Andrés Toriani, diputado electo por el Frente Amplio (FA) en Rivera, recibió a la diaria en su casa el viernes 22, en la previa de la segunda vuelta electoral, que culminó con el triunfo del candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, frente al nacionalista, Álvaro Delgado. A lo largo de esta entrevista explicó cómo volvió a la actividad política luego de su alejamiento del Partido Comunista, después de una crisis que convulsionó la interna de ese sector en 1992.

También habló de su experiencia como director del hospital departamental de Rivera entre 2012 y 2017. Defendió su gestión al frente del centro de salud, y señaló que la decisión por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de alejarlo del cargo se debió a que prevalecieron los intereses del sector privado por sobre los de la salud pública. Además, aseguró que encabezará un proyecto de salud binacional para la frontera Rivera-Livramento.

¿Qué valoración hace de la votación que tuvo el FA aquí en Rivera en la primera vuelta?

El FA en Rivera comenzó el año pasado un proceso de revisión, de autocrítica y de crítica de los problemas que atravesó en todo el país, de la mano de la nueva presidencia de Fernando Pereira, del proceso “El FA te escucha”. En dos oportunidades Pereira y su equipo vinieron a Rivera, recorrieron distintos lugares, entrevistaron gente: desde militantes del FA, de las bases, hasta actores de distintos niveles, político y social. Por otro lado, creo que el desarrollo de una política acertada a nivel nacional del Espacio 609 le aportó un gran envión al interior. Supimos aquí en Rivera formar un grupo de gente que veníamos de distintas experiencias, de distintos partidos, que habíamos tenido responsabilidades en otras etapas de gobiernos del FA, que nos encontramos en la 609 bajo la aspiración y la búsqueda de entendimientos que hizo el entonces senador Charles Carrera, al que quiero hacerle el reconocimiento de esa actitud que permitió, después de seis años de prácticamente no participar en nada de la vida política y haber quedado fuera de la dirección del hospital, reincorporarme en ese espacio. Está demostrando en los resultados electorales que se supo abrir a otros actores de la sociedad, a otros espacios donde ocurre la política en Rivera, y a tener diálogo y entendimiento con sectores que habían sido postergados o ninguneados en los partidos tradicionales, y que se han ido incorporando hasta las vísperas del balotaje.

¿Usted evaluaría ocupar un cargo de gestión en un gobierno de Yamandú Orsi?

Eso forma parte de un compromiso que yo hice con el Movimiento de Participación Popular [MPP] y el Espacio 609, y también en la campaña electoral, que creo que en gran medida influyó en la votación que tuvimos: se va a encontrar una solución jurídica que permita que me haga cargo de toda la gestión del proyecto de salud, renovada y más ambiciosa que la que ya tuvimos entre 2012 y 2017, que desarrolle inmediatamente el hospital binacional o la estructura de salud binacional. Tenemos la gran oportunidad de coincidencia del comienzo del gobierno de Orsi con los segundos dos años del gobierno de Lula. Esas conversaciones ya están avanzadas, ya tenemos una cantidad de articulaciones para desarrollar el acuerdo ejecutivo binacional, que no requiere ningún proceso largo desde el punto de vista jurídico, porque ya existen las normas básicas que lo permiten, para que se realicen las inversiones a través del Sistema Único de Salud brasileño y del Fonasa uruguayo, por medio de la Administración de Servicios de Salud del Estado [ASSE], y crear un gran polo de desarrollo de salud binacional de frontera.

Usted fue electo diputado en dos legislaturas: una que comienza con el retorno a la democracia, en 1985, y la siguiente en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Cómo fue su experiencia como parlamentario hace ya casi 30 años?

Eran épocas muy distintas. [En la primera] se vivía intensamente lo que era la apertura democrática, la recuperación del Parlamento. Estaban en juego revisiones de las legislaciones de la dictadura que había que modificar y mantener una gobernabilidad con normas que provenían de la dictadura. Fueron años muy especiales. Estaban en juego temas como el de la amnistía. Lo que orientaba nuestra acción en ese núcleo de diputados del Partido Comunista era la defensa de la democracia que se estaba recuperando y avanzar todo lo posible en el plano de la recuperación de libertades, y de los procesos de juzgamiento de los crímenes y la búsqueda de los desaparecidos. Todo eso predominó en nuestra actuación durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

Usted se separa del Partido Comunista en 1992 a raíz de un proceso interno que vivió el partido.

