Matrimonio infantil: una problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes también en Uruguay

El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada en todos los continentes pese a que viola los derechos humanos y tiene graves consecuencias en la vida de niñas, niños y adolescentes. Tiene además una clara marca de género, ya que afecta a las mujeres de manera desproporcionada: a escala mundial, la tasa del matrimonio infantil de los niños varones representa tan sólo una quinta parte de la de las niñas, de acuerdo con datos de UNICEF.

Lejos de ser una excepción, el matrimonio infantil todavía tiene vigencia en América Latina y el Caribe, incluso cuando cada vez más países cuentan con leyes contra las uniones tempranas. Tanto es así que una de cada cuatro mujeres se casó antes de los 18 años en esta región, según revela el informe “Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas” publicado el mes pasado por UNICEF. El documento alerta sobre los efectos perjudiciales que tiene esta práctica en la vida de las mujeres, que pueden incluir el abandono de los estudios, la pérdida de la autonomía económica o el mayor riesgo de atravesar situaciones de violencia de género.

“Las uniones tempranas o matrimonios infantiles dificultan que las mujeres jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida [...] No podemos mantener los ojos cerrados ante esta gran pérdida de potencial y derechos olvidados”, dijo el director regional interino de UNICEF para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen, durante la presentación del documento. La asesora regional de género del mismo organismo, Shelly Abdoll, agregó: “Si no actuamos ahora contra las uniones tempranas y el matrimonio infantil, el presente y futuro de las adolescentes están en riesgo por el fuerte impacto que tiene la maternidad temprana, los riesgos elevados por la violencia de pareja y las consecuencias del abandono escolar. ¿Hasta cuándo seguiremos callados ante esta brutal reproducción de la desigualdad?”.

Los países en donde se registran más matrimonios infantiles son República Dominicana (en donde 36% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir 18 años), seguido por Nicaragua (35%), Honduras (34%), Belice (33%) y Guyana (30%), según revela el informe. Entre los más bajos aparecen Jamaica (8%) y Trinidad y Tobago (11%). De acuerdo con el organismo internacional de protección de las infancias, si continúa la tendencia, para 2030 América Latina y el Caribe tendrá uno de los índices más elevados de matrimonio infantil del mundo, por detrás de África subsahariana. Esto podría estar vinculado a que las niñas con mayor riesgo de enfrentar una situación de matrimonio infantil en la región viven en áreas rurales y en hogares pobres con menos acceso a la educación, revela la investigación.

El mismo informe confirmó por otra parte el impacto que tiene la práctica en la maternidad infantil: 58% de las mujeres que se casó durante la infancia fue madre antes de los 18 años, mientras 28% dio a luz antes de cumplir los 20, asegura el documento.

Erradicar el matrimonio infantil es uno de los principales objetivos en los que trabajan UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, que entre otras cosas piden un mayor alineamiento de los marcos nacionales a las normas internacionales, la puesta en marcha de programas para apoyar el empoderamiento de las niñas y adolescentes, y políticas públicas y servicios que contribuyan a la prevención.

¿Qué pasa en Uruguay?

Las cifras que presenta UNICEF hablan de una realidad que, quizás, percibamos como lejana en el país. Sin embargo, también hay niñas que se casan o tienen uniones informales tempranas en Uruguay, y el porcentaje no es bajo: de acuerdo con el informe citado, 25% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir la mayoría de edad.

Ese número fue relevado de una encuesta por hogares realizada en 2013 por UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social sobre la situación de la infancia y las mujeres en el país. El documento, que es el que tiene las cifras más actualizadas en materia de matrimonio infantil en Uruguay, revela que –como en el resto de los países del mundo– el fenómeno afecta mayoritariamente a las niñas. Por eso, la oficial de Protección de la Niñez de UNICEF Uruguay, Lucía Vernazza, asegura que podría ser considerado una forma de violencia de género. “Tal vez no lo tengamos visibilizado como una forma de violencia de género, pero es sin dudas una problemática que afecta los derechos especialmente de las niñas”, dijo en ese sentido a la diaria.

La encuesta también establece que las uniones tempranas en Uruguay se dan con más frecuencia en la población con menos ingresos –la prevalencia es de 29% en la población más pobre y de 6% en los sectores más ricos– y pasa más seguido en las áreas rurales. En ese sentido, el documento muestra que 25% de las mujeres que se casaron antes de los 18 años y que al momento de la encuesta tenían entre 20 y 49 años vivía en el medio rural, un porcentaje que se reducía a 14% en el caso del medio urbano.

El estudio aporta otro dato vinculado a la clase socioeconómica: mientras las mujeres de los hogares del 60% más rico de la población tienen 3% de probabilidad de casarse con un hombre diez años mayor, las que pertenecen al 40% más pobre tienen casi 14% de chances. Otro factor que aparece a la hora de explicar las uniones tempranas tiene que ver con el nivel educativo, ya que –siempre según la misma encuesta– el fenómeno afecta a 22% de las mujeres que han tenido menos acceso a la educación formal y no llega a alcanzar a 1% entre quienes transitaron por el sistema educativo.

“En estos datos se ven bien las inequidades y cómo el matrimonio infantil está muy relacionado a las mujeres vulnerables”, aseguró Vernazza. “También mostraron algo que nos llamó la atención y que tiene que ver con las diferencias de edad entre la mujer y su pareja, y cuántas de esas uniones de mujeres eran con varones que les llevaban más de diez años”, agregó. La representante de UNICEF dijo que estas situaciones son las que más preocupan porque allí se acentúan todavía más “las situaciones de desigualdad de poder”.

