Primer Encuentro de Parlamentarias Indígenas de América Latina puso el foco en “la lucha contra las violencias”

La peruana Tania Pariona es congresista, mujer e indígena, y sabe que cada una de esas identidades viene marcada por su respectivo sistema de discriminación. Entiende, al mismo tiempo, que la situación de vulnerabilidad es mayor cuando se entrelazan otras categorías sociales: si sos mujer e indígena pero, además, sos hablante de quechua, pobre y habitante de una zona rural, por ejemplo. Esta discriminación interseccional es también sistemática y, la mayor parte de las veces, se traduce en situaciones de violencia. La necesidad de combatir esta realidad impulsó a Pariona, quien preside la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de Perú, a convocar al Primer Encuentro Internacional de Parlamentarias Indígenas de América Latina.

La actividad tuvo lugar el fin de semana en Lima bajo el nombre “Mujeres indígenas luchando contra las violencias” y contó con la participación de parlamentarias indígenas de ocho países de la región: Máxima Apaza, de Bolivia; Joênia Wapichana, de Brasil; María Encarnación Duchi, de Ecuador; Sandra Morán, de Guatemala; Olivia Marcela Zúniga, de Honduras; Irma Juan Carlos, de México; Petita Ayarsa, de Panamá, y la congresista anfitriona. El encuentro se desarrolló en dos instancias. Las parlamentarias se reunieron el viernes para intercambiar opiniones, plantear propuestas y acercar posturas. Al día siguiente, convocaron a un foro público en el que participaron organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil.

De este primer encuentro nació la Alianza Internacional de Parlamentarias Indígenas, integrada por las ocho mujeres fundadoras y otras que se quieran adherir en el futuro, según anunciaron las representantes en una declaración conjunta difundida al final del evento. El objetivo, dice el documento, es “promover acciones de articulación y coordinación tendientes a impulsar el cumplimiento de la agenda de los pueblos y mujeres indígenas”. Para Pariona, tejer redes en la región y unir las voces de las mujeres indígenas no sólo es “potente” sino también “estratégico, en estos tiempos en donde hay retrocesos en los derechos reconocidos para los pueblos indígenas, criminalización de los defensores de los derechos humanos y asesinatos de los líderes indígenas defensores de sus tierras y territorios”, según dijo a la diaria.

La agenda de trabajo elaborada por las parlamentarias pone el énfasis en tres cuestiones principales: la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres indígenas, el fortalecimiento de la participación y la representación política de las mujeres indígenas, y el reconocimiento de su rol en la protección de los territorios y la defensa de los recursos naturales. Estos ejes fueron los que estructuraron las dos jornadas en Lima.

Un entramado de violencias

El nombre del encuentro de parlamentarias anunciaba lo que sería la espina dorsal del intercambio: la lucha contra las violencias que afectan a las mujeres indígenas. Las legisladoras aseguraron que las mujeres indígenas son “objeto de múltiples discriminaciones” y reclamaron un enfoque “intercultural” de la Justicia frente a la violencia de género, “garantizado sin discriminación a través del uso de lenguas originarias”. A la vez, exhortaron a los estados a “poner especial atención sobre la trata de personas, migración, desplazamientos forzosos, crimen organizado y tráfico de armas que afectan de forma diferenciada a las mujeres indígenas”.

Pero las reivindicaciones no se dirigen sólo al sistema judicial y el Estado. También interpelan a las sociedades latinoamericanas y a las propias comunidades indígenas para impulsar el debate interno y la reflexión. En este proceso de repensar costumbres y prácticas, dice Pariona, el rol de las mujeres es fundamental. “Se dice que, por un tema cultural, el matrimonio con menores de edad se acepta en las comunidades indígenas. Para las mujeres de las comunidades de nuestros pueblos está claro que los derechos humanos son el principio elemental sobre el cual se tiene que normar y es inconcebible que una niña de 14 años pueda contraer matrimonio o ser madre. Esta posición es la que estamos visibilizando”, contó la congresista peruana a la diaria. “En nombre de la cultura”, agregó, “no se puede fundamentar ningún hecho que colisione con los derechos humanos”. Empezar a desentrañar estas cuestiones, no sólo para revertirlas sino también para eliminar prejuicios, es otra de las tareas que se propone la nueva alianza de parlamentarias.

Una de las demandas más importantes en ese sentido es la que apunta a que la situación de las comunidades indígenas y, en particular, de las mujeres sea contemplada a la hora de confeccionar políticas públicas y estrategias de prevención y sanción de la violencia. Para Pariona, esto sólo se puede hacer aplicando un enfoque de género, generacional, intercultural y de interseccionalidad, en el marco del respeto de los estándares internacionales de derechos humanos.

“Ha quedado totalmente claro que las comunidades son las primeras en dar un giro de cambio importante desde la reflexión y el abordaje interno en las comunidades hasta la modificación de sus normas internas, por ejemplo de los estatutos comunales o el hecho de no decir que ‘los viejos tiempos eran mejores’. Al contrario, hay bastante reflexión incluso de nosotras, las parlamentarias, que vemos todo desde nuestras experiencias propias”, reconoció la congresista. Y concluyó el tema con un ejemplo: “Casi todas las parlamentarias comentaban en el encuentro que nuestras madres habían sido emparejadas por acuerdo de los padres, no por decisión propia, y estuvimos de acuerdo en que no se puede repetir en ninguna de las generaciones futuras”.