Sí, yo me fui del partido en medio de esa crisis en la que se discutió la renovación del partido que encabezaba un movimiento que integramos todos los legisladores. Y fue una experiencia muy dolorosa, muy traumática. Yo la viví directamente porque integraba el Comité Ejecutivo y el Comité Central del partido, y después de que terminó esa legislatura, me aparté de la militancia político partidaria. La división del partido fue un fracaso irreparable.

¿Por qué cree que el MPP votó muy por encima de los otros sectores del FA en Rivera?

Bueno, nunca las cosas tienen una sola razón. Creo que hay una influencia de lo que ha representado el crecimiento del Espacio 609 en todo el país, y que en lo particular aquí le aportamos a la autocrítica que viene haciendo el Frente, unir la reivindicación de mi integración como candidato, recogiendo el sentimiento de la gente de justicia a través del voto, con respecto a las malas políticas que hizo el FA para la salud en Rivera.

¿Usted entiende que la gente consideró que hubo una injusticia cuando fue apartado, en 2017, y decidió repararlo eligiéndolo como diputado en estas elecciones?

Sí. Creo que lo más importante, más allá de mi nombre, es reconocer que la sociedad de Rivera vio el problema, lo entendió y lo mantuvo durante seis años, a pesar de que nadie hablaba de esto. Nadie se ocupaba de lo que había pasado ni con Toriani ni con el hospital. Sin embargo, el deterioro de las condiciones de la salud, la pérdida de los logros alcanzados, se fue sumando a ese sentimiento de la gente de que se había cometido una injusticia tremenda. Es complejo, porque podría decirse que sucede debido a que ahora faltan medicamentos, no hay especialistas, se opera muy poco y hay atraso en todo. Pero yo debo recordar que desde los primeros meses después de que nos sacaron la gente me gritaba en la calle: “Sabemos lo que le hicieron, doctor”. Me gritaban: “Vuelva, Toriani”.

Yo todos esos años dialogué con la gente, porque los dirigentes del sistema político no pensaban que pudiera volver, y cuando me pedían que vuelva, yo no sabía qué decir. No tenía un camino por donde volver. Y lo que la gente me estaba diciendo era que querían recuperar lo perdido. Y estas cosas son las que hablé con Carrera. ¿Cómo hacer una síntesis de una candidatura que surgía a partir del reconocimiento de los errores que se cometieron al sacarnos? Podemos decir que yo vuelvo a la política por las razones opuestas a las que me sacaron.

El proceso de su apartamiento de la dirección del hospital terminó luego de la creación de una comisión investigadora, con la renuncia de la entonces presidenta de ASSE, Susana Muniz. ¿Cómo lo vivió en lo personal?

Mi gestión comienza cuando [José] Mujica era el presidente y Susana Muniz era la ministra de Salud Pública. Antes de ser ministra era la directora de Servicios del Interior de ASSE cuando el ministro era [Jorge] Venegas. En esa condición de directora ella me pidió que integrara el equipo de gestión como subdirector en abril de 2012. Poco después, en 2013, Muniz pasa a ser ministra ante el cese de Venegas. Fue la época de la descentralización y la regionalización de ASSE, que fue la etapa de mayores éxito desde que se creó. Y hay que tener en cuenta que esa política fue la que nos permitió desde Rivera empezar a desarrollar la concepción del hospital en crecimiento, la capacitación y servicios que logramos.

Cuando terminó el gobierno de Mujica, ya habíamos construido un hospital que se había convertido en un centro de referencia de toda la región norte, en dos años y medio. Ya teníamos todas las especialidades funcionando, teníamos una plataforma docente que abarcaba distintas cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Ya teníamos residentes en nuestro hospital de todas esas especialidades. Llegamos a tener la instalación de tribunales para que se graduaran los pediatras.

Cuando comenzó el tercer gobierno del FA, con Tabaré Vázquez, Muniz pasó a ser presidenta de ASSE. Y desde que se integró ese directorio, nosotros vimos que las cosas iban a cambiar, por algunos personajes que integraron ese directorio y ciertas gerencias, y que después fueron los protagonistas de todos los intentos de frenar el desarrollo del hospital de Rivera.

