“Ley, orden y sanción”. Según el diputado colorado Gustavo Zubía, “esos son los mecanismos para lograr una modificación de la gestión” en seguridad pública. El exfiscal, que hace un mes y medio bajó su precandidatura para apoyar la postulación de Andrés Ojeda, advirtió que este cambio requiere “decisiones que tienen costos que hay que estar dispuestos a pagar”.

Por ejemplo, el diputado se refirió a la represión policial que hubo este miércoles contra los trabajadores de la pesca, que recibió críticas desde el Frente Amplio (FA), y manifestó: “Hay que ponerse los pantalones, las botas o lo que sea para decir ‘yo respaldo a esos funcionarios que, obviamente, estaban siendo agredidos’”.

Hizo estas afirmaciones en el marco de la presentación de las propuestas de seguridad de Ojeda, en la sede central de su agrupación política. Allí, Ojeda dijo que mostrar “una contundente propuesta en materia de seguridad pública” fue una de las tres razones que “selló esta alianza”; las otras dos fueron “el futuro del partido” y “asegurar un segundo gobierno de coalición y ser la clave de la derrota del FA”.

“Ya sabemos que la gente que nos presenta el candidato principal del FA, Yamandú Orsi, fracasó estrepitosamente”, dijo Ojeda. “Sabemos que el gobierno de coalición, que en el Ministerio del Interior ha liderado el Partido Nacional [PN], ha hecho un esfuerzo interesante y ha logrado algunos resultados interesantes, pero hoy el presidente asume que no ha podido con los homicidios”, afirmó.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles a la prensa que, si bien el resto de “los delitos han bajado”, el gobierno no ha podido con los homicidios. Para Ojeda, esto supone “una autocrítica interesante de parte del presidente”: “Creo que por primera vez dice algo más contundente” sobre la situación de este tipo de delitos.

“Los que estamos compitiendo para el próximo gobierno no podemos de ninguna manera tener una mirada de resignación sobre esto. Nosotros tenemos que poder con los homicidios, es nuestra responsabilidad”, afirmó el precandidato del PC, y sostuvo que, en materia de seguridad, “es tiempo del PC”, porque tanto el FA como el PN “ya tuvieron su oportunidad”.

Mil funcionarios para la Guardia Republicana, aumento salarial para los policías y otras propuestas

De acuerdo a un documento elaborado por el equipo técnico de Ojeda, que es coordinado por Matías Bordaberry, abogado e hijo del exsenador Pedro Bordaberry, una de las propuestas es incorporar mil nuevos funcionarios a la Guardia Republicana, para acentuar “su protagonismo en el combate al crimen organizado y al narcotráfico”. Se sostiene que “es prioritario dar el mayor respaldo institucional a la Guardia Republicana”.

En paralelo, se propone un fortalecimiento de las comisarías en el territorio, tanto en recursos humanos como en “iniciativa operacional”. “Aumentaremos la cantidad de funcionarios y vehículos que existen actualmente en las comisarías, volviendo a dotarlas de los recursos para la lucha contra el delito”, se señala en el documento.

Para los funcionarios policiales se promete un aumento salarial para quienes ganen menos de 70.000 pesos, así como “una política de shock en salud mental” para todo el personal policial, que se implementará mediante un incremento de los controles y de la incorporación de “herramientas tecnológicas nuevas y apoyos de recursos humanos”.

Por otra parte, Ojeda y Zubía plantean avanzar hacia una “transformación” del sistema penitenciario. La propuesta procura mejorar la rehabilitación a través del trabajo y del estudio, y otorgar “mejores entornos a los presos de baja peligrosidad”. En concreto, se propone “un cambio institucional, mediante un nuevo servicio descentralizado, cárceles más pequeñas y un sistema penitenciario mixto”, esto es, público y privado.

Al igual que los programas de gobierno del FA y el PN, Ojeda propone la creación de un Ministerio de Justicia, cuyo cometido principal será otorgar “una verdadera independencia técnica a la gestión fiscal”, por un lado, y, por otro, “que los policías no tengan que estar en el proceso de rehabilitación, concentrándose en la prevención, disuasión y represión del delito, y dejando la rehabilitación a cargo de expertos”.

Sin embargo, este último punto del documento no es respaldado por Zubía, quien en una rueda de prensa opinó que el planteo es “medio inoportuno en este momento”, dado “lo que significa el gasto de la creación de un ministerio”.

Por último, entre otras varias medidas, el documento incluye un respaldo explícito al plebiscito constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, los cuales, en caso de aprobarse la reforma, tendrán “todas las garantías inherentes a una orden judicial previa”, se señala. “Entendemos que es una herramienta fundamental para la Policía. Si los delincuentes ‘trabajan’ 24 horas, nosotros los perseguiremos las 24 horas”, se argumenta.