María de los Ángeles Machado es la nueva directora de la Unidad 20, la cárcel de Salto. Cuando eran pequeñas, ni ella ni su hermana podían pronunciar su nombre, así que optaron por apodarla Kake. Al tiempo, un médico la terminó de bautizar así cuando en una consulta de emergencia no pudo escribir su nombre en una receta.

Hoy, siete de las 29 unidades penitenciarias para adultos son dirigidas por mujeres. Con 41 años, Machado es la cuarta mujer civil que asume este rol en Uruguay, y se suma a tres mujeres policías que desempeñan la tarea.

Las cárceles tienen una lógica vertical. Cuando esa verticalidad es aplicada por una mujer hay estructuras que se mueven. “A eso le sumo: ser mujer y civil. Cuando entré a la cárcel decía: mujer, joven en el sistema y civil, todos los males juntos en una persona”.

Su palo es el de la cultura: “Vengo del teatro independiente salteño. Después de llevar adelante una gestión desde lo artístico independiente en el interior podés sobrevivir a cualquier cosa”. Cuando llegaron a Salto los Centros MEC (oficinas territoriales descentralizadas del Ministerio de Educación y Cultura) empezó a trabajar allí. En 2013, una amiga suya, que es la actual subdirectora técnica de la cárcel, se presentó al primer llamado de operadores penitenciarios. Cuando se enteró de que esto implicaba el ingreso de civiles a las cárceles pensó que era el lugar desde donde podía aportar. Pero el llamado había cerrado. Ingresó en el siguiente.

No fue fácil el cambio. “Me cuestionaron mucho cómo iba a saltar de un mundo a otro. Pero estaba convencida de que era el lugar desde el que se podían librar estrategias y cambiar las cosas”. Dice que “increíblemente” sigue convencida de que es el lugar donde tiene que estar para aportar.

En febrero de 2014 empezó a trabajar en la cárcel. “Teníamos que encarar una gestión en una unidad carente de muchas cosas. Cuando entramos éramos conscientes de que la población que estaba ahí era mucho más de la que debería estar y de que las condiciones edilicias no estaban dadas en ese momento, pero teníamos que hacer cosas en pos del cambio”.

Para empezar a andar idearon el primer convenio con la Intendencia de Salto, que permitía que las personas privadas de libertad tuvieran plazas laborales municipales. Así se creó la brigada ciudadana, cuya primera tarea fue participar en el operativo de limpieza de la inundación más grande que hubo en el departamento en los últimos 25 años. Eran 16 personas y por decisión fue un equipo paritario (ocho mujeres y ocho varones). Al tiempo, acompañaron las tareas de emergencia luego del tornado de Dolores. Actualmente la Intendencia de Salto absorbe laboralmente, por medio de contratos zafrales, a personas que son liberadas.

El desembarco civil

Machado reconoce que desde el primer día la llegada de los civiles a las cárceles ha sido en conjunto con el personal policial: “Todos asistimos a un desafío nuevo. Dentro del casco de la cárcel trabajan exclusivamente los civiles, la Policía está apostada en la custodia periférica. Delimitado el trabajo de cada uno, existen muchas instancias en conjunto”. La plantilla de funcionarios civiles tiene otra particularidad: es paritaria y el desempeño de la función es equitativo para ambos géneros.

El ingreso de operadores penitenciarios significó la apertura para los civiles y también la feminización de la fuerza del trabajo. “La distribución de tareas es equitativa. Es algo natural, no hay rareza. Las direcciones y asignaciones de grado son paritarias. Eso hace que a la hora de hacer políticas hacia las personas privadas de libertad haya una perspectiva de género”.

“Al día de hoy la cárcel de Salto tiene un gran componente de civiles. 80% del personal civil tiene estudios terciarios y universitarios. Eso te lleva a que el llavero [el encargado de abrir las celdas] sea un licenciado en trabajo social, una psicomotricista o un abogado. Hay otra forma de ver y de hacer las cosas’’, asegura.