A la hora de ahondar sobre el impacto de las uniones tempranas en las niñas, Vernazza habló de consecuencias en la salud “porque hay posibilidades de embarazos no deseados, con lo que eso conlleva cuando sos adolescente” y la alta tendencia a la deserción escolar, lo que “tiene consecuencias sobre las posibilidades de proyección futura y limita también su capacidad de generar ingresos”. Al mismo tiempo, reiteró que el matrimonio infantil aumenta las posibilidades de violencia de género, en particular “cuando la diferencia de edad es muy grande”.

Hasta 2016 el matrimonio infantil no era un tema que preocupara a UNICEF en Uruguay, pero los resultados de la encuesta obligaron a la institución a poner la problemática arriba de la mesa. “Teníamos muy claros los temas como la deserción en educación media u otras cuestiones, y cuando hicimos la encuesta nos saltó que 25% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18 años, lo cual nos sorprendió y nos pareció muy alto para un país como Uruguay, con el grado de desarrollo que tiene”, explicó Vernazza. A su entender, la sorpresa tuvo que ver con que la sociedad uruguaya piensa en el matrimonio infantil “como esa imagen de la niña vestida de novia obligada a casarse con el señor de 50 años”, cuando en realidad “el concepto abarca a toda unión estable e independiente cuando tenés menos de 18 años”. En este punto, la representante también hizo una diferenciación entre “matrimonio infantil”, que refiere a cualquier unión que involucre menores de 18 años, y “matrimonio forzado”, en el que sí o sí hay un adulto que obliga a casar a la niña sin su consentimiento o contra su voluntad.

¿Cómo pueden trabajar los estados y la sociedad civil para erradicar el matrimonio infantil en Uruguay? Vernazza planteó tres propuestas. En principio, opinó, hay que “terminar de diagnosticarlo bien”, lo que requiere principalmente actualizar los datos. “Sobre todo porque creo que todo el trabajo que Uruguay ha hecho en el tema de embarazo adolescente puede haber impactado en este fenómeno también, porque se hace un trabajo muy fuerte con las adolescentes de empoderamiento y eso puede hacer bajado los niveles de unión temprana. No lo sé con certeza, eso hay que medirlo”, dijo. Lo segundo es “trabajar el empoderamiento de las niñas para que conozcan sus derechos, porque muchas veces no saben que hay otras opciones”, aseguró. Lo tercero, puntualizó, es reformar la normativa uruguaya sobre el matrimonio y adecuarla a los estándares internacionales. El Parlamento empezó a caminar en ese sentido, pero los pasos avanzan lento.

Cambiar el marco legal: un proyecto en stand-by

El Código Civil de Uruguay establece desde 2013 que el límite de edad legal para casarse es de 16 años. Si bien esto representó un avance en comparación con la situación anterior –antes de esa fecha el límite era de 14 años para el niño y 12 para la niña–, la ley continúa admitiendo los matrimonios de adolescentes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de un reclamo global, ha instado al Estado uruguayo a que fije los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio para adaptarse a los estándares internacionales. En 2016, varias agencias de esa organización y representantes de la sociedad civil uruguaya trabajaron en un proyecto de ley para lograr esa modificación, que unos meses después fue entregado a legisladoras de distintos partidos. Entre quienes confeccionaron el documento estaba la ex senadora frenteamplista Margarita Percovich, que recuerda que en ese momento se habían detectado “muchos abusos” en el seno de uniones entre menores de edad y adultos, “sobre todo en el interior del país” y en general con fines de explotación sexual, según dijo a la diaria.

En julio de 2016, después de introducir algunos cambios, un grupo de senadoras y senadores presentó el proyecto de ley en el Senado. En la exposición de motivos se argumentaba entre otras cosas que “el matrimonio en edades tempranas afecta los más elementales derechos de niñas y niños”, incluidos “el derecho a la autonomía y capacidad de toma de decisiones, derechos a la salud, derechos sexuales y reproductivos, ausencia de momentos de juego y desarrollo personal, derecho a la educación y tantos otros”. El texto agregaba, al mismo tiempo, que desde una perspectiva de género “esta situación provoca en las niñas un obstáculo para el acceso a oportunidades educativas y de empleo, y en muchas ocasiones además se vincula a una prevalencia de situaciones de violencia basada en género”.

Pero la iniciativa todavía no fue discutida por el pleno del Senado y, desde entonces, permanece a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta. “Tuvo un impulso bastante bueno cuando entró y después quedó durmiendo en el Parlamento”, dijo Vernazza, y reconoció que por eso una de las intenciones actuales de UNICEF es “reactivar” la discusión.

Percovich también dijo que la iniciativa “está durmiendo en el Senado” desde 2016 y aseguró que es “una de las cosas que están pendientes en la agenda de género en Uruguay”. Para la activista por los derechos de las infancias y las mujeres, el trámite no avanza porque quienes asesoran a los legisladores “no estudian sobre las obligaciones en esta materia a nivel internacional”, han hecho observaciones “antiguas” y tienen un discurso “conservador”. “La realidad es que, en general, las cuestiones de la niñez y la adolescencia no están en la agenda”, criticó Percovich. Y agregó: “Se trabaja divino para la protección de la primera infancia, pero después de que las chiquilinas y los chiquilines cumplen tres años nadie se ocupa”.