Una versión de esta nota fue publicada en Cosecha Roja

Una niña de 12 años llegó el viernes 11 al hospital Guillermo Paterson, en la ciudad de San Pedro de Jujuy, Argentina, con dolores abdominales. Al revisarla, los médicos constataron que estaba embarazada. La mamá, que había denunciado en la Justicia que su hija había sido violada por un vecino de la familia, de 58 años, solicitó la Intervención Legal del Embarazo (ILE). El hombre, además de violarla, amenazó con matarla si contaba lo que había pasado.

A pesar de que desde 1921 la ley autoriza la ILE en casos de violación, y de que la provincia de Jujuy se adhirió al protocolo dispuesto para ello, desde el hospital demoraron en llevar a cabo la intervención.

Luego de que la familia y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaron esta situación, la nena fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en la capital provincial, porque de acuerdo con el protocolo los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. Tardaron cinco días en trasladarla. La preadolescente cursa un embarazo de 23 semanas. En casos de violación, la ley no establece un plazo de gestación para interrumpir el embarazo.

La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mediante un comunicado, repudió al director del hospital, Marcelo Villa, por contar con los recursos humanos y demorar la interrupción legal del embarazo de la niña que, “lejos de ser asistida y acompañada, se encuentra siendo revictimizada y evaluada por la moral del equipo médico que debiera estar a su servicio”.

Una vez en el hospital Materno Infantil, el jefe de Maternidad Gustavo Briones, dijo que la postura personal de los profesionales del hospital es “en contra de la interrupción del embarazo“, ya que los estudios “dieron que la menor lleva 6 meses de gestación, aunque el protocolo vigente no establece plazos en torno a ello”. La ILE se seguía dilatando.

Al día siguiente, el ministerio de Salud provincial confirmó en un comunicado que el aborto se hiciera en “cumplimiento con la legislación vigente y el Fallo de la Corte Suprema de Justicia “FAL”. El ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid, detalló que “dada la avanzada edad gestacional (24.5 semanas en la ecografía realizada en el HMI), se decide que el método de proceder será cesárea”.

“El Código Penal establece que por debajo de los 13 años no vale el consentimiento, entonces ya no es que hubo un presunto delito, hubo un delito. Estamos hablando de una violación, por lo que le corresponde sin lugar a dudas el derecho a abortar”, dijo al programa radial A los botes, en Futurock, Stella Maris Manzano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, y médica del fallo F.A.

Manzano se refirió también a la violación del principio de privacidad: desde el hospital difundieron fecha y horario de la cesárea. En cuanto a la práctica, la médica dijo que “la cesárea no es un método para hacer abortos, es para hacer partos”. La Organización Mundial de la Salud, dijo, habla del “aborto con pastillas, la aspiración uterina, el legrado evacuador o la dilatación y extracción, no habla en ningún momento de hacerle un tajo de 10 a 12 centímetros en el abdomen a una mujer o menos que menos a una niña para sacar un feto que no va a vivir”.

Manzano insistió en que lo que van a hacerle no es un aborto, sino “una cesárea super prematura en la que van a dañar a dos personas: a la nena que no quería tener un hijo y al feto que lo están madurando en un intento de que nazca, aunque los médicos sabemos que de los nacidos a las 24 semanas apenas sobrevive un 30 por ciento”. “Yo nunca vi uno que sobreviva en 34 años de obstetra”, dijo y agregó: “Sabemos que los que sobreviven tienen secuelas gravísimas, neurológicas, un 70 por ciento de ellos”.