Una cárcel diversa

Varones, mujeres, personas trans, niñas y niños habitan la Unidad 20. “Tuvimos que pensar actividades y estrategias que incluyan a todas y todos. Es de las primeras cárceles cuya área educativa es mixta, mujeres y varones comparten espacios”.

Apuntan al empoderamiento de las mujeres. Machado considera: “Brindar herramientas de defensa integral para las mujeres ha posibilitado que estén más capacitadas y que puedan tener conocimiento pleno de sus derechos”.

El año pasado lograron instalar una fábrica de mermeladas. “Al día de hoy estamos haciendo un proceso de colocación a través de los familiares en comercios chicos. Nuestra idea es poder abarcar la red de comercios barriales, para poder lograr una producción regular que les permita un sustento a las mujeres que están presas”. Es una producción chica pero sostenida. Los emprendimientos han tenido a las mujeres como prioridad y eso les ha permitido tener cierta independencia. “Ha aportado a que tengan autonomía de los varones, que en muchos casos son otros internos de la unidad”. Poder tener un manejo económico a través de sus familias –que son las que hacen el proceso de colocación– les permite acceder a bienes y servicios que no tenían antes.

40 mujeres en privación de libertad viven con sus respectivas hijas e hijos. Es la cárcel que más niñas y niños contiene en el país; son 17 al día de hoy. Hay desde bebés hasta niños de seis años. “Normativamente deberían estar hasta los cuatro años, pero sabés que hay niños que tienen seis y no tienen un contexto que los pueda sostener afuera. Está claro que los niños deberían estar en otro lugar y no en privación de libertad con sus madres, pero es la realidad que tenemos. Nosotros tratamos de que el lugar que habitan sea amable y que se parezca lo menos posible a una cárcel. Tienen un espacio verde, una cocina amigable, mesas y sillas a su altura, baños adaptados”.

Se trabaja en el proceso de escolarización de cada niño, se hace un seguimiento médico y hay un enfoque lúdico-pedagógico sostenido. Los funcionarios de la cárcel absorben tareas familiares, como ir a las reuniones de la escuela porque las madres no pueden o confeccionar los disfraces para las fiestas de fin de año. “No hay recursos para esto, las familias no pueden pagarlo, entonces los funcionarios le buscamos la vuelta para que esos niños lleguen a la fiesta de fin de año”. En este momento no conciben la unidad sin los niños y sin acompañar los procesos de ellos. “Los niños no están privados de libertad, están al cuidado de sus madres, pero también están al cuidado nuestro. Los niños no deberían ser un problema del sistema penitenciario, pero en muchos casos están mejor sostenidos adentro que afuera”.

También hay personas trans privadas de libertad en la unidad. “Es la primera vez que se alojan en la cárcel departamental. Como se venía trabajando en cuestiones de género fue algo muy natural. Que exista respeto y convivencia con las identidades de género era algo impensado hace un tiempo. Nos alegra la evolución social que han tenido los internos. Esto habla de un crecimiento, de que todo lo que se ha trabajado en estos temas ha cambiado las cosas”.

Continuo movimiento

La cárcel de Salto es considerada una de las “mejores” unidades del país. Es una cárcel que piensa de forma permanente en una lógica extramuros y que está en continuo movimiento. 70% de las 330 personas que están privadas de libertad salen a trabajar. Quienes no trabajan extramuros lo hacen dentro de la cárcel, en tareas de cocina, mantenimiento y limpieza. “Construimos un modelo individual de trabajo, pensando en la persona y en su contexto”, afirma Machado.

“El trabajo va más allá de tener una rutina de ocho horas. Hay cosas que son muy difíciles de implementar porque no existe un hábito. Hay un proceso que hay que reconstruir desde más atrás”. La población que está en la unidad tiene en su mayoría entre 18 y 29 años. “Uno tiene que sentarse a pensar qué pasaba con estas personas cuando estaban en la flor de su desarrollo cognitivo. Seguramente muchos de ellos pasaron hambre. Si haces cuentas, en su infancia este país vivía una crisis inmensa. ¿Les vas a pedir un proceso de escolarización?”.

