El plebiscito sobre la reforma de la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT, se ha convertido en un tema clave en la campaña electoral uruguaya. Tanto inversionistas como calificadoras de riesgo han manifestado su preocupación, alertando que el resultado del plebiscito podría tener un impacto más profundo que el propio desenlace de las elecciones presidenciales.

En este escenario polarizado, las posturas están claramente divididas. La diferencia principal entre quienes apoyan y quienes se oponen al plebiscito radica en los cálculos sobre el costo de la reforma. Los promotores sostienen que la medida implicaría un gasto anual de 460 millones de dólares, mientras que los detractores proyectan un impacto financiero mucho mayor, estimado en 1.500 millones de dólares anuales.

Esta discrepancia se debe a la interpretación de cómo se aplicará la equiparación de las jubilaciones al salario mínimo en caso de que gane el Sí. Los defensores del plebiscito calculan el costo por persona, mientras que los opositores lo hacen por prestación, lo que genera una significativa diferencia en las proyecciones económicas.

Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam), y Antonio Elías, economista e integrante de la comisión “Afirma tus derechos”, ambos a favor de la reforma, declararon a la diaria que el costo sería de 460 millones de dólares anuales y aseguraron que, al menos en los próximos años, el país no enfrentaría problemas de financiación.

Según ellos, los opositores recurren al “catastrofismo” y al “tremendismo” al afirmar que la medida sería financieramente insostenible. Incluso, sostienen que la reforma podría generar un excedente de 900 millones de dólares anuales.

Desde la vereda de enfrente, los economistas Martín Vallcorba y Jimena Pardo señalaron a la diaria que, de aprobarse el plebiscito, el impacto financiero inmediato sería de 1.500 millones de dólares anuales, con un aumento progresivo hasta alcanzar los 4.000 millones de dólares en un plazo de 15 a 20 años.

Vallcorba, quien es asesor del Frente Amplio, advirtió que financiar esos montos sería extremadamente complejo, lo que pondría en riesgo la estabilidad económica del país. Además, señaló que el plebiscito no resuelve problemas estructurales más graves, como la insuficiencia de años de aportes que afecta a una gran parte de los trabajadores.

En la misma sintonía, Pardo, quien es experta en seguridad social, subrayó que las consecuencias del plebiscito van más allá de los costos, afectando también el mercado laboral, la inversión y las tasas de financiamiento del país.

Elías no está de acuerdo con ese diagnóstico y explicó que los costos ya fueron estimados por el Banco de Previsión Social (BPS) en un informe en el cual hizo un análisis por persona.

“La cuenta da que el costo de elevar la jubilación mínima al salario mínimo son 460 millones de dólares”, afirmó el economista.

“Campaña mentirosa”

Tanto Elías como González indicaron que la diferencia que mantienen con los impulsores del No, quienes hablan de cerca de 1.500 millones de dólares, radica en que el costo no lo estiman por persona sino por prestación.

“La campaña detractora del plebiscito es mentirosa. Nosotros calculamos el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas en base a que los beneficiarios son las personas por todo el ingreso que reciban en materia previsional y no las prestaciones. Es un disparate que calculen que una persona puede tener dos o tres prestaciones”, afirmó González.

El dirigente sindical estimó que el BPS les transfiere a las AFAP 1.460 millones de dólares por concepto de retención de los ahorros jubilatorios, lo que “es una barbaridad de plata”.

A su criterio, la reforma permitirá un ahorro de 14.100 millones de dólares durante 15 años, al recibir un excedente aproximado de 900 millones de dólares anuales para el fortalecimiento del BPS y políticas sociales.

La visión contraria al plebiscito

Por su parte, Vallcorba y Pardo afirmaron que en caso de que el plebiscito sea aprobado, tendría un impacto financiero inmediato de 1.500 millones de dólares anuales, una cifra que aumentaría progresivamente hasta llegar a 4.000 millones de dólares en 15 o 20 años. Incluso la economista indicó que el costo inmediato afectaría tanto las pasividades mínimas del BPS como otras cajas del sistema. 

