En Uruguay hay una denuncia por violencia de género cada 14 minutos. Mujeres Electricistas es un proyecto que promueve la capacitación en electricidad para mujeres en situación de violencia de género. Se desarrolla en el marco del plan de complementariedad social y productiva 2017-2019 del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que fue presentado en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Estuvieron presentes el director general del Inefop, Eduardo Pereira; la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; el vicepresidente de UTE, César Briozzo; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, y el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Matías Rodríguez.

Desde Inefop consideran que la violencia hacia las mujeres es “una de las manifestaciones de discriminación más importantes, que responde a una desigual distribución del poder y a la hegemonía de las relaciones de dominación patriarcal”. Agregaron que “tiene como objetivo el sometimiento y el control, provocando la vulneración de los derechos de las mujeres”. Este proyecto se crea con el objetivo de promover la independencia económica de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad; la autonomía económica es una condición fundamental para desvincularse del agresor.

Mujeres Electricistas es llevado adelante por las áreas de género de UTE y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Dirección Nacional de Políticas Sociales, la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Mides, Inefop e Inmujeres.

El convenio firmado por Inmujeres e Inefop define como meta brindar capacitaciones a mujeres que se encuentran en proceso de salida de situaciones de violencia basada en género. Se enmarca dentro del plan de acción “2016-2019, por una vida libre de violencia de género con mirada generacional”. Este plan considera que “para que mujeres y varones de todas las edades puedan gozar de una vida libre de violencia de género se debe partir de la eliminación de aquellas pautas culturales discriminatorias que no permiten la igualdad y el goce efectivo de este derecho humano, además de la atención integral de las personas en situación de vulnerabilidad por razones de violencia de género”.

La ley integral de violencia basada en género fue citada, que en su artículo 41 habla sobre la inserción laboral de las mujeres en esta situación de vulnerabilidad, y explicita la necesidad de adoptar medidas a través de planes que generen estos espacios.

Eduardo Pereira, el director general de Inefop, considera que “se debe concebir el desarrollo económico del país tomando como base la inclusión social”. Cree que “dar oportunidades a las personas en situación de mayor vulnerabilidad social es un compromiso” y que hay una vinculación directa entre “la capacitación laboral de calidad y los derechos de las personas”.

Puesta en práctica

La identificación de las oportunidades de empleo que podrían surgir desde los sectores productivos vinculados a la cartera de industria y energía fue el punto de partida. El programa se basa en una capacitación básica en instalación eléctrica a nivel residencial y tiene relación directa con el trabajo que se está llevando adelante en torno a la regularización de los hogares que están “colgados”.

La función consiste en acondicionar la energía eléctrica de dichos domicilios para acceder al programa de manera segura y ordenada. Se considera que la demanda laboral será hasta el año 2026, lo que permite proyectar una mayor cobertura si el plan es exitoso.

“Con la generación de empleos sostenibles se promueve la autonomía económica y el ejercicio de derechos en términos más amplios”, explicaron. Además, se busca que las mujeres puedan “apoyarse en el cooperativismo”, y que el proceso de inserción laboral sea acompañado. “Se incorporan al mercado laboral como mano de obra calificada en el plan de regularización de energía de UTE dentro del programa de inclusión social”. A su vez, se busca coordinar acciones para su eventual contratación para la realización de instalaciones eléctricas en cooperativas sociales y de vivienda.

El curso básico podrá ser tomado por mujeres mayores de 18 años. Serán seleccionadas por Inmujeres y recibirán una certificación de lo aprendido. Si bien la capacitación se basa en los aspectos técnicos de la electricidad básica, también comprende dimensiones transversales, como administración, gestión, asociatividad, cooperativismo, género e interseccionalidades. Según los responsables, propone “generar capacidades blandas para promover el asociativismo, y su articulación con el mundo del trabajo a través de acuerdos interinstitucionales para su contratación”. La primera fase es acompañada con apoyo psicológico y jurídico, a través de los centros de respuesta de Inmujeres.