La mayoría de las personas privadas de libertad estudian. Además de la educación formal, se trabaja en talleres socioeducativos. “El Programa Aprender Siempre es un socio estratégico para eso”. Hay talleres de lectoescritura, narrativa, teatro del oprimido y género.

Al día de hoy hay tres personas que están estudiando en la Universidad de la República. Esas personas cursaron primaria y secundaria dentro de la cárcel. Para el año que viene esperan que esta cifra pueda crecer.

Según Machado, “dentro de la unidad a veces se generan oportunidades que el afuera les negó. Poder terminar primaria, seguir con secundaria, poder llegar a la universidad”. Considera que todos estos elementos operan para disminuir la estigmatización del afuera.

Otro puente con el afuera es la inclusión financiera, una política consolidada que ha venido de la mano del trabajo. “Al principio era impensable, pero es algo necesario. Si bien los salarios los cobra la familia, cada uno puede tener su tarjeta de pago y tiene a resguardo el dinero que gana”. Parte de los ingresos se destinan a un fondo de solidaridad para las víctimas de delito. “Lo tienen como cometido y como deber, hay una conciencia de ellos. En cada emprendimiento existe una voluntad y un direccionamiento para que la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito sea beneficiada”.

La progresividad constituye en un sistema de fases. En la última fase está la chacra, viven ahí y cultivan la tierra, también trabajan en la cría de animales “para poder bajar el costo del Estado”.

Romper con “lo que se espera de los presos”

“No es que te meten preso y todo te cae de arriba, tiene que existir sí o sí un proceso de conciencia y de laburo para poder tener las cosas”. Además de procurar las cuestiones para el día a día a través del trabajo, cuentan con una cuadrilla que hace cosas que “socialmente son insólitas”, por ejemplo, el arreglo de la flota vehicular de la jefatura departamental.

“Los internos arreglan las patrullas para que la Policía haga un seguimiento de seguridad en la ciudad. Hay otra cuadrilla fuera de la unidad que trabaja en el desguace de vehículos que han sido incautados, también aportaron en la construcción de un espacio para la Guardia Republicana. Si lo contás tiene el estilo de García Márquez, es muy raro, supera la realidad. Pero lo hacen todo a conciencia, van más allá de su condena, están convencidos de que a través de esos actos pueden devolverle algo a la comunidad”.

Al comienzo pasaba, por una cuestión de principios, que los internos no soldaban rejas. “Hoy en día está naturalizado, hay una apuesta fuerte para poder sacar las cosas adelante con lo poco que tenemos dado”. También lo hacen con una idea clara: “El Estado es finito y esto es responsabilidad de todas y todos”.

La cárcel es un barrio más

Entre personas privadas de libertad, las visitas, funcionarios, personal de salud y educación, la cárcel concentra unas 1.500 personas diarias. “Hay mucha más gente que en muchos pueblos de Salto. La concentración poblacional que tiene la unidad hace que haya que pensar los servicios del Estado como si fuera un barrio más”. Eso les obliga a tener en cuenta muchas cosas, entre ellas la basura que producen y la lógica de los servicios. “No es pensar el saneamiento o la electricidad para la cárcel, es pensar estas cosas para la dimensión de la cantidad de gente que la habita”. “Tenemos que hacer a la sociedad partícipe de esto también. Salir a golpear puertas al afuera y comprometer, porque la cárcel es un barrio más, todos tenemos que entender eso”.

La educación en contextos de encierro

Para Machado la educación en la cárcel no sólo es viable sino que es “salvadora”, ya que “la educación puede modificar la realidad de las personas”.

“Uno observa los procesos de las personas que están adentro y ve cómo aquellos que van a la escuela o al liceo de repente se suman a los talleres. Esas personas van a tener otro punto de vista en el afuera; esto los impulsará a defenderse de otra forma. Es pedagogía pura”.

