobierno del PN dedica un capítulo a políticas destinadas a mejorar la convivencia, donde se encuentran las propuestas de seguridad pública, reforma de cárceles y programas para liberados, cambios en la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, propuestas de seguridad vial, bienestar animal y ambiente.
El programa propone mejorar las condiciones de trabajo de la Policía, con políticas de promoción de la vivienda policial a través de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, mejorar el salario de la Policía y profesionalizar ese organismo con formación permanente, a través de la Licenciatura de Gestión y Servicios de Bomberos, la Licenciatura en Ciencias Criminalísticas, el Posgrado en Análisis de la Información e Inteligencia Criminal y la Maestría en Criminología Aplicada. Además, plantean crear en la Escuela Nacional de Policía un Instituto Educativo Especializado en Investigaciones y capacitar en el uso de nuevas tecnologías para la investigación con foco en crimen organizado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y delitos vinculados al narcotráfico.
En ese sentido, el programa prevé la creación de un grupo especial conjunto para mejorar la inteligencia y respuesta contra el crimen organizado. El grupo estará integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación en la tarea investigativa y se basará en las políticas del gobierno italiano contra la mafia, apostando a que el trabajo conjunto y coordinado contribuya a la acumulación de saberes y unificación de procedimientos. También plantea unificar la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Unidad de Información y Análisis Financiero para optimizar la inteligencia financiera e implementar la figura del agente encubierto financiero.
Otro punto vinculado al combate al narcotráfico es la intensificación de la lucha contra el narcomenudeo utilizando la herramienta de los allanamientos nocturnos, si prospera la propuesta de reforma constitucional. También plantean la modificación del Código Penal para crear una figura específica sobre la integración de grupos criminales dedicados al narcotráfico e incrementar las penas por delitos vinculados al narcotráfico, incluyendo los homicidios, que serán investigados a partir de un nuevo departamento especializado.
Asimismo, proponen fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Aduanas para elevar los controles preventivos en el puerto de Montevideo para la detección de cargas contaminadas.
El programa plantea crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que funcione como referente en el vínculo entre la Fiscalía General de la Nación y el Poder Ejecutivo, al que se irán trasladando las responsabilidades del Instituto Nacional de Rehabilitación, para dejar al Ministerio del Interior las tareas de prevención y represión del delito, y para el Ministerio de Justicia las políticas públicas destinadas a la rehabilitación de personas privadas de libertad.
Entre las propuestas destinadas al sistema carcelario se encuentra la profundización del Plan Dignidad, para fomentar el trabajo de personas privadas de libertad a través de emprendimientos productivos dentro de las unidades penitenciarias, y profundizar el Plan Nacional de Educación en Cárceles, que se desarrolla en 19 unidades penitenciarias del país. Entre las acciones nuevas a implementar, el programa propone la definición de objetivos claros, cuantificables y adaptados al perfil de cada unidad penitenciaria, asegurando que estos objetivos reflejen compromisos con la educación, la salud, la capacitación laboral y la reinserción social de las personas privadas de libertad.
En materia de prevención del delito, el programa propone continuar mejorando las capacidades tecnológicas del Ministerio del Interior, fortaleciendo la Dirección General de Apoyo Tecnológico en los sistemas de interceptación de comunicaciones y las capacidades del Centro de Comando Unificado, ampliando la disponibilidad de cámaras en rutas y caminos y tecnología para la generación de información para facilitar la identificación de riesgos a la seguridad y actividades ilícitas.
Las bases programáticas del Frente Amplio
El FA propone en sus bases programáticas 2025-2030, “una sociedad más segura, menos violenta y protegida de la acción del crimen organizado”, a la vez que expone como central la “educación en convivencia” y los “valores”. Para el FA, los desafíos están en el aumento de determinados delitos, en el crecimiento de los homicidios y en la distribución desigual de la criminalidad. Asumen que los “diversos esfuerzos institucionales dirigidos a mitigar estos problemas no han sido suficientes” y por eso proponen un “programa integral y superador” en materia de seguridad.
