“Desarmarlos con la palabra”: Cómo funciona el centro de control de tobilleras electrónicas, que recibe unas 32.000 alertas por día

En el Centro de Comando Unificado (CCU), ubicado en el predio de la Guardia Republicana, se encuentra la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe), desde donde se controlan todas las tobilleras electrónicas del país.

La cantidad de tobilleras cambia todos los días por las conexiones y desconexiones al programa. Hoy hay 1966 personas dentro del programa. Son 983 duplas monitoreadas. El ofensor lleva una tobillera y un rastreador, y la persona en situación de violencia lleva solamente el rastreador.

En Dimoe trabajan 140 personas en total entre todos los turnos; son cuatro turnos de seis horas, y en cada uno hay 25 puestos de monitoreo para cubrir. A ellos se suman dos o tres supervisores.

Los equipos intentan ser paritarios, y los policías –hombres y mujeres– que los cubren son todos jóvenes, de entre 20 y 33 años. “Es una edad muy potente para poder encarar esta realidad”, explica la comisaria mayor Nelsa Viscailuz, directora de Dimoe, y agrega: “El personal comprometido con la tarea es la mayor fortaleza de Dimoe”.

Los policías trabajan cuatro días y libran uno. Aunque el trabajo es estresante y tiene una dedicación emocional intensa, quienes realizan esta tarea no tienen compensación salarial alguna.

En cada puesto hay dos pantallas. En una de ellas se ven los eventos, que incluyen acercamiento, alertas o simples notificaciones de los equipos. En ellas se registra un promedio de 8.000 eventos por turno, y en cada una se ven todos los que van surgiendo. Unos 3.000 de esos eventos son simplemente información y no requieren ninguna acción. Los restantes 5.000 exigen gestión y trabajo colectivo.

Los eventos se observan en filas que tienen distintos colores, que denotan la escala de riesgo. Si aparece una fila roja es una alerta compleja. En estos casos se despliega un mapa y se visualizan los movimientos. Se contacta con ambas partes: un policía llama a la persona en situación de violencia y otro al ofensor. Allí se ve quién se está desplazando. Puede ser algo provocado o casual, como cruzarse en dos ómnibus diferentes. Se les da indicaciones a ambos, acorde a cada situación y valorando cada contexto.

Cuando los eventos son complejos, si las partes no contestan o si no quieren cumplir con lo que se les recomienda, se usa la otra pantalla, donde hay un software que permite solicitar un móvil de apoyo, para que el policía que esté más cerca del lugar vaya ahí.

El trato hacia las personas es informativo, en tono de recomendación. “Le decimos que necesitamos que haga tal o cual cosa, y cada persona puede responder o no a los pedidos”, dice Viscailuz. Si visualizan un riesgo para la víctima se quedan en línea, le dan orientaciones de autocuidado, intentan tranquilizarla; mientras, otro policía habla con el ofensor, a quien también se intenta tranquilizar. “Se trata de hacerlo pensar, se intenta que reflexione. Se le recuerda que está en el sistema para trabajar su violencia y que este acto es un hecho de violencia que va a perjudicarlo. Lo que se intenta, justamente, es cambiar las conductas violentas”, dice Viscailuz. Todas las transgresiones se comunican al juzgado, y cuantas más genera alguien, menos chance tiene de seguir en el programa. Cada cosa que se hace se graba, y todo lo que se registra se traslada luego al juzgado. También una transcripción de las conversaciones se envía a la Justicia.

En las 32.000 alertas promedio que hay por día pueden llegar a estar involucrados cinco funcionarios policiales: uno que asesora directamente, por teléfono, a la persona en situación de violencia, otro que en simultáneo se comunica con el ofensor para que reconozca la transgresión, dos que se dirigen en un patrullero al lugar donde se encuentra la víctima, mientras un quinto policía le da las indicaciones.

Antes había un referente por caso, con un policía asignado para el seguimiento. Ese funcionario conocía cada historia. Ahora, como hay casi 2.000 personas a seguir, se desarmó esa figura y todos los seguimientos los realiza un equipo especializado.

También hay un equipo de psicólogos que apoya la gestión. Cuando hay situaciones más complejas, que exceden al accionar de los policías monitores, se les deriva la llamada. “Si el policía se queda sin herramientas para trabajar y sostener a las personas, puede compartir el trabajo con los psicólogos”, explica Viscailuz. Se trabaja con el “desborde, ahora”, y para eso se incorporó la figura de los psicólogos, para responder a esos picos de tensión.

