Hace unos días, el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, dijo a InfoRocha que el plebiscito de la Seguridad Social impulsado por el PIT-CNT “no es contra la reforma que hizo el gobierno el año pasado”, sino “contra el sistema que Uruguay se dio en 1996”, y que “busca terminar con el sistema de ahorro individual”. En ese sentido, afirmó que terminar con ese sistema de ahorro “es imposible” porque Uruguay es “un país que tiene una tasa de fecundación bajísima y una relación de activo-pasivo bajísima”.

Según Cabrera, de aprobarse el plebiscito, habrá un “agravamiento del déficit proyectado” que “pasaría de un 2% proyectado al 8%”, y también que su financiación “implicaría un incremento del impuesto al valor agregado [IVA] o de las tasas de aportación, sean personales o patronales”.

Además, este lunes en el programa Arriba gente, de Canal 10, señaló que hay personas con causal jubilatoria que comenzaron a retirar parte de sus ahorros personales de las AFAP [administradoras de fondos de ahorro previsional) en las que están inscriptos.

En respuesta, la comisión Afirmá tus Derechos, que apoya el Sí en el plebiscito de la seguridad social, emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación” por las declaraciones del jerarca. Desde su perspectiva, Cabrera está “sumándose a la campaña de autorización de la población”.

La comisión considera que el presidente del BPS “utiliza su investidura para denostar la propuesta del plebiscito del movimiento popular e intenta generar opinión negativa a partir de supuestos improbables”. Señala que hay “posibles incongruencias” entre la “actitud” de Cabrera y el artículo 77 de la Constitución de la República, y un “problema ético que supone la utilización de su investidura en un tema de definición ciudadana”.

El artículo 77 establece que los directores de entes autónomos, como Cabrera, “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público de carácter político, salvo el voto”.

“Estamos ante una instancia de ejercicio de democracia directa de nuestro pueblo, ante la cual es de primer orden garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía a participar en el proceso democrático de forma libre, sin presiones externas”, apuntan, y por eso indican que “es fundamental que cada ciudadana y ciudadano pueda formar y expresar su opinión de manera independiente, sin temor a represalias”.

Los integrantes de la comisión señalan que es “preocupante” que una figura de autoridad como Cabrera “esté utilizando su cargo para influir en la opinión pública y generar miedo en la población”. “Esto no sólo va en contra de los principios democráticos, sino que plantea un problema ético grave”, aseguran. “Es necesario que las autoridades respeten las instancias democráticas dando lugar al ejercicio libre de las mismas, sin utilizar su posición para manipular o intimidar a la población”, subrayan.

Por lo tanto, consideran que “es importante denunciar cualquier intento de manipulación o intimidación por parte de las autoridades, y garantizar un debate democrático y respetuoso en torno a las propuestas y decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, como lo es en este caso el tema de la seguridad social”.