El hospital primero fue intervenido económicamente por la gerencia. Desde ASSE nos empezaron a cambiar las reglas de juego y los recursos de los que podíamos disponer. Después fue intervenido parlamentariamente, podríamos decir, a través de la investigadora, cuando se incluyó el capítulo “Hospital de Rivera”. En simultáneo, fuimos intervenidos administrativamente por una comisión investigadora interna de ASSE que promovió el entonces gerente general, Richard Millán. Terminamos intervenidos en la propia gestión en 2017, porque aun con todas esas intervenciones adversas el hospital se seguía desarrollando. Tuvieron que generar ese nivel de intervención directo a la gestión y separarnos del cargo, cuestionando aspectos que hoy en día serían insostenibles y terminaron frenando el desarrollo del hospital.

Yo siempre pensé que el objetivo era hacer caer a Muniz de la presidencia. No sólo el hospital de Rivera era el blanco de ataques de fuerzas internas dentro de ASSE, que encabezaba ese personaje que mencioné, Millán. Me separaron del cargo en agosto de 2017; en febrero de 2018, con motivo de un escándalo relacionado a un aspecto de nepotismo, ejercido por el vicepresidente de ASSE, que era del mismo grupo que Millán –me refiero a [Mauricio] Ardús–, el presidente Vázquez decidió cesar a todo el directorio.

Fue un proceso muy doloroso, y una experiencia de cómo intereses ajenos a la esencia de las políticas de la reforma, de la gestión de ASSE exitosa de muchos años, se habían infiltrado en la estructura y estaban generando malas políticas, muy especialmente hacia el interior del país.

Lo que se esgrimió en su contra en esa comisión investigadora fue la decisión de realizar ciertos estudios en el centro de imagenología Hugolino Andrade, ubicado en Santana do Livramento.

Ese fue uno de los capítulos. Nosotros fuimos cuestionados por la compra de servicios de tecnología al otro lado de la frontera, entre ellos, Hugolino Andrade, por las tomografías y resonancias. También lo hacíamos en un centro que se llama Unimagem, que tiene medicina nuclear. Nuestra política respecto de eso era hacer lo mismo que hacen los privados. Los dos centros de salud privada que hay en Rivera compraban los mismos servicios que comprábamos nosotros. Y, sin embargo, fuimos cuestionados por una de esas empresas que resultó afectada por ser la que tenía el tomógrafo. Me refiero a Casmer (integrante de Fepremi), porque dejábamos de comprarle una cierta cantidad de las tomografías que allí se hacían.

Mi idea era que si para las privadas es bueno, técnicamente de buena calidad y es más barato, el hospital debería poder hacer lo mismo. ¿Por qué el hospital va a mandar a Montevideo a hacer los estudios que puede hacer acá a 15 cuadras? ¿Y por qué va a hacerlo más caro en el sector privado? 40% o 60% más caro, cuando lo puede hacer a un precio que proteja los intereses y los dineros públicos del hospital.

Eso empezó a generar una serie de contradicciones. Yo sostenía, junto a mis abogados, que teníamos respaldo legal por las leyes que rigen el intercambio de servicios de salud en la frontera. Fuimos cuestionados, no fuimos bien defendidos por la estructura del FA a nivel local, y menos por la estructura parlamentaria en su momento, y prevalecieron los intereses privados, que se vieron afectados por esa gestión que hicimos.

El beneficio para los usuarios rompía los ojos. Nosotros teníamos capacidad para generar niveles de asistencia similares, o mejores incluso, que el sector privado, incorporando la academia y todas las especialidades; también la capacidad de gestionar y comprar lo que todavía no teníamos dentro del hospital de la mejor manera, en defensa de los intereses públicos. El golpe que se nos dio proviene de ese tipo de contradicciones.

Otra de las posibles irregularidades señaladas era que se utilizaban dineros del rubro “Estudios médicos” para la contratación de especialistas.

Claro. Ese fue otro de los centros del debate. Cuando yo asumí la dirección del hospital, en 2012, no teníamos cirujanos. Teníamos uno solo. De los tres que había, dos estaban renunciando y quedaba uno solo. No teníamos pediatras: en toda la semana la guardia de pediatría era sólo los miércoles, había un pediatra de Artigas que venía y hacía la guardia interna, el resto de la semana no teníamos pediatra. No teníamos ginecólogos, no teníamos médico radiólogo, no teníamos laboratorio, no teníamos prácticamente nada.

