El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, se reunió este lunes en Durazno con la Coordinadora de Sindicatos Policiales (Conasip) y presentó un documento con compromisos en “seguridad y respaldo a la Policía”. Se trata de 11 medidas para impulsar la “profesionalización” del cuerpo policial, el “respeto” a la institucionalidad y la mejora de las “capacidades técnico profesionales” de los efectivos.
Cuatro de las 11 medidas están destinadas a mejorar las condiciones laborales y de vida de los funcionarios policiales. En esa dirección se plantea el aumento salarial a los policías y generar un préstamo “limpiasueldo”. Esto último se realizará mediante un acuerdo con el Banco de la República (BROU) por el que se les otorgará un préstamo a los policías que tengan deudas de hasta el 70% de sus salarios; la ayuda del BROU no se dará en dinero, sino que los funcionarios “deberán brindar información acerca de sus deudas” y el banco las saldará. El monto se les descontará del salario, en cuotas.
Orsi también planteó que se rediseñe el Fondo de Vivienda Policial para que tenga representación de los trabajadores policiales; se impulsarán préstamos flexibles y a largo plazo para la compra de viviendas, “que permitan elegir dónde quieren radicarse el funcionario y su familia”. Otra de las medidas será la de “asegurar la alimentación” de “todo el personal” que trabaje en “horarios especiales” en las comisarías rurales.
El resto de las medidas busca generar cambios en la institucionalidad. En ese sentido se plantea una actualización de la normativa sobre calificaciones, evaluaciones y ascensos, incapacidad física y retiro por incapacidad. Orsi se comprometió a revisar estas normativas en los primeros tres meses del eventual gobierno.
También propuso la creación de la Defensoría de la Policía dentro del Ministerio del Interior para que “asuma responsabilidad” en los temas vinculados al bienestar laboral. Entre sus cometidos estará la promoción de la atención prioritaria en salud laboral de los funcionarios y su familia, mediante un programa específico del Sistema Nacional Integrado de Salud. El enfoque en ese punto estará en la atención integral a las enfermedades profesionales.
La propuesta del FA plantea además retirar el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, para trasladarlo a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se propone crear. El traslado de las cárceles será “gradual”, “manteniendo la responsabilidad y las actividades de inteligencia en dichos establecimientos”. También se creará una “nueva política” de gestión de personal que “garantice las necesidades del servicio”, el “equipamiento adecuado” y un “sistema disciplinario que respete la dignidad del trabajador policial”.
A su vez, se insta a la reformulación de las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios, en diálogo con los sindicatos y con la Confederación de Funcionarios del Estado. Con respecto a los privados de libertad, se plantea que su atención se haga en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Finalmente se plantea la creación de 2.000 nuevos puestos policiales, algo que ya había anunciado Orsi. Estos nuevos funcionarios serán destinados a “fortalecer las comisarías” y la Guardia Republicana; en una primera instancia se priorizará el interior y las “áreas críticas de la zona metropolitana”.
En conferencia de prensa, Orsi defendió las iniciativas presentadas en Durazno. “Hicimos la propuesta de aumentar los funcionarios policiales y atender algunos problemas que tiene el funcionario policial, como la salud mental y el endeudamiento”, dijo, y señaló que “sí o sí” hay que “cambiar el funcionamiento de las cárceles”. “Aumentaron a 16.000 los presos y los funcionarios son los mismos. Necesitamos una política criminal determinada o se nos puede escapar de las manos”, sentenció.