Las indígenas al poder

El primer encuentro de parlamentarias indígenas también abordó la violencia política y las dificultades que tienen las mujeres de las comunidades para acceder a los lugares donde se toman las decisiones. En ese sentido, Pariona dijo que la condición de “mujer, indígena, hablante de alguna lengua originaria y pobre” no sólo convierte a estas mujeres en “presas de discriminaciones”, sino que atenta también contra su derecho “a participar en política, a tomar decisiones o incluso a fiscalizar”.

Por eso, en la declaración conjunta, las ocho legisladoras hicieron un llamado a los estados para que garanticen mecanismos efectivos de participación política de las mujeres indígenas “en los tres niveles de gobierno” y en “espacios de toma de decisiones”, con criterios basados en “la democracia intercultural y paritaria”.

La agenda que construyeron las parlamentarias incluye algunas estrategias para ampliar la representación política de las mujeres indígenas. En particular, apuntan a la creación de mecanismos para equiparar las condiciones de postulación de candidaturas y de representación en los parlamentos. “Excepto Bolivia y México, que tienen una participación de indígenas ya sea por distritos electorales indígenas o por la paridad y la inclusión de candidatos indígenas, los demás países no tenemos ni un solo mecanismo”, denunció Pariona, y aclaró: “Si nosotras hemos llegado a ser parlamentarias fue por la voluntad de los partidos políticos que integramos”. Este es uno de los temas que trabajará la nueva alianza.

“Nuestra condición de pertenecer a una comunidad y defender derechos individuales y colectivos como parlamentarias nos pone en una situación de vulnerabilidad ante el racismo y la discriminación”, reconoció Pariona. Pero esta realidad podría empezar a cambiar, opinó, si las indígenas empiezan a “tener voz propia dentro de los estamentos de poder”.

Las defensoras de la tierra

El tercer eje temático del encuentro tuvo que ver con el rol de las mujeres en la protección de los derechos, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas. Pariona fue contundente: es un rol que no se reconoce. La congresista aseguró que tampoco es visible que, en realidad, son ellas quienes “ponen el cuerpo” y quedan expuestas a lo que llamó “violencia ambiental”, un tema que también estuvo en el orden del día de las legisladoras.

“Cualquiera diría que la violencia ambiental no es una violencia contra las mujeres. Pero sí lo es, porque son las mujeres las que tienen que poner sus cuerpos para defender agua, tierra, aire, recursos, pero también son las que están vinculadas con la actividad agrícola. Los hombres están saliendo a hacer otras labores, a trabajar de obreros, de albañiles, de peones en las mineras u otros, pero las mujeres son las que han quedado en el trabajo de la tierra, las que tienen que preocuparse por si hay agua y por la conservación de las semillas. Son actividades tradicionales que han tenido a las mujeres en el rol fundamental de ser cuidadoras de esa biodiversidad, entonces sí hay una forma de violencia que están enfrentando justamente al sentirse afectadas por la contaminación o al estar expuestas al maltrato físico”, expuso Pariona. “Se cree que son los hombres los jefes de hogar, los comuneros calificados y los que llevan la conducción del manejo del territorio, y la verdad es que no siempre es así. Son las mujeres las que están ocupando hoy esos roles”, afirmó.

En estos contextos, las mujeres también están expuestas a otro tipo de violencias. La congresista dio un ejemplo. “La violencia sexual contra las niñas y las jóvenes por parte de personas externas a la comunidad ocurre sobre todo en territorios se hace hay extracción minera, petróleo, extracción de recursos forestales. Para nadie es desconocido que hay violaciones a niñas por parte de trabajadores de una minera, por ejemplo”, dijo la parlamentaria. A su entender, la violencia ambiental es menos visible o evidente, pero igual de grave que la física, la psicológica o la económica.

En materia de derechos territoriales, las parlamentarias reunidas en la capital peruana denunciaron que los pueblos indígenas carecen de seguridad jurídica en varios países. “Falta seguridad jurídica, falta la titulación colectiva de las comunidades para evitar mayores conflictos sociales, invasiones y despojos de territorio, y para evitar que sean los que tienen el poder económico, las grandes corporaciones, los que se hagan dueños de nuestros territorios al obtener una concesión sin ningún proceso de consulta previa. Esto es fundamental para seguir perviviendo como pueblos y culturas que existimos antes de la conformación de los estados nación”, enfatizó Pariona.

En la declaración conjunta, las legisladoras pidieron a los gobiernos latinoamericanos que garanticen los derechos de los pueblos indígenas que se ven vulnerados debido a iniciativas públicas o privadas que implican “actividades extractivas, obras de infraestructura y de otra índole que atentan contra la salud, la cultura, los ecosistemas y los derechos colectivos” de las comunidades.

En el segundo encuentro internacional de parlamentarias indígenas, que tendrá lugar dentro de un año, se hará un balance de lo trabajado durante ese primer período. La sede será Brasil.