“El efecto inmediato que el plebiscito tiene, en caso de ser aprobado, es del orden de los 1.500 millones de dólares por año, un costo que va a crecer año a año. Y acá hay una diferencia con los números que manejan los promotores del plebiscito, y que se explica esencialmente por la interpretación que se hace del alcance que tiene la equiparación de las pasividades mínimas al salario mínimo nacional. Cuando uno lee la papeleta, es claro, y no hay otra interpretación posible, de que se refiere a cada jubilación y a cada pensión. La interpretación que hacen los promotores del plebiscito es que esa equiparación va a tener en cuenta el ingreso de la persona, y lo que se quiere hacer es asegurar que ningún jubilado ni ningún pensionista tenga ingresos menores a un salario mínimo nacional. Eso podría haber sido lo que se quiso hacer, pero lo que está escrito en la papeleta, claramente, no es eso, sino que la equiparación es para cada prestación. Entonces, allí la diferencia de costos es muy significativa”, afirmó Vallcorba.

Asimismo, Pardo explicó que los 1.500 millones de dólares están compuestos por las pasividades mínimas del BPS y los efectos de la papeleta sobre el resto de las cajas del sistema, pero advirtió que existen otras consecuencias además de los costos.

“Para solucionar este problema se necesita dinero; tanta exigencia de recursos, obviamente, condiciona. La papeleta tiene efectos extra-sistema previsional sobre el resto de la economía. Por ejemplo, en qué situación y a qué tasas la economía uruguaya se financia para pagar sus gastos corrientes. También tiene efectos sobre el mercado de trabajo, sobre la inversión, porque si una persona quiere contratar a un trabajador y percibe que hay un riesgo de que a futuro le suban el aporte patronal, de repente no lo contrata. Entonces, todo esto tiene impactos que en el corto plazo no son tan importantes en el sistema previsional, pero sí son muy relevantes en el resto de la economía”, indicó.

Vallcorba, por su parte, advirtió que financiar estos costos sería muy complejo para el país, comparando el impacto con el presupuesto actual destinado a la educación pública y sugiriendo que se necesitaría duplicar el impuesto a la ganancia o cuadruplicar los aportes patronales para financiarlo. En su opinión, estos costos pondrían en riesgo la estabilidad económica.

Además, señaló que el plebiscito no resuelve problemas estructurales más graves, como el hecho de que una parte significativa de los trabajadores no podrá jubilarse ni a los 60 ni a los 70 años debido a la falta de años de aporte. Para el economista, las prioridades de gasto público deberían enfocarse en los sectores más vulnerables y no en las medidas propuestas por el plebiscito.

“Estamos golpeando al capital financiero”

Gustavo González aseguró que los que se oponen al plebiscito deberían contestar sobre los problemas económicos que les generan a los trabajadores. “Que no hagan catastrofismo, que no inventen cosas. Acá, el fondo del problema es que estamos golpeando al capital financiero”, expresó.

Criticó el sistema de ahorro individual de las AFAP, afirmando que es un “robo” porque no permite a las personas retirar sus ahorros.

“¿Por qué nos pagan una quinta parte de todo nuestro ahorro? ¿Por qué si yo quedo desocupado y estoy en una AFAP igual me descuentan, me quitan de mis ahorros el aporte que debería hacer mensualmente? Eso es un robo. Ellos hablan de confiscación. Tienen que aprender algo de leyes. Aquí no hay una casa, no hay un auto para confiscar. Este es un ahorro mentiroso. Es un ahorro que la gente no puede retirar. Ahora, producto del plebiscito, están diciendo que pueden retirar un 9%. Dicen otra mentira, que estamos contra el ahorro individual. No, estamos contra el ahorro individual con fines jubilatorios. ¿Nosotros vamos a estar en contra si una persona quiere ahorrar en un banco? ¿De dónde sacan esto? Estamos contra este ahorro falso. Si usted tiene 20.000 dólares, vaya y pida una parte de eso. No se lo dan. Entonces, los que tienen que contestar son ellos”, indicó.

Afirmó que cuando llegaron las AFAP, lo hicieron por un problema financiero con el BPS y después de 30 años hubo que hacer una reforma porque el problema no fue resuelto.

