Las desigualdades que existen en el mercado laboral uruguayo en función del origen social o étnico están plasmadas en decenas de trabajos de académicos, expertos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que han hecho análisis y reflexionado sobre el tema. Una cuestión específica salta a la vista: en términos de precarización laboral, la población afrodescendiente es la más afectada.

Este es uno de los tantos puntos que aborda el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia presentado en marzo por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Consejo de Trabajo sobre Políticas de Equidad Racial con el principal objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de la población afro, incluidos los laborales. El documento refiere en particular a la existencia de una “segregación laboral” en el país que se caracteriza por una mayor concentración de personas afrodescendientes en ocupaciones de baja calificación, de manera informal y con mayor inestabilidad laboral. En ese sentido, detalla que los varones afro son los que más se dedican a “trabajos manuales rutinarios”, mientras que las mujeres afro trabajan mayoritariamente en el servicio doméstico.

Este es, a grandes rasgos, el panorama global para la población afrouruguaya. Pero la situación es todavía más difícil para las mujeres negras. El Plan Nacional de Equidad Racial reconoce que las mujeres afro presentan los índices más altos de desempleo, con una tasa de 12%, cuatro puntos porcentuales más que las mujeres no afrodescendientes (8,4%), según aparece en el Censo de Población 2011. Al mismo tiempo, las mujeres afro son víctimas de discriminación racial para acceder a puestos laborales, ascender profesionalmente y ver aumentados sus salarios.

Por otra parte, el documento impulsado por el Mides asegura que si bien el subempleo prevalece entre la población afro, “toma mayor importancia entre las mujeres afro”. En 2017, 15,5% estaban subempleadas, un porcentaje que en los hombres era sólo de 13,4%. A modo de comparación, el porcentaje de subempleo en las mujeres no afro ese año era 7,9%. Es decir, prácticamente la mitad.

La responsable del Departamento de Mujeres Afrodescendientes del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Lourdes Martínez, asegura que la precarización laboral de las mujeres negras es una de las consecuencias de la “discriminación histórica” que atraviesa la población afro en Uruguay. “Hay dos grandes cuestiones que responden esto. Lo primero es que la población afro supera en 11% el índice de pobreza con respecto a la población no afro, y eso marca una diferencia. Por otro lado, también tenemos que dos de cada tres adolescentes afro abandonan los estudios. Por supuesto que esto tiene un correlato cuando llegamos al momento de la inserción laboral. Mayor pobreza y menor educación llevan a peores condiciones de acceder al mercado laboral”, dijo Martínez a la diaria.

Esto, a su entender, explica por qué la mayor parte de las mujeres afro trabaja en el servicio doméstico. “Esto viene de la discriminación histórica, de un círculo de pobreza y de menor educación, lo que ha generado que sea una situación que se repite, pese a que se trabaja mucho para que las mujeres afro puedan salir de esa cadena”, insiste la representante de Inmujeres.

Para los académicos uruguayos Nicolás Gigou, Martín Iguini y Eliana Lotti, la dificultad para obtener empleos mejor remunerados tiene impresa la marca del racismo, según aseguran en un informe citado en el plan. “Las dificultades de acceder a trabajos más calificados no se encuentran únicamente en un escaso capital escolar, sino también por las políticas de la piel que indican que un afrouruguayo/a es opuesto a la denominada ‘buena presencia’ que exigen algunos empleadores”, explican los expertos en Relevamiento etnográfico/antropológico de la comunidad afrouruguaya en los departamentos de Rivera, Cerro Largo, Artigas, Salto y Montevideo (2017). Y agregan que la “raza” sigue “operando hoy en día como un diferenciador y clasificador social de corte estigmatizante para la comunidad afrouruguaya en el mundo del trabajo”.

La iniciativa lanzada en marzo busca visibilizar y problematizar las desigualdades de la población afro para crear estrategias e implementar políticas públicas que apunten a revertirlas. Esto incluye una decena de estrategias que apuntan a la equidad racial en términos de educación, salud, vivienda, autonomía económica y trabajo, entre otros. Una de estas estrategias se refiere específicamente a las mujeres afro y aspira a la profesionalización del trabajo doméstico, una tarea que también tiene que desempeñarse –dicen los responsables– en ambientes “libres de violencia racial, sexual y explotación laboral”. Combatir la precarización laboral, para las mujeres, también es esto.

¿Qué implica profesionalizar el servicio doméstico? En primer lugar, que las mujeres conozcan sus derechos como trabajadoras. A partir de eso, explicó Martínez, se trata de “garantizar que las trabajadoras estén afiliadas al Banco de Previsión Social y, de esa manera, tengan aportes a la seguridad social y todos los beneficios que eso conlleva”. Según cuenta la responsable, lo que sucede muchas veces es que las mujeres afrodescendientes se desempeñan en el trabajo doméstico sin estar afiliadas, entonces no cobran en caso de enfermedad o feriado y tampoco aportan para su jubilación.

La autonomía económica de las mujeres es uno de los objetivos estratégicos de Inmujeres a nivel general. El Departamento de Mujeres Afrodescendientes, el Mecanismo de Equidad Racial con el que cuenta el instituto, apunta a una meta más específica: el empoderamiento económico de las mujeres afrodescendientes. Para promoverlo desarrolla distintas actividades, como Mujeres Afro que Emprenden, una iniciativa que busca transformar los emprendimientos más “precarios” en “empleos”, contó Martínez.

“Estamos trabajando a pleno sobre la precarización laboral”, dice la representante de Inmujeres para cerrar, y reconoce que es un fenómeno “muy difícil de romper porque viene de la mano del racismo estructural”. ¿Cómo enfrentarlo? “Con un trabajo integrador en varias áreas. Por un lado, tenés que generar un cambio en la estructura y empoderar a la propia población, y, a su vez, que esa población acceda y tenga sus necesidades básicas satisfechas para poder llegar, eventualmente, a ser plenos sujetos de derechos”.