César Briozzo, vicepresidente de UTE, comentó que la regularización de un barrio es viable siempre que ese barrio se organice. “En este caso, las mujeres van a ser protagonistas desde dos lugares: se van a organizar para recibir la energía eléctrica, y a su vez van a estar a cargo de acondicionar los hogares para que la energía eléctrica pueda ser utilizada”.

Briozzo considera “que este es un mercado de trabajo real que resulta fundamental”, y explicó que este piloto puede terminar siendo concreto y viable. “UTE analiza con perspectiva de género todo lo que hace, por eso nos importa y preocupa el acceso a las capacitaciones técnicas para esas mujeres, para que puedan ocupar lugares de trabajo que fueron tradicionalmente ocupados por varones”.

La electricidad es un mercado mayoritariamente masculino, e incluso en los países más desarrollados sólo 2% de las mujeres son electricistas. Briozzo explicó que “este porcentaje tan bajo denota que estamos ante un problema generalizado, con el que Uruguay ya se está metiendo”.

Mazzotti, la directora de Inmujeres, saludó que se haya vuelto “más común” que diferentes organismos del Estado generen políticas públicas que lleguen a las mujeres en situación de violencia de género. Señaló que “hemos dado un paso importante en entender y asumir que las políticas de igualdad de género no responden a una sola institución”.

Asimismo, considera que este programa “es una oportunidad para las niñas, niños y adolescentes que rodean en la mayoría de los casos a las mujeres que atraviesan una situación de violencia”, ya que pueden ver cómo esas mujeres recuperar autonomía y se insertan en el mercado de trabajo.

Según Mazzotti, no hay desarrollo sin mujeres: “Las mujeres somos un factor de desarrollo. No vamos a lograr un Uruguay con un desarrollo urbano y sostenible si nos dejan atrás. Por eso tenemos un compromiso con la productividad y la economía” y “la agenda productiva necesariamente se tiene que articular con la agenda de las políticas sociales desde una perspectiva de género”. En este sentido, considera que el rol activo del MIEM en temas de género ha sido un motor para generar esta sensibilidad.

“El aislamiento y la soledad son características principales de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. Este convenio toma eso en cuenta y permite atender la necesidad de la inserción laboral para generar autonomía, para ella y para quienes la rodean”. Remarcó que “si una mujer no tiene ingresos económicos, las dificultades para volver a tener la oportunidad de generar lazos sociales son muchas”. Por eso cree que “esta es una oportunidad muy innovadora, porque se enmarca en un área de trabajo no tradicional para las mujeres”.

Al cierre, Cosse comentó que desde el MIEM “se quiere abolir la división sexual del trabajo”. “Por eso trabajamos sin descanso, porque si alcanzamos eso lograremos más igualdad, para ser más libres y para tener una mejor democracia”; “capaz que la electricidad no es lo que les gusta, pero les permite entrar en un mundo nuevo que puede abrir muchas puertas en cuestiones relacionadas con la ciencia, el método, la prolijidad, la administración, por ejemplo”.

La jerarca destacó además que esta no es la única línea de acción en este sentido, sino que “se suma a otras actividades que venimos haciendo, como el fomento de la ciencia en niñas y las oportunidades para las mujeres emprendedoras”. También mencionó que se busca transversalizar la política de género en todos los programas del ministerio.

Según Cosse esta iniciativa es además una solución al problema que generan los hogares irregulares. “Estos hogares consumen cuatro veces más y es una facturación que no ingresa”. Considera que “los colgados” forman parte de un problema cultural; “hay hogares que tienen situaciones problemáticas, pero hay otros que no las tienen, que están al lado de hogares que sí pagan”.

Este programa tiene múltiples implicancias, pero sobre todo “es una lucha sin pausa a la violencia de género a través de nuevas oportunidades”.