Según expertas, “estamos insertos en un mundo impregnado de violencia”

La violencia de género es un problema social. En lo que va de 2019 se registraron 19 femicidios. Cada 15 minutos se radica una denuncia policial por esta causa. Para enfrentar esta realidad, la Universidad de la República (Udelar) apuesta al diálogo.

Con este cometido, la Facultad de Derecho (Fder) de la Udelar y la Comisión de Derechos Humanos de Presidencia (CDHP) organizaron la actividad “Enfoque interdisciplinar contra la violencia hacia la mujer por razones de género”. Varias de las intervenciones estuvieron a cargo de especialistas del derecho que se centraron en la Ley 19.580, de Violencia hacia las Mujeres basada en su Género, promulgada en 2017 y aún con escasas certezas de implementación. La ley define la violencia de género como una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, la libertad, la dignidad y la integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial de las mujeres.

Compromiso institucional

Cristina Mangarelli, decana de la Fder, dijo que la institución debe cumplir un “rol importante” en la prevención de la violencia hacia las mujeres. Consideró además que la ley aprobada es “un desafío”, por lo que “continuará siendo analizada por varios institutos en la facultad”. Este año se abrió una línea de investigación específica en el Observatorio de Calidad Legislativa, donde se analizan las leyes más importantes aprobadas, según explicó la decana. Mangarelli mencionó el convenio contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en junio de este año, que aún no ha sido ratificado por Uruguay. “Debe tomarse en cuenta”, sugirió.

La doctora explicó que, más allá de las normativas, hay que seguir interpelando los estereotipos de género que la sociedad asigna a las mujeres. “Cuando estudiamos y analizamos los roles adscritos a las mujeres, observamos también su sinrazón”, dijo. Y agregó que “todo el derecho debe ser estudiado con perspectiva de género”. La decana aprovechó la oportunidad para anunciar que presentará una propuesta para hacer un abordaje transversal de la historia del derecho con perspectiva de género.

A su turno, Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, explicó que es fundamental que “tanto la política pública como la academia, en el diálogo con la sociedad civil, construyan actividades y acciones donde sea clave el empoderamiento de la ciudadanía”. El jerarca señaló que existe un componente cultural muy importante en la violencia de género. Por eso, “generar un cambio requiere normativa, pero sobre todo instalar procesos de diálogo, de construcción de vínculos, que puedan mirar dónde están los hitos o los nudos críticos que hacen que se reproduzca la violencia”. Dijo también que no se puede reducir la violencia a un asunto privado. “Los niveles de violencia son preocupantes y se expresan en las personas con mayores niveles de vulnerabilidad, como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, definió.

Perspectivas

“Estamos insertos en un mundo impregnado de violencia”, afirmó Luz Calvo, docente de Derecho Privado de la Udelar. “Cuando iba a la escuela, a mis padres no se les ocurría pelearse con la maestra. Pienso en los modelos de violencia que tienen los niños que van a la escuela cuando son sus propias madres, mujeres, las que atacan a las maestras. Tenemos que ir a la raíz: a la educación”, reflexionó.

Planteó que las tobilleras electrónicas presentan diversas dificultades. “Los taxistas, por ejemplo, alegan que no pueden usarla porque los afecta en el trabajo, presentan recursos de inconstitucionalidad y dicen que cuando se sube un pasajero no saben si pueden tomar el viaje, porque no saben si los llevará a la zona prohibida”, mencionó como ejemplo. Valoró el gran aumento de las denuncias y lo atribuyó a “un cambio en las costumbres”, como el acceso de la mujer al mundo del estudio y el trabajo, y la resistencia de sus parejas a esto. Además, dice que “antes las mujeres aguantábamos todo, porque ese era el modelo”. Otro asunto es la visibilidad, “porque antes las cosas quedaban de las puertas para adentro”.

