Rosana Batista, de 29 años, fue asesinada por su pareja, Onix Fagúndez, de 39. Estaban juntos desde hacía 15 años. Cuando empezaron la relación ella tenía 14 años y él 25.
Se separaron a fin de año. El 15 de enero la mujer hizo una denuncia por amenazas. Allí dejó sentado que el hombre la perseguía y la controlaba. La Justicia dispuso medidas cautelares. A las dos semanas la Policía hizo la ampliación por incumplimiento. La mujer siguió siendo amenazada y contó que era perseguida y acosada. La Justicia dispuso reiterar al ofensor la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas, él fue advertido bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato.
Le disparó y se suicidó. Tenían dos hijas en común, de ocho y diez años, que estaban con la abuela materna cuando el hombre cometió el crimen. Es el tercer femicidio en lo que va del año.
Jorge Chediak, miembro de la Suprema Corte de Justicia, dijo esta semana a Subrayado que en este caso el sistema “no funcionó” porque hubo incumplimiento en la distribución de tobilleras. Explicó, entre otras cosas, que no hay suficientes y que no llegan a todo el país.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior desmintieron la información aportada por Chediak y explicaron que la cobertura nacional de tobilleras rige desde diciembre de 2017. En el departamento de Artigas, donde sucedió este femicidio, hay siete dispositivos instalados, según la cartera. En 2018 hubo 636 conexiones de tobilleras y 50 reconexiones, alcanzando un total de 686 dispositivos instalados.