La campaña olvidada: cuando las infancias y adolescencias no forman parte de la agenda

Las niñas, niños y adolescentes son prioridad. Esta frase se repite en discursos, afirmaciones y compromisos que manifiestan todas las candidaturas. Sin embargo, las infancias quedan subsumidas en discursos de campañas que expresan una preocupación y voluntad que se desintegra durante la gestión presidencial y parlamentaria. Las estremecedoras historias de adolescentes explotadas sexualmente en Rivera dejan espacio para la indignación colectiva, compromisos políticos y una posterior indiferencia que signa al sistema de protección en nuestro país.

El conocimiento público de la muerte materna en mayo, de una adolescente de 16 años bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en situación de explotación sexual, dejó al descubierto las incapacidades institucionales de los organismos a cargo de su cuidado y las fallas en la posterior investigación. Días después de la noticia, periodistas y medios de prensa difundieron información sobre otras situaciones de niñas y adolescentes explotadas sexualmente en la frontera entre Rivera y Santana do Livramento. Sin embargo, estas noticias no son novedosas, y su repetición da cuenta de la responsabilidad e inacción del Estado y la comunidad sobre los contextos de desigualdad, violencia y explotación sexual que padecen niños, niñas y adolescentes en situación de protección.

Diversas investigaciones y estudios¹ realizados por académicos y organizaciones sociales dan cuenta de rutas, territorios o lugares reconocidos por la comunidad como ámbitos donde niñas y adolescentes son explotadas sexualmente. En este contexto, hace varios años se denuncia la captación de adolescentes por parte de explotadores que las alejan de sus contextos, las desaparecen de forma intermitente o efectiva, o las asesinan.

La seguridad de niñas y adolescentes no es prioridad

La explotación sexual está constituida como delito a partir de la Ley 17.815, sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes del año 2004, al penalizar el delito de explotación sexual comercial. Normativas posteriores, como el Código del Niño y Adolescente, o la Ley de Violencia Basada en Género, ampliaron las modalidades que tipifican esta expresión extrema de violencia y vulneración de derechos fundamentales.

Sin embargo, los datos sobre delitos sexuales no parecen ser parte de las principales preocupaciones del actual gobierno al momento de hablar de la seguridad pública. Las cifras sobre seguridad publicadas esta semana,² y las publicadas en años anteriores por el Ministerio del Interior, no colocan el foco en estas denuncias, sino en aquellos delitos vinculados a la propiedad privada (como hurtos, rapiñas o abigeato). El Ministerio del Interior registró entre enero y octubre de 2023 un total de 105³ denuncias penales vinculadas al delito de contribución, retribución o promesa de retribución a la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

En tanto, los registros institucionales dan cuenta de un aumento sostenido de las situaciones identificadas. El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia (Conapees) registraba en el año 2023 un total de 346 casos, entre situaciones nuevas o ya abordadas. En tanto, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) registró para el mismo período que el 2% del total de 8.157 denuncias recibidas referían a situaciones de explotación sexual de niñas, niños o adolescentes.⁴

Estas cifras son parciales, ya que representan aquellas situaciones que son debidamente identificadas y denunciadas en algún ámbito institucional.

En este marco, la identificación de posibles situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes bajo protección y responsabilidad del Estado adquieren otra gravedad. Al respecto, en el año 2022 la organización social El Paso denunciaba ante la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil⁵ que “preocupa la situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes en centros de protección estatales con complejas situaciones de explotación sexual y trata, dados los insuficientes recursos y dispositivos para intervenir”. Además, el documento señala que en el caso de más de la mitad de las denuncias recibidas en el año 2020 por la ausencia de adolescentes mujeres (745),⁶ estas se encontraban bajo el amparo del INAU. Al final de su visita, la relatora destacó con preocupación que “en las comunidades existe una cultura del silencio [...]” aunque “el alcance exacto del problema es difícil de cuantificar debido a la escasez o falta de datos”.⁷

En el mismo sentido, informes realizados por el Mecanismo Nacional de Prevención señalan su preocupación por la existencia de prácticas que vulneran derechos, y en particular, casos de abusos sexuales y negligencia frente a situaciones de riesgo.

Frente a la detección de las situaciones, las respuestas institucionales desde los ámbitos responsables han sido negligentes o insuficientes. Existen graves faltas en la actuación policial y judicial para valorar el riesgo y accionar eficientemente en la investigación y protección de las infancias, ante las dificultades presupuestarias y la falta de especialización de la justicia.⁸

Campañas de impacto negativo

Temas tan delicados suelen no formar parte de la agenda política de las campañas electorales. Además de tocar sensibilidades muy profundas, dan cuenta del extremo desamparo en el que se encuentran niñas y niños en situación de vulnerabilidad; situación que atraviesa gobiernos y generaciones de impunidad estatal. Este aspecto fue señalado por la senadora frenteamplista Silvia Nane, quien interpelará en los próximos días a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el INAU por la muerte de la adolescente en Rivera: “Esto no es una cuestión de una u otra administración, terminaríamos en un razonamiento muy simplista si lo vemos así”.⁹

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas adolescencias (que no participan de las instancias electorales, ni cuentan en muchos casos con referencias adultas que los acompañen), y la ignorancia hacia organizaciones sociales que denuncian prácticas sostenidas en el tiempo, ha profundizado su padecimiento y su exposición a situaciones de riesgo de vida o letales. La ausencia de ámbitos especializados, instituidos como autoridades de promoción y protección de sus derechos, como las defensorías de niñas, niños y adolescentes, impide acercar espacios de denuncia autónomos y ser garante de sus derechos en los procesos judiciales.

A nivel electoral, la campaña de mayor resonancia mediática asociada a las adolescencias estuvo vinculada a la construcción de una mirada estigmatizante, como lo fue en 2014 la iniciativa plebiscitada para bajar la edad de imputabilidad penal, proyectando la resolución de los problemas de la seguridad pública en su castigo y penalización. Esta selectividad en la mirada sobre los delitos no permite observar la gravedad de la situación en la que se encuentran las infancias y adolescencias como víctimas de múltiples vulneraciones.

En momentos donde las orgánicas partidarias se encuentran en la elaboración final de los programas de gobierno, que en el caso del partido electo serán las líneas de acción del futuro gobierno, urge incorporar propuestas específicas que propongan políticas de acompañamiento territorial e integral sobre todas las infancias y adolescencias, así como dotar de recursos materiales y humanos a las instituciones a cargo de su amparo y protección.

La repetición sistemática del horror genera una naturalización. Las noticias del departamento norteño han generado impacto esta semana, pero no la realidad que existe en el sistema de protección en Uruguay, situación diagnosticada y enunciada por organizaciones nacionales y el sistema internacional de derechos humanos desde hace varios años. La explotación sexual infantil sigue sin ser abordada en las distintas administraciones, dejando entrever pequeñas puntas de realidad (como la causa Operación Océano, o la adolescente de Rivera muerta recientemente) en icebergs de oscuros intereses económicos que se valen de la mercantilización de cuerpos en situación de vulnerabilidad.

Tamara Samudio es politóloga.