Las cárceles, como casi todas las instituciones, están hechas por y para varones. Históricamente no han sabido qué hacer con las mujeres que cometen delitos. La invisibilidad femenina en el sistema penal hace que sepamos muy poco sobre sus trayectorias en los contextos de encierro.

La precariedad, los traslados a espacios no aptos y lo provisorio que se convierte en permanente marca la gestión penitenciaria femenina en Uruguay.

Las mujeres fueron entregadas a la gestión religiosa durante décadas. Alojadas en la Cárcel de Cabildo desde 1934, las monjas del Buen Pastor estuvieron a cargo de las mujeres que cometían delitos hasta 1989. Luego de varios cambios institucionales y en el marco del proceso de humanización del sistema, se creó en 2011 el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Dadas las deplorables condiciones de encierro y un derrumbe que era inminente, ese mismo año se trasladó a las mujeres de Cabildo a la recién inaugurada Unidad 5 “Femenino”, situada en el ex hospital psiquiátrico Musto.

No llama la atención la elección de un edificio manicomial para la reclusión de mujeres. Según María Ana Folle, psicóloga experta en abordaje de mujeres privadas de libertad, hay llamativas similitudes entre la población femenina de las cárceles y la de los centros psiquiátricos. La principal similitud está dada por el gobierno de estas poblaciones.

Volver a la deriva

Una vez más, la sede para la privación de libertad de mujeres enfrenta una crisis. Según el Informe 2017 del Comisionado Parlamentario Penitenciario, la Unidad 5 presenta “graves carencias de mantenimiento y estructurales y enfrenta actualmente una plaga de roedores riesgosa para la salud y la conveniencia”; dicho informe, además, detalla tratos crueles, inhumanos y degradantes en un sector e insuficientes condiciones para la integración social en varios sectores. Asimismo, recomienda “promover obras de mantenimiento y reciclaje en la unidad, reparando los graves deterioros existentes, convocando servicios externos para combatir la plaga de roedores”. Remata diciendo que “en la imposibilidad o fracaso de lo anterior proceder a la búsqueda de una locación alternativa para la unidad”.

Culpables

Producto de los roles de género, el delito es un fenómeno mayoritariamente masculino. Actualmente las mujeres representan el 5% de la población privada de libertad, número que se mantiene estable y que no ha superado nunca el 10%.

Según cifras oficiales del INR, hoy son 488 las mujeres que están presas en Uruguay; 253 se domicilian intramuros en el barrio Colón, 242 lo hacen en la Unidad 5 “Femenino” y 11 en la Unidad 9 “Madres con hijos”, donde las mujeres pueden vivir con sus hijas e hijos hasta los 2 años de edad. Las otras 235 mujeres retenidas por el sistema penal se distribuyen en distintas unidades del interior del país.

Hay diez mujeres embarazadas presas, tres en la Unidad 5 y siete en el interior. 38 niñas y niños viven en cárceles en nuestro país, 12 en la Unidad 9 y 26 en el interior.

Para 43% de las mujeres esta es su primera experiencia en el sistema penal (son primarias); 37% son reincidentes y no se ha confirmado la situación del restante 20%. La mayoría (71%) están procesadas pero no penadas, esto quiere decir que sólo 29% saben cuál será su condena.

Los delitos que se les tipifican a las mujeres son diversos. La mayoría (40%) son crímenes contra la propiedad. El tráfico de estupefacientes (26%) está muy presente. Son en general mujeres que se dedican al microtráfico y que representan los eslabones más débiles de las cadenas de distribución de sustancias. Los delitos contra la vida y la integridad física representan el 22%. El resto se reparten entre delitos sexuales (3%), delitos económicos (2%), tráfico de armas (0,7%) y otros delitos (6,3%). Solamente hay una mujer presa por violencia doméstica, cifra que asciende a 149 casos en varones.

