Este miércoles, en respuesta a la conferencia que dio este martes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los principales referentes de la Comisión Nacional Afirmá tus Derechos convocaron a la prensa para dar un mensaje. El encargado de hacerlo fue el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien manifestó que los dichos del mandatario configuraron “un discurso falaz y manipulador”.
Asimismo, el principal dirigente sindical remarcó que las apreciaciones vertidas por el presidente fueron “absolutamente insensibles para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer ni llegar a fin de mes”.
Más allá de que resaltó que los comentarios se hacían partiendo del “respeto a la investidura”, Abdala también cuestionó que el mandatario omitió que “estamos parados en un estrepitoso fracaso de la reforma de la seguridad social del año 1996”. “Al parecer, desde hace 15 años que hay que hacer una reforma a la baja, cuando ellos votaron la reforma de 2008, y si la criticaron fue para cambiar a la alta un conjunto de prestaciones”, recordó el presidente del PIT-CNT.
Abdala también ahondó en la propuesta de la central sindical de modificar las renuncias fiscales, de forma de mitigar el impacto que pueda tener el plebiscito en las cuentas públicas. “En América Latina el porcentaje de renuncia fiscal por exoneraciones está en el entorno de un 3% y en Uruguay está en un entorno de un 6,5%”, detalló. En la misma línea, planteó que “se dejan de cobrar por IRAE [impuesto a la renta de las actividades económicas] e impuesto al patrimonio un volumen de 2.000 millones de dólares”.
“Se menciona la cuestión de una presunta certeza jurídica, pero siempre es para el gran capital y no para la vida de la gente”, planteó Abdala. “Nosotros queremos una discusión concreta y fundamentada”, remarcó durante su discurso. “Es una pena que un presidente que está terminando su mandato lo termine de esta manera, tan alejado de la realidad y de la vida de su pueblo”, lamentó.
Por otra parte, el principal referente del PIT-CNT hizo referencia al artículo 77 de la Constitución de la República, el cual establece que “el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral” no podrán intervenir “en ninguna forma de propaganda política de carácter electoral”. “Vaya si es electoral la consulta ciudadana que nosotros estamos haciendo por tres medidas cautelares que elevan a la seguridad social a [la categoría de] un derecho humano fundamental”, enfatizó Abdala.
Siguiendo con la referencia al mandatario, el presidente de la central sindical manifestó que a la comisión a favor del plebiscito le “gustaría” que “el presidente de la República defienda sus fundamentos en un debate” con alguno de sus integrantes. “Ya es historia vieja que cada vez que el movimiento obrero y popular va por conquistar sus derechos aparecen los mil demonios de la campaña del miedo y de la catástrofe, que luego nunca suceden”, concluyó al respecto.
Las AFAP y la “confiscación”
Abdala recordó que en la comparecencia en el Parlamento del ahora exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres y del coordinador de la última reforma previsional –y también referente de la de 1996–, Rodolfo Saldain, se reconoció que la diferencia entre “lo que cobró la gente como renta vitalicia de las AFAP y lo que hubiera cobrado por el BPS [Banco de Previsión Social] significa de manera anual 216 millones de dólares”.
A su vez, planteó que, teniendo en cuenta que a abril de este año se han jubilado por el régimen mixto 75.205 personas, se llega a un “promedio” en el que se identifica que se “le están confiscando 10.000 pesos por mes” a cada una de ellas. En ese sentido, recordó que, según datos del BPS, 90% de estas personas –alrededor de 57.000– están cobrando como promedio 5.053 pesos a través de las AFAP y que 30% de ellas –más de 19.000– ni siquiera llega a cobrar 2.000 pesos.
Abdala recordó que durante 2023 “se desarrollaron transferencias a las AFAP por un importe de 1.467 millones de dólares” y que además, en lo que va de 2024, esta cifra ha llegado aproximadamente a 924 millones de dólares. En este sentido, el referente sindical remarcó que la eliminación de estas empresas y, por ende, la conservación de esos fondos en el BPS, no va a “generar necesidad de asistencia financiera”, sino que, por el contrario, generará “un efecto en cadena” que llevará a que Rentas Generales “no tenga que cubrir el déficit de la seguridad social”.
“Con estos ahorros, de casi 500 millones de dólares anuales, está bueno que todo el sistema político haga un compromiso de que destinarán [estos fondos] efectivamente a la erradicación de la pobreza y, en particular, de la pobreza infantil”, planteó el dirigente.
El dirigente sindical Sergio Sommaruga agregó, por su parte, que contrariamente a las acusaciones que se le hacen al movimiento sindical, lo que sucede con las AFAP es una “confiscación fáctica, concreta y constatable por el propio informe de proyecciones actuariales” del BPS. En este sentido, recordó que “el dinero que cualquier trabajador tiene en la AFAP no lo puede ir a retirar” –salvo contadas excepciones– y, por ende, no es de “su propiedad en el sentido de la libre disposición”. Contrariamente a las acusaciones, también recordó que la papeleta que se plebiscitará propone “un principio de no menoscabo ni pérdida” de estos fondos.
Por último, en referencia al cuestionamiento de que ese ahorro individual no será heredable, Sommaruga detalló que en lo que va de vigencia del sistema sólo 4% de los afiliados ha heredado a su familia su ahorro individual. A su vez, agregó que desde la comisión que apoya el plebiscito se propone que “en el marco de la ley que tiene que reglamentar el fideicomiso [a donde irá el dinero de las AFAP] se consagre que las personas que tengan derecho a herencia puedan hacer usufructo” de esta.
La discusión sobre el salario mínimo
“Perfectamente el país puede dar un paso más y establecerla en el marco de la negociación colectiva, en vez de que sea unilateralmente definida por el Poder Ejecutivo”, planteó Abdala, como ha hecho en otras ocasiones, ante la crítica de que el salario mínimo nacional, como variable de ajuste de las jubilaciones, puede tender a estancarse.
Sommaruga, por su parte, destacó que ningún “trabajador o trabajadora de la actividad formal regulada por los 24 grupos de actividad de los Consejos de Salarios cobra el salario mínimo nacional”. “¿Cómo se podría planchar el salario de los trabajadores si ninguno se regula por el salario mínimo?”, cuestionó.