AT tiene 11 años y está internada desde enero en un hospital de Tucumán. Cursa un embarazo de 23 semanas y media producto de una violación; el violador fue la pareja de su abuela. Ante una psicóloga la niña pidió la interrupción del embarazo. Una fiscal, el secretario de Salud de la provincia y grupos antiderechos encabezan una cruzada para obligarla a parir en contra de su voluntad.

En enero, Soledad Bazán llevó a su hija a la sede de Centros de Atención Primaria de Salud: ahí se enteró de que la niña estaba embarazada y presentó la denuncia en la Unidad Regional Este de Policía de Tucumán. Denunció que Eliseo Víctor Amaya, la pareja de la abuela, de 65 años, abusó de la niña cuando la cuidaba.

La causa judicial quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, que ordenó la detención de Amaya. El hombre quedó detenido y la niña fue derivada al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán.

Desde los cinco años la nena vive con su abuela en 7 de Abril, una localidad del noreste de Tucumán, con ella y su pareja. A su mamá le quitaron la tenencia cuando un novio suyo abusó de sus dos hijas mayores.

Según publicó la periodista Mariana Carbajal en Página 12, la historia clínica que fue incorporada a la causa judicial dice que la niña se provocó autolesiones y que tuvo un intento de suicidio. Un informe médico, también incorporado al expediente, plantea que hay “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo, según publicó la periodista. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, le dijo la nena a la psicóloga del hospital donde está internada.

El Código Penal establece –desde 1921– que las víctimas de violación tienen derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. En 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto legal debe realizarse sin necesidad de autorización judicial. Alcanza con la declaración jurada de la víctima o de su representante legal. Además, el Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado argentino que garantice las interrupciones voluntarias de los embarazos, fundamentalmente en casos de menores de 15 años.

A pesar de las declaraciones de la niña, el secretario de Salud provincial, Gustavo Vigliocco, y grupos antiderechos insisten en obligarla a parir contra su voluntad. Según Página 12, la fiscal Adriana Giannoni se sumó a esta cruzada. Actuó de oficio –la causa por la violación está en otra fiscalía– para que una defensora interviniera por el “no nacido”, citó a los médicos que atienden a la niña y “los presionó para que no accedieran a practicar el aborto legal”.

En enero, la familia de una niña de 12 años abusada pidió la interrupción legal del embarazo en el hospital Guillermo Paterson de San Pedro, Jujuy. Los médicos objetores de conciencia se la negaron, a pesar de que es un derecho reconocido por una ley nacional de 1921 y que la provincia está adherida al protocolo nacional. La niña fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en San Salvador: de acuerdo con el protocolo, los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. El traslado demoró cinco días. Después de una semana en el hospital le negaron la interrupción voluntaria del embarazo y le practicaron una cesárea contra su voluntad. El bebé murió al nacer.