Mujeres trans en cárceles de varones

Según el censo oficial para población trans, hay 853 personas trans en Uruguay. Aunque son la población más vulnerada del país, sólo 14 están recluidas. Como ninguna tiene cambio de sexo registral, las 13 mujeres trans que están presas se encuentran en cárceles de varones; 12 en la Unidad 4 “Santiago Vázquez” y una en la Unidad 3 “Libertad”. El varón trans que está preso se ubica en la Unidad 5. Nueve son reincidentes, cinco son primarias. Sólo tres están penadas, mientras que 11 esperan su sentencia.

Las mujeres trans privadas de libertad en la Unidad 4 están en el módulo 4, en un sector que se denomina “Categoría”, espacio que habitan ellas, sus parejas y los varones homosexuales que solicitan estar allí por distintos motivos. Las condiciones de encierro, como en casi todo ese establecimiento, son inhumanas. Varias no saben leer ni escribir, ninguna concurre a educación formal. Dentro del módulo algunas son fajineras (limpiadoras) y otras rancheras (distribuyen la comida), ambos trabajos no remunerados. Sólo una de ellas vive en el módulo 9, un espacio de progresividad que habilita, entre otras cosas, a acceder a una plaza laboral medianamente digna y a vivir un poco menos mal.

Políticas de género

El Departamento de Género y Diversidad del INR se constituyó como tal en 2016. Aporta a la construcción de políticas transversales de género, diversidad y derechos humanos para incorporar a la institución esta perspectiva. Ha generado diversas acciones para el funcionariado del INR, tales como espacios de formación y capacitación, elaboración de protocolos (en particular de revisoría y requisa, espacios harto habilitados para abusos), seguimiento de situaciones de acoso laboral o sexual interno y de casos de violencia doméstica que involucran a funcionarios, por mencionar algunas.

Trabaja también con toda la población privada de libertad (varones, mujeres, personas trans, niñas y niños) a través de programas socioeducativos, talleres de formación, reflexión sobre las masculinidades y las formas de ser mujer, abordaje de la población migrante, las maternidades y las paternidades en contextos de encierro, entre otras cosas.

Las adolescentes que cometen delitos

Según Raquel Galeotti, psicóloga experta en rehabilitación de adolescentes, existe una omisión discursiva de las mujeres que es inherente a los sistemas penales. Explica que sobre las adolescentes que comenten delitos recaen tres significantes: ser adolescentes, mujeres e infractoras.

Se intenta montar un discurso que plantea que son “peores que los varones”, porque además de desafiar al sistema mediante el delito, lo hacen rompiendo los estereotipos de género.

Aparece una triple línea de intervención para las adolescentes: dependencia (devolver a una familia), domesticidad (desarrollar habilidades asociadas a la práctica doméstica y los cuidados) y feminización (trabajo sobre la belleza para invisibilizar la presencia del delito y el encierro).

Galeotti dice que el concepto de belleza está muy presente en el discurso de las operadoras que trabajan con las adolescentes. Les dicen que “es una manera de ser menos visibles para el sistema penal”. Apuntan a la readecuación estética cercana a los cánones de belleza tradicionales para salir del foco de una posible futura captura o detención policial.

La feminización de la fuerza del trabajo penitenciario

Para la criminóloga Ana Vigna, integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (Nacvi), hay funciones planteadas en términos ideales de las cárceles que están contrapuestas con la realidad. Cuando el Estado priva a una persona de su libertad la está sometiendo a una situación de total dependencia (para alimentarse, higienizarse, trabajar, etcétera).

El dilema entre el cuidado y el control es un punto de tensión para el personal penitenciario. Aunque se cree que son contrapuestos, cuidado y control van de la mano: el cuidado es un mecanismo de control para mantener el orden. Cuando el sistema penal asume que los cuidados forman parte de la gestión penitenciaria reconoce una tarea que ha sido históricamente asumida por las mujeres.

Durante mucho tiempo no hubo demasiadas mujeres trabajando en las cárceles, de hecho no podían trabajar con varones presos. Se decía que lo femenino no era necesario, e incluso que era peligroso y contraproducente. Algunos de estos discursos persisten aun hoy, en particular en los varones policías.