La Unidad 20 tiene como meta la escolarización total. “Inicialmente teníamos la misión de que aquellas personas que estaban en la cárcel y no tenían primaria aprobada la terminaran. Hoy es algo natural, en la entrevista de ingreso aparece este dato y automáticamente se genera la plaza y se prioriza la posibilidad de estudio”.

El analfabetismo por desuso es otro emergente de las cárceles. Para eso generaron un espacio de adultos que apoyan a otros adultos para que puedan volver a leer y escribir. “Son estrategias que no están en los libros y que uno va tomando producto de la realidad en la que vive”.

Volver a vivir “en sociedad”

Salir de la cárcel siempre es difícil, “y más en una comunidad como Salto, que es muy conservadora y un tanto clasista”, sentencia Machado. Por eso cree que “las sociedades chicas tiene que construir sus propios procesos”. En este sentido, se trabajó en la construcción de la identidad de la cárcel: pusieron sobre el tapete el tema penitenciario, salieron a golpear puertas y a contarles a otras instituciones que la cárcel existe. “Hay herramientas, estrategias y socios institucionales que juegan, hay un entramado para zurcir”.

“El afuera a veces es más duro que el adentro. Porque con el adentro simpatizan muchas instituciones, pero cuando la persona está afuera vuelve a ser un problema. Entonces como sociedad nos tenemos que cuestionar qué atacamos para bajar los márgenes de reincidencia. Es algo que la sociedad debería llevar como baluarte, porque si bajamos los índices de reincidencia vamos a estar todos más tranquilos. Tenemos que ver entre todos quiénes son las personas que liberamos. Uno se enoja con la inseguridad existente; para cambiar esto hay que poner de todas partes”.

La reforma penitenciaria

Pensar en una lógica planificada del sistema penitenciario era muy difícil hace diez años. “Antes primaba el chacrismo, lo que hacía cada uno en el momento. Falta todavía, pero se viene dando”, dice Machado.

Sobre el pasaje del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a la órbita del MEC, Machado opina que “cumpliría con el cometido original”, pero considera que para eso hay que dotar al MEC de la infraestructura que este cambio requiere. “Históricamente nos quejamos de que es el depositario de todo lo que anda suelto en la órbita pública. Si encima de eso le tiramos un montón de problemas más, con una lógica bastante distinta de la que tiene, va a ser muy complicado”. Pero cree que si al MEC se lo dota con herramientas, los resultados “podrían ser sorprendentes”. También le parecería razonable que la institucionalidad pasara al Ministerio de Desarrollo Social, “pero para eso hay que dotarlo también”.

El castigo desde la cuna

“Hay que ver por qué, cómo y a quienes castigamos. Hay que salir de la lógica del castigo, pero hay que salir desde el vamos. Las personas que hoy tienen entre 18 y 29 años fueron castigadas desde el origen. Ahí empezó el castigo y todos los procesos de exclusión social. Vas criando la bomba y cuando crece te la pasas de mano en mano para ver a quién le explota”, opina.

Machado cree que este sistema no debería estar preparado para el castigo. “De alguna manera el INR tiene otra lógica”. El aprendizaje es del día a día, se trabaja en procesos educativos de manera continua. “Tal vez la palabra no sea ‘rehabilitación’, pero la estrategia viene dada por una lógica de sostén educativo, laboral y de reinserción, aunque a veces uno se cuestiona a dónde se van a insertar si nunca estuvieron insertos en ningún lado”.

“El castigo en muchas de estas personas viene desde el seno primario; vienen de contextos sociales críticos con mucha violencia”, afirma, y por eso considera que el castigo es social: “¿Si no tenés para comer vas a poder ir a la escuela? ¿Te vas a interesar por el desarrollo pedagógico? Seguramente no, porque tal vez tengas que salir a hacer otra cosa”.