Una Corte Superior de Botsuana despenalizó este martes las relaciones entre personas del mismo sexo al declarar inconstitucionales dos artículos del Código Penal que criminalizan las actividades homosexuales con hasta siete años de cárcel. Se trata, en concreto, de los artículos 164 y 165, que penalizan el “conocimiento carnal contra natura” y “los actos indecentes entre personas”, respectivamente.

El fallo tuvo lugar en respuesta a una demanda de varios integrantes de la comunidad LGBTI botsuanesa que pidieron revisar la constitucionalidad de los textos, aprobados en 1964. Los tres jueces encargados del caso aseguraron que las dos secciones del Código Penal “menoscaban el derecho de los demandantes a la dignidad, la privacidad, la libertad y, en último término, son discriminatorias en la práctica”, según argumentó Michael Leburu, uno de los magistrados, al anunciar la decisión de la corte.

Los jueces también rechazaron el principal argumento del gobierno, que insistía en que la sociedad todavía no estaba preparada para despenalizar los vínculos homosexuales. “La opinión pública en casos como estos es relevante, pero no decisiva. Se trata de derechos fundamentales más que del punto de vista del público”, consideró Leburu. El magistrado resaltó que “una nación democrática es aquella que practica la tolerancia, la diversidad y una mentalidad abierta”, e insistió en que “la inclusión social es capital para acabar con la pobreza y lograr una prosperidad compartida”. Contundente, Leburu concluyó: “El Estado no puede actuar como un policía en las camas de la gente”.

Botsuana se suma así al grupo de 21 países africanos que no criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo –como Ruanda, Costa de Marfil, Burkina Faso y Madagascar–, ya sea porque han sido despenalizadas o a causa de un vacío legal.

Pese a esto, en África todavía hay 32 países que tipifican como delito las relaciones entre personas del mismo sexo. En muchos de ellos, estos vínculos se castigan con penas de hasta 30 años de cárcel –como sucede en Tanzania– o con lapidación –en el caso de Mauritania–. En países en los que rige la ley islámica, como Sudán o el norte de Nigeria, las autoridades contemplan incluso la pena de muerte.

El fallo de la Justicia botsuanesa llega después del reciente golpe que recibió la comunidad LGBTI africana hace menos de dos semanas en Kenia, cuando el Tribunal Superior de Nairobi declaró constitucionales los artículos del Código Penal que criminalizan las relaciones homosexuales.

La decisión de la Justicia de Botsuana fue celebrada por activistas y organizaciones de derechos humanos de África y el resto del mundo, y aseguraron que es un “ejemplo” para otros gobiernos del continente. “Esta sentencia debería animar a otros países a revocar leyes injustas que criminalizan las relaciones homosexuales y bloquean el acceso de las personas a servicios básicos, incluida la sanidad”, dijo en ese sentido Gunilla Carlsson, directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/Sida.

“La sentencia envía un fuerte mensaje de que nadie debe ser hostigado, discriminado o criminalizado debido a su orientación sexual”, afirmó por su parte la directora adjunta de Amnistía Internacional para África del Sur, Muleya Mwananyanda. “Con esta decisión, Botsuana ha dicho ‘no’ a la intolerancia y al odio y ‘sí’ a la esperanza y la igualdad para todas las personas”, agregó. Para Mwananyanda, el dictamen “marca una emocionante nueva era de aceptación, que debería inspirar a otras naciones africanas para seguirla”.