Como acciones prioritarias, define un Plan de Prevención del Delito, en el que se ponga en el centro a las políticas públicas destinadas a la “prevención del delito y las violencias”. Se refieren también a la “recuperación de la presencia del Estado” en el territorio, cuya “ausencia” dicen que fue lo que habilitó a actores del crimen organizado a “avanzar en la ocupación de espacios en algunos territorios”. En este sentido, proponen desarrollar estrategias de “estímulos” para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.
Sobre la prevención del delito, vuelven un punto después al referirse a la “prevención del delito desde una perspectiva interinstitucional a través de propuestas focalizadas, sin descuidar los dispositivos policiales para la seguridad y la persecución”. En este sentido, se sugiere hacer foco en la participación comunitaria para que se desarrollen acciones de transformación cultural.
El FA asegura una mayor presencia del Estado en el territorio a través de una Policía de proximidad orientada a problemas que actúe en la comunidad con la cooperación de organizaciones sociales y comunitarias.
También proponen en esta línea de integración habilitar un “diálogo permanente sobre las políticas de seguridad y convivencia”, apuntando a la participación de actores del sistema político, la sociedad civil y la academia.
Para las zonas de alta vulnerabilidad, proponen invertir en infraestructura urbana y en la articulación de políticas sociales orientadas a fomentar la identidad y la pertenencia barrial y también la integración. A su vez, indican que se instalarán servicios públicos descentralizados, para facilitar el acceso al Estado de la población que vive en estos barrios.
En lo que respecta a la Policía Nacional, se “retomarán e impulsarán la profesionalización y humanización”. Proponen “prácticas de formación inicial, ascenso y especialización sostenidas en bases científicas, con un perfil distanciado de las prácticas militarizadas, jerarquizando la incidencia de las personas con mejores calificaciones”. Entienden que en la formación policial se debe priorizar el enfoque basado en género y derechos humanos, también la interseccionalidad. El FA sugiere crear un plan de profesionalización de la función policial con un enfoque local que se oriente a las necesidades del personal y las condiciones laborales, a la vez que hace foco en el abordaje de los suicidios de los policías.
Para la actual oposición, se debe apuntar a “una nueva forma de gestionar” en la que se “restaure” el mando político civil y a que se lleven adelante reformas que “combatan todas las formas de violencia institucional”.
El FA propone pasar el Observatorio de la Criminalidad y la Violencia que está en el Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Estadística para “lograr informes objetivos y fehacientes”.
En las bases programáticas se hace énfasis en “atender con carácter de emergencia las acciones para mejorar la precariedad de las condiciones de vida y el hacinamiento en la reclusión penitenciaria”. Para esto, hablan de “abatir la sobrepoblación carcelaria”. “Se estimulará y pondrá mayor énfasis en medidas no privativas de libertad y de justicia restaurativa”, indican. También evalúan como “indispensable” mejorar la atención de salud de las personas privadas de libertad y atender con responsabilidad” los casos de violencia institucional en cárceles.
El FA asegura que se impulsará la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI, para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado, y dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas (derechos humanos, prisiones, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales, políticas antilavado de activos, entre otras que se puedan evaluar pertinentes)”. Este ministerio llevará adelante políticas que aseguren las condiciones de “vida digna” para las personas privadas de libertad, y se retirará el Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior para pasarlo al novel Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Para las personas privadas de libertad también proponen un abordaje de la salud mental, el analfabetismo y las adicciones y la ampliación de la cobertura educativa. Para quienes son liberados del sistema, sugieren políticas de integración social y específicas de tratamiento para el egreso de la cárcel, a la vez de fortalecer la Dirección Nacional del Liberado. Becas laborales e incentivos en el área privada para la contratación de personas liberadas están dentro de los planes del FA.
Por otra parte, la actual oposición entiende que hay que revisar la legislación de las políticas de drogas. Dicen que “especialmente la de cannabis”, tanto para garantizar los derechos establecidos en la regulación como para reducir los impactos del tráfico ilícito. En lo que respecta al tráfico ilícito en general, apuntan a cambiar normativas para garantizar una aplicación “racional y proporcional” de las penas por estos delitos, que suelen recaer en las comunidades más vulnerables, según indican. Para eso se desarrollarán políticas específicas, con perspectiva de género, para poblaciones involucradas en el microtráfico, “promoviendo medidas alternativas a la privación de libertad y su reinserción”.