Fuimos construyendo rápidamente todas esas capacidades con esa visión de que en realidad lo que ocurría era que estaba todo armado para que el sector privado le vendiera todo al hospital. Porque cuando yo te digo que no teníamos nada… No funcionaba el block, por ejemplo. Se operaba en Casmer. Ellos tenían un personal clonado, además de su personal para hacer funcionar su propio block, que son las 24 horas. Habían armado también personal con guardia de anestesistas, cirujanos, especialistas, ayudantes quirúrgicos, enfermería, limpiadoras, para venderle los servicios al hospital en el block de Casmer.

Cuando en pocos meses cambiamos eso mediante la contratación de especialistas, fue celebrado por todo el mundo. Lo que pasa es que cuando se fue armando toda esa documentación para cuestionarnos empezaron a decir: “Están usando dineros que son para ‘estudios médicos’”. Yo respondía: “Mire, si yo no tengo el personal necesario y contrato afuera para operar en Casmer o en Comeri, ¿qué estoy pagando?”. Estoy pagando el uso del block privado, estoy pagando los insumos que se gastan en una operación y estoy pagando el personal: médicos, anestesistas y el resto del personal del privado.

En vez de gastar 100.000 pesos, que es lo que costaba una operación, le ofrezco al anestesista, que es lo que me faltaba, por ejemplo, que trabaje por 20.000 pesos, que trabaje toda la guardia, las 24 horas, que me haga todas las operaciones que yo tengo que hacer afuera pagando esos precios de locos, y soluciono el problema. Entonces, los empecé a contratar directamente en el hospital.

La defensa de que eso es válido jurídicamente la hizo mi abogado para presentar y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo porque no me permitieron hacer mi defensa.

¿De ese episodio concluye que se necesitan mayores niveles de cooperación en materia de salud para las zonas de frontera?

Esto de lo que estamos hablando ocurre en todos los departamentos, no sólo en las zonas de frontera. Es un problema de la contradicción de intereses entre el sector privado y el sector público que en el interior se expresa a través de las empresas que tiene Fepremi en todos los departamentos. En los de frontera podrá tener algún rasgo particular, como esto de tener la posibilidad de hacerlo del otro lado de la línea. ¿Cómo ocurre desde que me sacaron? Para mantener cierto nivel de argumentación formal, algunos estudios de tomografías de pacientes del hospital se mandan a Montevideo. ¿Dónde se hacen? Donde hay licitación, por ejemplo, en una de las filiales de Fepremi en Canelones. O sea que el paciente es trasladado 500 kilómetros a Canelones, porque allá hay una cooperativa de Fepremi que tiene vigente una licitación. Y eso es sólo para llenar una formalidad, para decir que están dentro de la licitación. Es una cada 100 tomografías, el resto se hace acá en Casmer.

La factura que se le paga a Casmer es de seis o siete millones de pesos, 100.000 o 120.000 dólares por mes. Se mantiene el privilegio del tomógrafo en el sector privado. Esto es insostenible, es indecente. Desde que Casmer puso el primer tomógrafo, ya se compraron tres, y el hospital nunca tuvo uno. Ahora es seguro que va a tener si gana el FA, porque nadie se va poder parar ante esta indecencia y decir que es razonable que el hospital pague un millón y medio de dólares al año para mantener el tomógrafo privado. ¿Cómo el hospital que tiene 70.000 usuarios no va a tener uno y sí lo tiene una de las privadas que tiene 38.000 usuarios? Y que tampoco le vende a la otra privada que tiene 25.000 usuarios, porque la competencia entre las dos es impiadosa, entre sí no se colaboran ni se venden nada. ¿Cuál es el resultado? La chica, que es Comeri, compra todo en Santana y Casmer vende 99% de las tomografías que necesita el hospital.

¿Cómo ve hoy el funcionamiento del hospital?

Se ha desmantelado todo. Para consultas con especialistas, los pacientes tienen que esperar en promedio seis u ocho meses. Hay dos equipos para ecografías que están parados y el hospital le compra las ecografías a Comeri. No es sólo un problema con Casmer, también con la otra privada. Y la demora para cada ecografía es de más o menos seis meses. Me pasa constantemente que cuando vienen los pacientes la ecografía ya está vieja. Faltan medicamentos, faltan médicos, no se ha incorporado tecnología ni nuevos servicios.