El 20 de octubre Alberto salió de su casa en Santiago, Chile, para comprar pan. En el camino se detuvo a observar un disturbio en un supermercado, pero no pudo ver mucho porque a los pocos minutos fue detenido por carabineros, que antes de llevarlo a la comisaría lo golpearon con escopetas, lo bañaron en alcohol y lo acusaron de “robo con fuerza en lugar no habitado”. Cuando su novio fue a buscarlo, los carabineros gritaron “hay un maricón aquí adentro” y volvieron a patearlo, golpearlo con puños y objetos contundentes, a la vez que lo obligaron a desnudarse y le dijeron insultos homofóbicos. El joven pidió que le realizaran una constatación de lesiones, algo que la normativa chilena establece como un derecho, pero no se lo permitieron. Al día siguiente se le dictó prisión preventiva. Estuvo privado de libertad durante 14 días.

El de Alberto es uno de los 16 casos de violencia institucional hacia disidencias sexuales que activistas, personalidades de la academia, feministas y organizaciones LGBTI incluyen en el informe “Violencia a cuerpxs disidentes en Chile. El pre, durante y post estado de emergencia del gobierno de Sebastián Piñera”, presentado en las últimas horas. El documento, realizado de forma autónoma, releva hechos de violencia contra lesbianas, gays, travestis, personas trans y no binarias ocurridos entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre en el marco de las protestas desatadas el 6 de octubre por el alza de las tarifas del Metro de Santiago, convertidas hoy en un grito de rechazo a todas las políticas impulsadas por el presidente Piñera.

En el reporte, que se puede consultar en este link, se aclara que la información se obtuvo mediante la recopilación de datos publicados en los medios de prensa y redes sociales, y de denuncias presentadas ante organizaciones de la sociedad civil, redes autónomas y centros culturales. “Aplicamos la técnica de muestreo bola de nieve, dadas las complejidades de acceso a la información”, aclara el texto.

Las organizaciones aseguran que “los agentes policiales y militares siempre han sido violentos con los cuerpos disidentes”, pero que los abusos se “profundizan en estados de emergencia” como el que vive Chile. “Las violencias a estos cuerpos, tras la declaración del estado de emergencia y el toque de queda, se replicaron en distintos puntos del país, inoculando todo el odio fundamentalista de los sistemas sexistas, lesbotranshomofóbicos, racistas, clasistas de los agentes de seguridad del Estado”, critica el informe. “De esta forma”, agrega, “hechos que estas instancias –fuerzas de orden y seguridad y Ejército– mencionan como acciones aisladas que responden a responsabilidades individuales, reflejan un accionar colectivo histórico que se inflama en los estados de suspensión de derechos”. El reporte busca entonces “aportar a la visibilidad y denuncia de estos hechos, sobre todo por la subordinación al imaginario heterosexual que poseen los datos existentes en torno a violencia en contextos de conflicto social”.

Las violencias hacia las disidencias sexuales poseen características específicas, que en el informe se identifican: violencia selectiva (cuando, por ejemplo, en una manifestación el foco de “control y orden” se concentra en los cuerpos disidentes); mención de un género que no corresponde (decirle “señor” a una mujer trans); actos de humillación física y verbal que aluden a la orientación sexual e identidad de género; golpes excesivos y con elementos contundentes justificados por su orientación sexual e identidad de género; amenazas que involucran “violaciones con tintes correctivos y muerte” por la orientación sexual o identidad de género; la imposición de desnudarse frente a sus agresores; tortura sexual que incluye extorsiones, obligación a realizar actos sexuales, penetraciones con objetos y violaciones.

En todos los casos relevados las personas afectadas no superan los 35 años y, en términos generales, la mayoría pertenece a una clase socioeconómica baja, algo que, según señala el informe, “expresa el clasismo de las prácticas militares y policiales”. Muchas de las víctimas han elegido no formalizar las denuncias, para evitar volver a sufrir una nueva situación de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

Los casos de violencia policial contra personas LGBTI en Chile, durante el período seleccionado, desbordan los 16: los colectivos aclaran que han recibido otras denuncias pero que no fueron incluidas porque la víctima no quería visibilizar lo sucedido o porque “no fue posible un seguimiento directo”.

Quienes elaboraron el reporte aclaran que la información recabada importa pese a que el gobierno haya levantado el estado de emergencia y el toque de queda, porque “la política represiva se dejará caer con nuevas formas que se ven reflejadas en las nuevas medidas anunciadas por Piñera para mantener el orden público”. Pero además, agregan, porque es necesario “romper el cerco de silencio comunicacional que no considera la especificidad de la violencia” que afecta a quienes no entran en la heteronorma.