La doctora valoró que la nueva ley “elimina toda mediación y conciliación”, al tiempo que “establece que no importa quién figure como titular del inmueble: el que se va de la casa es el agresor, y quien queda dentro es la persona que recibe la violencia”. Mencionó las medidas de protección que se deben fijar, como una pensión alimenticia a favor de la mujer y de las y los hijos que tenga a su cargo, que la tenencia provisoria de las y los hijos no se le puede entregar nunca al agresor, así como la suspensión de las visitas del agresor a las y los hijos de menos de 18 años.

Para Flor de María Mesa, doctoranda en Derechos Humanos y cocoordinadora de la Red de Género de la Udelar, la violencia hacia las mujeres “debe entenderse como un problema social” ya que, “si bien hay un responsable directo de la violencia –en la mayoría de los casos es un varón–, el problema necesita soluciones integrales, que deben construirse a partir de un enfoque interdisciplinar”. Valoró que la igualdad debe sentirse todo el tiempo y en todos los espacios en los que las mujeres participan. Junto a otras colegas de la Udelar, desarrolló la investigación “Violencia hacia la mujer en la agenda pública: aportes en clave interdisciplinar”. Se constató la necesidad social de desmontar los mandatos “que hacen daño a todos, no solamente a las mujeres”, así como la urgencia en deconstruir la masculinidad hegemónica, que “daña, mata y termina con la autoeliminación de los femicidas”. Para Mesa, también es imperativo destruir la idea del amor romántico, “que vive y lucha a través de los cuentos y las telenovelas, en los que están presentes los estereotipos y los prejuicios”.

A la raíz

Alicia Castro, docente de Filosofía del Derecho y miembro del Grupo de Derecho y Género de Fder, señaló en su intervención que la violencia es un problema estructural y dijo específicamente que la violencia de género es producto de un modelo patriarcal, que también se manifiesta culturalmente.

La docente esbozó una crítica a la formación que brindan en la facultad: “No se nos enseña a ver más allá ni más acá de los principios jurídicos establecidos. Asumimos de forma totalmente acrítica que el derecho siempre es justo. Eso nos hace ignorar algo singularmente importante que quizá no nos guste, y es que el derecho reproduce las estructuras de poder vigentes en cada sociedad, y de ese modo las consolida y las legitima con singular eficacia, utilizando su poder autoritativo y su prestigio moral. De ese modo, también consolida injusticias estructurales y tiende a perpetuarlas”.

Para la especialista, las normas jurídicas juegan un rol importante en la legitimación y reproducción de la discriminación y la violencia contra las mujeres. “A la hora de interpretar y aplicar esas normas, nuestra cultura jurídica y nuestros estereotipos de género condicionan las miradas y las decisiones”, explicó.

Castro reflexionó que históricamente el derecho “ha sido androcéntrico”, porque hasta hace muy poco tiempo “ha sido hecho, interpretado, enseñado y aplicado sólo por varones, por lo que inevitablemente ha expresado la mirada masculina sobre el mundo y ha atendido a los problemas, intereses y valores de los hombres adultos”.

Violencia laboral

Beatriz Durán, docente de derecho laboral en la Udelar, centró su discurso en la violencia laboral que atraviesan las mujeres. Señaló que esta violencia se expresa cuando a una mujer, por razones de género, se le dificulta el acceso al empleo, el ascenso o la estabilidad en el trabajo. También cuando se produce acoso moral o sexual, se imponen requisitos sobre su estado civil, edad, apariencia física, se le solicitan análisis clínicos o percibe un salario inferior por el mismo trabajo.

La experta se refirió a la importancia de la permanencia de las mujeres en los espacios de trabajo y estudio, y resaltó algunos derechos que se destacan en la legislación, como son el pago íntegro del salario de la mujer que efectuó una denuncia (en el tiempo que conlleve la asistencia a audiencias, pericias o instancias administrativas) y el derecho a una licencia extraordinaria y con goce de sueldo por el lapso de 24 horas a partir de la presentación de la denuncia, prorrogable en caso de que sea necesario. También remarcó que, de existir la posibilidad, las mujeres tienen derecho a pedir una flexibilización o un cambio del horario o lugar de trabajo.