Para el FA es necesario analizar y promover estrategias de regulación de los mercados de drogas como instrumentos para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta “las experiencias fallidas de la guerra contra las drogas”. Por eso, se promueve la revisión de las políticas de drogas, para “consolidar el paradigma de regulación”.
En cuanto al lavado de activos, dicen que este es “un verdadero problema de seguridad pública, que favorece el avance de la delincuencia organizada y, por ende, el incremento de la criminalidad y la inseguridad”. Como medidas para “enfrentarlo”, refieren a promover el trabajo interinstitucional y coordinado entre los distintos organismos del Estado; profundizar la investigación de las estructuras delictivas y de sus modos de operar; promover el uso de técnicas de investigación patrimonial para perseguir el delito, incautar y decomisar bienes y activos de las organizaciones delictivas, para así atacar “su capacidad económica y su poder”; fortalecer mecanismos de prevención y control financiero y no financiero; implementar dispositivos para prevenir que fondos de origen ilícito se integren a la economía ilegal a través de instrumentos legítimos de inversión; y promover campañas de concientización.
“Considerando el impacto nocivo del crimen organizado en el funcionamiento de la sociedad y las instituciones públicas, se combatirá la corrupción y el lavado de activos, así como todos sus delitos precedentes, con énfasis en el narcotráfico internacional”, concluyen en lo que respecta a seguridad.
Las propuestas del Partido Colorado
El programa del PC presenta un capítulo dedicado a la seguridad pública y el sistema penitenciario, dividido en políticas de prevención integral, prevención del delito, lucha contra el crimen organizado y lavado de activos, profesionalización de la Policía, sistema penitenciario y funcionamiento judicial.
Uno de los primeros puntos planteados por el programa del PC es la creación de un sistema de prevención del delito que asegure a los niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito una contención integral e interinstitucional, además del fortalecimiento de la Policía Comunitaria y el despliegue de políticas públicas para la prevención de la violencia en los barrios, con mesas de seguridad y convivencia ciudadana. En materia de prevención del delito, también plantea la expansión del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial para prevenir y perseguir delitos.
El programa también destaca la realización de encuestas nacionales de victimización como una forma de obtener información de calidad que permite dirigir adecuadamente las políticas públicas de seguridad. El PC propone incrementar los servicios para atender adicciones en todo el país, con la creación de diez centros de rehabilitación y tratamiento, que se instalarán implementando una modalidad similar a la del Plan CAIF.
En cuanto a la represión del delito, el programa propone una lucha frontal contra el delito, enfocada en el “hostigamiento del movimiento criminal, para que los delincuentes sientan una presión constante de una Policía operativa y presente en todo el territorio”, y la profesionalización y el respaldo a la labor policial desde el gobierno, con diversas políticas, entre ellas el incremento de la atención de salud mental en la Policía. Además, plantea el fortalecimiento de las comisarías con aumento de personal y digitalización de los procesos. Otra de las propuestas del PC es el fortalecimiento de la lucha contra ciberdelitos con la creación de una Fiscalía Especializada en la materia y la reglamentación que fue aprobada en este período de gobierno, que tipificó varias maniobras delictivas.
Otro punto destacado en el programa es la reforma del sistema carcelario con medidas como la universalización de planes de intervención personalizados, con especial énfasis en los ofensores violentos, sexuales y domésticos, y la universalización del acceso a tratamiento médico y de adicciones. También propone un proceso de descentralización del sistema penitenciario que permita terminar con las violaciones a los derechos humanos provocadas por el hacinamiento y la precariedad de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
El PC también propone la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tendrá a su cargo, además de las políticas penitenciarias y la promoción de los derechos humanos, la protección de la seguridad jurídica, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia. También será el responsable de asistir al Poder Ejecutivo en su vínculo con el Poder Judicial. Además, propone cambios en la estructura de la Fiscalía General de la Nación, con la posibilidad de que sea dirigido por un órgano colegiado y reformar el Código del Proceso Penal, para fortalecer los principios constitucionales de debido proceso y la presunción de inocencia.