El sector del Frente Amplio (FA) Convocatoria Seregnista Progresista presentó, este martes, propuestas “para un acuerdo nacional en seguridad pública”, con base en el programa del partido. El senador y líder del sector, Mario Bergara, aseguró que “no hay soluciones mágicas” en este tema y “no las va a resolver un partido en una administración de gobierno”. “Tenemos que pensar, como planteaba [Líber] Seregni, en una política de Estado que atraviese las administraciones de gobierno”, aseguró.

Para llegar a eso, Bergara afirmó que es “imprescindible” el diálogo y “llegar a algunos acuerdos básicos”. El senador apuntó que “está claro” que se parte “de puntos distantes” con los demás partidos, así como que “este gobierno puso prioridad absoluta en la represión como forma de combatir el delito y no ha tenido resultados”.

El sector propuso una regulación “mucho más estricta y exigente” con respecto al uso de armas de fuego

Según un documento al que tuvo acceso la diaria, la lista 95 hizo ocho propuestas con 20 medidas en cada una de ellas. Algunas de estas consisten en superar el enfoque dual de represión-prevención, en el entendido de que “la investigación es un componente clave dentro del enfoque de seguridad pública”. Por lo tanto, proponen fortalecer la articulación entre las fiscalías, la Policía y los tribunales de la Justicia, “a los efectos de mejorar el nivel de esclarecimiento de homicidios”, así como la creación de una mesa coordinadora entre el Banco Central del Uruguay, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Policía para “fortalecer la política de persecución criminal llevada adelante por la Fiscalía General de la Nación”.

Proponen una reforma del sistema penitenciario con el foco en salud mental y adicciones a las drogas; una medida es “aplicar modelos de evaluación de riesgo de reincidencia para clasificar a las personas privadas de libertad con arreglo a instrumentos estandarizados basados en la evidencia”.

Hay dos propuestas que tienen que ver con la prevención del delito desde lo institucional, y desde lo local y municipal. En el primer caso, plantean el diseño de una “política de prevención integral del delito, que esté inserto en el Poder Ejecutivo y optimizando otros espacios de coordinación existentes”. En el segundo caso, “establecer a nivel de los municipios seleccionados un espacio de gobernanza para la prevención local con la participación de las instituciones y de la sociedad civil organizada”.

Sobre el lavado de activos, el sector propone bajar el tope de transacciones en efectivo de 150.000 a 20.000 dólares. La ley de urgente consideración, impulsada por el gobierno de coalición, subió el tope de 40.000 unidades indexadas -que hoy equivale a 5.600 dólares aproximadamente- a 1.000.000, que a la fecha son 150.000 dólares.

A su vez, proponen considerar que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Junta de Transparencia y Ética Pública “puedan ser parte de una estructura en un futuro Ministerio de Justicia”.

Por otro lado, hacen una propuesta con relación al control de armas, y la prevención y contención del uso de armas de fuego. En ese sentido, consideran que es “necesaria” una regulación “mucho más estricta y exigente”, así como “mayores esfuerzos para la persecución del tráfico de armas de fuego”.

Las dos últimas propuestas tienen que ver con el acceso a la Justicia. Es por eso que buscan “impulsar el ordenamiento cabal del mapa de penas, que resultará en el endurecimiento de algunas y la reducción de otras, con un fuerte énfasis en la protección de la vida humana”. También se busca dar un “impulso a las penas alternativas a la prisión”, apelando a la “reparación de las víctimas, la justicia terapéutica y la reinserción en la comunidad para delitos menores que involucren el ejercicio directo de la violencia”.

Por último, en el marco de una posible creación de un Ministerio de Justicia, plantean la “creación de Casas de Justicia a nivel barrial”; “el rediseño de las seccionales policiales con la finalidad de que brinden una atención ciudadana eficiente y responsable”; la promoción de una Defensoría Pública “más independiente”; y la promoción del fortalecimiento de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, así como promover el fortalecimiento de los programas de acompañamiento a víctimas de delitos sexuales, sobrevivientes de femicidios y testigos protegidos de delitos de homicidios”.

Propuestas seguridad pública by la diaria