El martes, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), se desarrolló el conversatorio “La vivienda en debate”, que tuvo como protagonistas al presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado, y a la diputada del Frente Amplio (FA) y senadora electa Lucía Etcheverry. 

El encuentro, moderado por la periodista Pilar Teijeiro, giró en torno a cinco puntos: precariedad habitacional, políticas innovadoras para la producción de vivienda social, gestión de suelo, papel de la Comisión Asesora de Vivienda (Conavi) y financiamiento de las políticas habitacionales.

En lo que respecta a la precariedad habitacional, Delgado no dudó en defender lo hecho por el actual gobierno, que ha hecho “una inversión récord en políticas de asentamientos a través de la Dinisu [Dirección Nacional de Integración Social y Urbana], a través de la cual se han duplicado los recursos destinados, llegando a 480 millones de dólares”, aseguró. Este trabajo, desarrollado a partir del Plan Avanzar, según el jerarca, logró que la curva de asentamientos empiece a “decrecer”, algo que “hace muchos años” no sucedía. 

“Una vez que culmine el próximo gobierno, tres de cada cinco personas que viven en un asentamiento tendrán una solución habitacional a su alcance”, aseguró Delgado, haciendo énfasis en las fortalezas del Plan Avanzar. Por otra parte, valoró la implementación de los subsidios de alquileres a través del BPS y el cambio generado por la LUC para poder alquilar sin garantía.

“Me parece que hay que empezar a reconocer la realidad, pero buena parte de lo que se ha mencionado ahora, la porfiada realidad lo contradice y mucho”, contestó Etcheverry más adelante. La diputada remarcó que de la inversión récord en asentamientos que se señaló, que consistió en 240 millones de dólares adicionales, solo se ha implementado 53 millones y está en ejecución el 6%. 

“La propia directora de la Dinisu [Florencia Arbeleche] planteaba que están llegando a 22 proyectos terminados y esperan llegar en los tres meses que quedan de gobierno a más de 120”, recordó Etcheverry. “En la Rendición de Cuentas del año 2023 lo que se plantea es que viviendas terminadas del programa Entre Todos son 187; convengamos que eso no significa dar respuestas”, agregó. 

“La precariedad habitacional en los asentamientos también es una expresión de la desigualdad y la pobreza. En ese marco hay que dar respuestas rápidas, tenemos que tener respuestas que den a la emergencia en el momento, luego respuestas de mediano plazo y respuestas definitivas”, remató la dirigente frenteamplista. 

Políticas innovadoras y producción de vivienda social

“Hay cooperativismo, ayuda mutua, ahorro previo; han sido constructores de sociedad y de comunidad; tenemos que trabajar muchísimo para que vuelvan a tener las certezas de los plazos y de empezar a construir en los tiempos que permiten a los grupos consolidarse, algo que lamentablemente se ha perdido”, comentó Etcheverry. 

“Queremos que vuelva a funcionar el Sistema Público de Vivienda, y esto implica que cada uno de los organismos que lo componen empiece a mirar al conjunto de la población, que tiene necesidades distintas”, explicó. En esta línea, propuso contar con “un número de viviendas de propiedad pública” que “sean puestas en alquiler” a un precio accesible. Etcheverry agregó que se buscará “construir un observatorio” para saber “dónde están las viviendas en alquiler y qué características tienen” para seguir desarrollando herramientas.

Delgado valoró la importancia de la primera vivienda y el rol en ese sentido del programa Entre Todos. Con esa herramienta, afirmó, el préstamo al que se accede a través de los bancos se “subsidia” por el propio MVOT, quedando como resultante una “cuota similar a la de un alquiler”.

A su vez, Delgado recordó que el Sistema Público de Vivienda no es una institución en sí. “Es un aglomerado de instituciones que nos juntamos y trabajamos coordinadamente”, apuntó, y propuso “darle un marco jurídico”. Según explicó, se trataría de un “marco legal” que dé lugar a la participación de “actores privados” y “actores fundamentales como UTE y OSE o el Congreso de Intendentes”.

Gestión del suelo

“En el interior se impulsó una ley para que los terrenos de AFE que están en lugares excelentemente ubicados -con todos los servicios- puedan quedar disponibles para el sistema público de vivienda y a su vez simplificar los trámites de gestión que antes demoraban”, comentó Delgado sobre lo realizado este periodo.

“La creación del Sistema Público de Vivienda va a ser fundamental para poder articular una cartera de tierras nacional; esas tierras del Estado que tengan utilidad para toda la comunidad, y que no sólo sean para cada organismo propio, sino que tengan un valor colectivo”, apuntó el presidente de Mevir. 

“La primera decisión fue la creación de la cartera de inmuebles de viviendas de interés social -se hizo en el año 2010- que permite que muchísimas cooperativas pudieran acceder a tierras, viviendas para realojo, viviendas para licitaciones con empresas, viviendas para autoconstrucción, es decir, la diversidad de programas y de poblaciones”, comentó Etcheverry. El segundo paso, a su entender, debe ser la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, algo que, recordó la diputada, “lamentablemente no se implementó” por el actual gobierno. 

Por último, llamó a “instrumentar la Ley de Inmuebles Abandonados o Degradados”. “Hay que aplicar la prescripción; tenemos familias que llevan 30 o 40 años viviendo en terrenos donde no hay un dueño o el dueño no cumplió”, apuntó. “Eso implica acceso al suelo con equidad”, concluyó. 

Financiamiento 

“Buscamos mecanismo de financiamiento alternativo como se buscó en el Plan Avanzar”, planteó Delgado. Agregó que también se buscará seguir dotando de recursos al cooperativismo a través de crear, por lo menos, tres “fondos complementarios para el cooperativismo” a través del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacop) y Dinavi. Comentó además que se deberá “seguir trabajando con la inversión pública-privada, como son las viviendas promovidas”.

“La idea es que esos recursos extraordinarios que se han invertido [por la pandemia y la sequía], muchos de ellos, serán utilizados para políticas sociales y en particular política sociohabitacionales”, añadió el jerarca.

“En términos de financiamiento”, Etcheverry evaluó que “tres años de pérdida de salario real implican que también se ha resentido el Fondo Nacional de Vivienda; uno de los aportes fundamentales tiene que ver con la situación del salario medio y ese recorte impacta también en los recursos para la política pública”, lamentó.