“O nos mintieron o fracasaron las AFAP. Cualquiera de ambos casos. El problema es que hay mucha plata. Son 22.000 millones de dólares que han capitalizado a través de ahorros e inversiones que han hecho. Ese es el problema de fondo. Y, además, este verso que lo disfrazan de deuda pública, que es una caja chica que puede manotear cualquier gobierno para hacer obras a un índice más bajo que el de los bancos. Entonces, eso es lo que quieren”, agregó.

“Por otra parte, los pronósticos que han hecho sobre el PIB y demás a 40 años es una barbaridad para cualquier economista. En un mundo de incertidumbres como el que vivimos, con guerras, con desaceleración en China, con lunes negro en la bolsa de Estados Unidos, ¿cómo pueden prever estos fenómenos para hacer un cálculo a 40 años?”, se preguntó González.

Sostuvo que durante 15 años esta reforma no presentará problemas de financiación. “Tendremos que ver muchas cosas para ver cómo se sigue financiando. Por ejemplo, es ridículo que los trabajadores tengamos que pagar el 15% y los patronales el 7%. Es sólo en este país que se ve una barbaridad y una injusticia de este carácter. Entonces, todo este terrorismo que están haciendo es producto de que defienden al capital financiero y su estafa a los trabajadores. Acá la única confiscación fue la que hicieron ellos. Y ahora con esta ley obligan a los trabajadores. ¿Esa es la libertad que pregonan los dueños de la libertad? No, más bien es una vergüenza”, afirmó.

Las proyecciones

Con una mirada diferente, Pardo sostuvo que el costo de esta reforma implica 1,3 puntos del PIB y advirtió que hay efectos más allá de los costos del sistema de la seguridad social.

“Hacia 2045, se llega a unos 4.000 millones de dólares. Esto es más que todo el presupuesto de la educación anual. Decimos esto para que las personas se hagan una idea de cuál es el monto de dinero del que estamos hablando y que comprendan que será complejo financiarlo solamente con algunas medidas”, afirmó.

“Para tener como referencia podemos decir que financiar el costo adicional que tendría el plebiscito equivaldría a duplicar el impuesto a la ganancia que pagan todas las empresas. No sólo las multinacionales, sino todas, las pequeñas, las medianas, las grandes. Se tendrían que duplicar todos los impuestos a la ganancia para poder financiar esto”, recalcó Vallcorba.

“Si lo queremos financiar a través de aportes patronales, los deberíamos multiplicar por cuatro, o sea, realmente es un esfuerzo que sería bastante complejo. En mi opinión, es muy difícil que el país pueda enfrentar estos costos sin comprometer la estabilidad económica”, advirtió.

“Entiendo que desde una perspectiva de izquierda, focalizando y priorizando el gasto en los sectores más vulnerables de la sociedad, las prioridades en materia de gasto público deberían ser otras y no las que surgen de este proyecto de reforma constitucional”, finalizó.

En tanto, Elías consideró que se requerirían varias décadas para que la atención financiera comience a “notarse sensiblemente”. “Ha habido una política de afirmar en forma muy tremendista que hay una catástrofe, que al país le va a pasar de todo, que esto es insostenible, etcétera. Los números que manejan los que empiezan a hacer planteos son para dentro de 50 y 75 años”, afirmó. Sostuvo que, al dejar de aportarle a las AFAP, al BPS le quedarán 940 millones más para ir cubriendo el crecimiento de las jubilaciones.

“Esto es lo importante, hay 500 millones de dólares de asistencia financiera del Estado al BPS que no lo va a tener que dar. Y esos 500 millones de dólares pueden destinarse a políticas sociales para los niños, los adolescentes y los hogares en estado de pobreza”.

“¿Quién puede saber qué va a pasar dentro de 50 años? ¿Quién va a permitir un proyecto que aumentó cinco años más su trabajo y que mantenga un sistema de AFAP que paga miseria? Todos los números que hay sobre el tema de pago de las AFAP demuestran que son mínimos. Entonces, es tremendismo puro”, concluyó.