El 25 de agosto, en la celebración del Día del Comité de Base, el Frente Amplio (FA) divulgó un documento con algunas de las medidas que se incluirán en el plan de gobierno, que será presentado a mediados de setiembre. El documento, entre otras medidas, busca generar políticas para erradicar la pobreza infantil, impulsar una reforma del sistema penitenciario, crear convenios público-privados para la atención de la salud mental, convocar a un congreso nacional de educación con resultados “vinculantes” y a un “diálogo nacional” sobre la exploración y la explotación de combustibles fósiles.

Si se observan las medidas propuestas por grupos etarios, el programa del FA propone una “erradicación de la pobreza infantil extrema” y “reducir significativamente la pobreza infantil” durante los cinco años de gobierno, a través de “planes focalizados” en salud, educación, alimentación, vivienda y cuidados. En ese marco, se anuncia un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la garantía de un ingreso básico de “supervivencia a las mujeres” pobres de carácter transitorio, la promoción de la universalización de la educación inicial para los niños de tres años y diferentes líneas de acceso a vivienda para familias con menores a cargo en situación de pobreza, entre otras. En cuanto a las personas mayores, el FA busca garantizar que sean “actores sociales plenos” y mejorar su calidad de vida. Se priorizarán la socialización, el bienestar material, el derecho a la recreación y el turismo.

Seguridad: creación de una fuerza de tareas y reforzar el PADO

En seguridad ciudadana, el FA plantea implementar un Plan Integral de Prevención del Delito, generando modelos de prevención territorial y comunitaria. El programa menciona “zonas prioritarias” y, en ese marco, propone crear una Fuerza de Tareas, “con equipos de investigación criminal de alta dedicación operativa”, y reforzar e intensificar el patrullaje del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), “donde haya controles sistemáticos de motos y de identidad”. Además, se anuncia el desarrollo de sistemas de videovigilancia “en cada una de las zonas prioritarias”.

En cuanto al crimen organizado y al narcotráfico, se buscará “priorizar política y presupuestalmente” la política antilavado y “fortalecer el control de las fronteras”, en particular la hidrovía de la cuenca del Plata, incluyendo “puertos y el transporte de mercaderías”.

La situación del sistema penitenciario también es abordada desde las propuestas frenteamplistas. Se buscará la “mejora de las condiciones de vida” en las cárceles, abordando la salud mental, el analfabetismo y las adicciones, “con especial cuidado en la perspectiva de género”. El programa también habla de planes de reinserción social para los liberados con “seguimiento” desde el egreso y de la creación de dos subsistemas dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación: privación de libertad y medidas alternativas.

También menciona un abordaje a la problemática de los trabajadores policiales: condiciones laborales, equipamiento, regímenes laborales y carga de tareas, así como un fortalecimiento en salud mental.

En ese tema, pero con una mirada amplia, el programa del FA diagnostica una situación grave en cuanto a la salud mental. En esa dirección, se busca el desarrollo de centros comunitarios de promoción de la salud mental, con una apuesta a la complementación público-privada.

Educación: la “base” del 6% del PIB y un congreso nacional “vinculante”

En este asunto, el FA buscará crear un “nuevo diseño” del gobierno de la educación basado en la autonomía y el cogobierno. Se hace explícita aquí la intención de “revisar” la legislación vigente, en cuanto a los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou y, en particular, a la modificación de los consejos de educación inicial y primaria, secundaria y educación técnico profesional.

En esa dirección se menciona la convocatoria a un congreso nacional de educación que llegue a conclusiones “políticamente vinculantes”. A su vez, se propone retomar el “crecimiento” de la inversión en la educación pública “sobre la base del 6% en educación más el 1% del PIB en investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación”. Este punto ha sido uno de los reclamos de los últimos quinquenios de los sindicatos de la educación.

También se propone abordar la violencia en centros educativos con equipos multidisciplinarios, el fortalecimiento del sistema de becas “en todos los niveles” y la creación de la Universidad de la Educación “pública, autónoma y cogobernada”.

Promoción del hidrógeno verde y diálogo nacional sobre exploración y explotación de hidrocarburos

El avance del programa frenteamplista contiene un capítulo dedicado al desarrollo productivo sostenible, con base en una “transformación” de la matriz productiva que contemple “educación, ciencia, tecnología e innovación”, la promoción de una “agenda productiva sostenible” y el mejoramiento de las cadenas productivas de la lechería, la ganadería y la forestación.

Se promueve un “uso sostenible de los recursos naturales”, con un enfoque en la soberanía y la justicia ambiental, además de una profundización de la transición energética, “incluyendo la descarbonización de la economía y la promoción del hidrógeno verde”. Se habla de la implementación de un Plan Nacional de Transición al Desarrollo Sostenible, con la integración de los sectores públicos y privados.

Se buscará un impulso a las energías renovables, como la solar y la eléctrica, promoviendo el recambio de flotas del transporte urbano y suburbano por vehículos eléctricos, y una estrategia “combinada para la complementariedad entre la movilidad eléctrica y la futura movilidad a hidrógeno”. En el mismo documento se menciona impulsar un diálogo nacional “para analizar impactos y alternativas a la exploración y la extracción de fuentes de combustibles fósiles”.

En cuanto al agua, se buscará la construcción de una política de Estado para “garantizar el acceso al agua potable” y el saneamiento como “derechos fundamentales”, además de un sistema de protección de cuencas y recursos hídricos con “acciones para mejorar la calidad del agua”. También se menciona un despliegue de medidas para enfrentar las crisis hídricas.