La feminización de la fuerza de trabajo penitenciaria se da en pleno contexto de reforma carcelaria, que le ha quitado la gestión a la Policía para pasarla al ámbito civil. Queriéndolo, o sin querer, la reforma no sólo generó el despoliciamiento sino que provocó la feminización. En los llamados públicos para trabajar en cárceles se han presentado muchas más mujeres que varones.

Según el censo a funcionarios penitenciarios, aunque han pasado varios años desde la creación de estos roles, siete de cada diez funcionarios son varones. Esto varía si se divide el funcionariado civil del policial. En el caso de la Policía, 82% son varones y 18% mujeres; pasa lo contrario en los penitenciarios civiles: 60% son mujeres y 40% varones.

La incorporación de funcionarias ha generado resistencias, algo que sucede comúnmente cuando las mujeres se involucran en universos masculinos. Con el tiempo se demostró que la incorporación de mujeres tiene un efecto positivo en la baja de los niveles de conflictividad y violencia, a la vez que mejora el trato entre funcionarios e internos. También se observó que las funcionarias tienen un estilo diferencial para relacionarse con las personas privadas de libertad, con énfasis en el diálogo y la proximidad.

Se cuestiona si esto es por un tema de género, que lleva a que las mujeres desarrollen esta tarea a través de lo relacional, o si tiene que ver en realidad con los puestos que ocupa cada uno. La custodia, la guardia externa y el trato directo en los módulos son tareas masculinizadas. En las áreas técnicas, vinculadas con la rehabilitación y el tratamiento, están sobrerrepresentadas las mujeres. También en la revisoría, ya que tanto en las cárceles de varones como en las de mujeres las que visitan son siempre las mujeres.

Los prejuicios sobre la feminización del trabajo deben analizarse desde el carácter androcéntrico del sistema penitenciario. Si bien las reacciones frente a esto están condicionadas por el género, es quizás más fuertemente influenciado aún por la división civil y policial.

Uruguay es un país punitivo, y según Vigna, “en la sociedad sigue presente la idea de que las cárceles cuanto peor, mejor”. Este contexto hace imposible la construcción de políticas penitenciarias eficientes.

La salud de las mujeres en las cárceles

Para Daniel Márquez, referente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para poblaciones vulneradas, la privación de libertad es brutal con las mujeres. Hay que reflexionar si el cambio de modelo de atención en la salud llegó a la cárcel, y en particular si llegó a las mujeres que están presas. En la atención de salud aparecen múltiples vulneraciones. Las mujeres siguen pariendo esposadas a una camilla obstétrica, aunque existe una decisión institucional de que esto no sea así, y en muchos casos incluso no es necesario porque no hay riesgos para la seguridad. Muchas veces en las consultas también se vulneran sus derechos. “Una mujer no debe estar expuesta a la Policía en una consulta médica o cuando se realiza un PAP, y sin embargo pasa”.

Tenemos que cuestionarnos qué pasa cuando hay mujeres trans encerradas en cárceles de varones. Hay muchos factores que inciden en su salud: inyecciones de silicona industrial, hormonización clandestina, salud mental y una vida de discriminación.

“Pensaba que las personas trans eran la población más vulnerada del país; cuando empecé a trabajar en las cárceles entendí que las personas más vulneradas son las trans privadas de libertad’, agregó. Hay un exceso de medicación psiquiátrica en las mujeres. En las cárceles de varones la coerción es a través de la violencia. Para las mujeres y los adolescentes la coerción es mediante psicofármacos. Esta medicación es un mecanismo de control en sí mismo. Y eso es lo que en realidad buscan las cárceles: control social sin importar los costos de salud pública y de seguridad.

Desde lo simbólico y desde lo fáctico, es irresponsable que ese sea el lugar donde depositamos a las personas para que cumplan penas, como si sirviera para algo, como si su función no fuera solamente generar daños y reproducir la miseria y la violencia.