Además, una psicóloga se encarga de la atención a los policías. “Es muy importante y sirve mucho, se trata de que los policías estén emocionalmente estables, porque esta temática te exige estar organizado en tu vida. Acá lo que se recibe es el dolor y los problemas de la gente. Y tenemos que escuchar todo, no podemos elegir qué escuchar y qué no”, dice la directora de Dimoe.

Para Viscailuz se trata de “desarmarlos con la palabra”. Explica: “Intentar llegar al objetivo, sacar al ofensor de una determinada zona no puede ocurrir bajo imposición. No le podés decir ‘soy el policía y le digo que haga determinada cosa’, eso no funciona. Siempre es desde el diálogo, desde el desarme con la palabra, tenemos que persuadirlo para que haga lo que estamos intentando que haga, para así poder proteger a la víctima”.

Más allá de la comunicación que reciben, no pueden responder con maltrato de ninguna manera. Asimismo, en caso de recibir amenazas tienen que valorar los riesgos. “Tienen que analizar hacia dónde van las posibles amenazas, si son contra la víctima, la policía, los jueces”. En general, son muy pocas las veces en que alguien dice que quiere lastimar o matar a la otra parte. “Los hemos captado porque a veces cortan la llamada y queda abierta, entonces se capta si siguen hablando con algún tercero. Si se capta una amenaza en ese marco, se trabaja”, dice Viscailuz. Ante esa situación se procede a enviar un móvil para la detención. La amenaza directa a la víctima es razón de detención.

Algunas condiciones del programa

Cuando se conecta la tobillera, ambas partes firman un contrato con determinadas condiciones. La mínima permanencia en el programa es de 180 días. “La idea es que las personas traten de hacer un recorrido, que puedan comprender por qué entraron al sistema, porque muchas veces la figura ofensora se niega a entender por qué están en él, no entiende por qué no trasladan la responsabilidad a la figura de la víctima”, comenta Viscailuz. “Por eso lo primero que se intenta hacer es que el ofensor entienda por qué ingresó al sistema. Luego, que pueda trabajar su violencia, y después hay que prepararlos para la salida del sistema, que es otro momento álgido”, agrega. Muchas veces la víctima no quiere salir del programa. “Llegás al lugar para hacer la desconexión y la víctima está muy angustiada. Ahí frenamos la desconexión, volvemos a enterar al juzgado y trabajamos con eso. Es muy caso a caso, hay mucho de emocional y de tratar de comprender qué le pasa a cada parte”.

Entre las condiciones que hay que cumplir para mantenerse en el programa hay una muy básica: tener el equipo prendido. La batería del dispositivo dura en promedio ocho horas. El equipo envía una señal y un mensaje de texto cuando se está quedando sin batería. Si en el centro de control se observa que no se carga el dispositivo, se contacta a la persona, que debe explicar por qué no lo carga. Si cualquiera de las partes dejan apagar el equipo, se lo considera una transgresión seria y se da cuenta al juzgado.

Vínculos intervenidos

La inmensa mayoría de los casos que forman parte del programa de tobilleras son de parejas. En segundo lugar se encuentran las ex parejas, y el tercer vínculo, y el más complejo para este sistema, es cuando se da un caso entre madre e hijo. “Es el más complejo para llevar adelante desde lo policial, porque cuando el hijo se acerca, la madre no lo ve como un ofensor, lo ve como su hijo. Entonces, cree que puede hacerse cargo, le pide a la Policía que se retire e incluso agrede a la policía para protegerlo. Nosotros tenemos que cumplir la función policial: retirarlo. Regularizar esa situación lleva unos días, porque la víctima queda enojada con la policía”. El cuarto tipo de vínculo que se aborda es entre padre e hijo.

La mayoría de las parejas son heterosexuales, hay muy pocos casos de parejas homosexuales, tanto de varones como de mujeres. “No se sabe si es porque tienen vínculos más saludables o porque hay tantas barreras aún que hace que no lleguen al sistema o no se animen a denunciar”, señala Viscailuz.

Los dispositivos están distribuidos en todo el país. En Montevideo, la concentración más alta de tobilleras se da en las zonas operacionales 3 y 4, que comprenden el noreste y noroeste de la capital. En la zona costera la concentración es baja, hay pocas tobilleras instaladas si se toma en cuenta la densidad de población que vive allí. “No es que en la clase alta no haya violencia de género, pero está más invisibilizada. Tienen más dificultades para denunciar y las colectividades hacen mucha presión sobre las víctimas, tanto para que no denuncien como para que vuelvan con el ofensor”, explica la responsable de Dimoe. Para Viscailuz, en este programa “está toda la sociedad reflejada”.

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