Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres: garantizar los derechos sexuales y reproductivos todavía es un desafío

Este jueves se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una jornada a la que todos los años se suman organizaciones civiles, organismos internacionales y colectivos feministas para promover el derecho de las mujeres a una atención integral de la salud. La fecha quedó establecida en 1987 durante el Quinto Encuentro Mundial por la Salud de las Mujeres en Costa Rica. En los últimos dos años, el día ha sido adoptado, sobre todo por los feminismos latinoamericanos, para reclamar el aborto legal, seguro y gratuito.

Uno de los principales objetivos de esta fecha es reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que las mujeres deben acceder sin restricciones, con igualdad de oportunidades y libres de violencias. En el centro de ese reclamo está el llamado a que estén garantizados los servicios de salud sexual y reproductiva, para que las mujeres puedan decidir de manera libre e informada cómo ejercer su sexualidad y su capacidad reproductiva.

Para que estos derechos se respeten y sean de calidad, es fundamental que los estados faciliten el acceso a métodos anticonceptivos y a estudios que permitan la detección a tiempo de infecciones de transmisión sexual, brinden las condiciones necesarias para que las mujeres puedan elegir cómo transitar el embarazo, parto y puerperio, y no pongan barreras para la interrupción de los embarazos si no son deseados.

Uruguay es uno de los países de América Latina y el Caribe que más avanzó en salud sexual y reproductiva en los últimos cinco años, según una investigación realizada el año pasado por la plataforma regional especializada miráquetemiro.org. El estudio reveló que nuestro país cumple con más de 70% de los compromisos asumidos en materia de derechos sexuales y reproductivos, prevención de mortalidad materna, laicidad, servicios de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, aborto y parto humanizado. La ampliación de estos derechos tiene que ver con el avance normativo de las últimas dos décadas, en las que se han aprobado leyes como la de acompañamiento a la mujer en el parto (2001), la de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva (2008), o la de interrupción voluntaria del embarazo (2012). Pero también es fruto del impulso del movimiento social y de la promoción de instancias de capacitación y sensibilización para los equipos de salud.

Esto no significa que el terreno esté ganado. Pese a estos logros, organizaciones dedicadas a la salud de las mujeres aseguran que todavía quedan desafíos. Y advierten que, ante posibles “retrocesos” en la agenda de derechos, defenderán lo conquistado.

Queda tela por cortar

Los alrededores del Palacio Legislativo serán escenario mañana de una intervención que realizará Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, para manifestar las “reivindicaciones y alarmas” y comunicar a las autoridades “que va a haber resistencia ante cualquier intento de retraso”, según dijo Lilián Abracinskas, directora de la organización, a la diaria. La reivindicación principal es “avanzar realmente sobre la autonomía reproductiva de las mujeres”.

En ese sentido, Abracinskas recordó que uno de los principales temas debatidos aquel 28 de mayo de 1987 fue la morbimortalidad de las mujeres durante el embarazo, el parto, el puerperio y el aborto, una denuncia que sigue vigente en Uruguay pese a los avances de los últimos años. “Lo que hemos visto hasta ahora, en pleno siglo XXI, es que todavía las condiciones en que las mujeres y los cuerpos gestantes viven sus decisiones reproductivas siguen dependiendo muchísimo de las condiciones que imponen quienes están en el poder, por lo que sigue siendo una mayoría de varones quienes deciden cómo las mujeres tenemos que transitar por esas experiencias”, enfatizó la licenciada en Ciencias Biológicas y experta en género y políticas de salud.

Por otro lado, resaltó el trabajo que viene haciendo desde hace años la sociedad civil para que la mortalidad de mujeres por estas causas sea vista no sólo como un indicador de salud sino como un “indicador de desarrollo país”. “Porque cuando a vos se te mueren mujeres por causas evitables es porque entendés que son seres desechables y que no es prioridad de un gobierno generar condiciones para que todas las mujeres puedan transitar por sus decisiones reproductivas sin padecer consecuencias”, cuestionó Abracinskas.

La obstetra partera Ana Labandera, directora ejecutiva de la organización Iniciativas Sanitarias, aseguró que otro de los problemas actuales es la violencia obstétrica. Para tener una idea, la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género de 2019 reveló que 17,4% de las mujeres consultadas sufrieron algún tipo de agresión durante su último parto. Dejó en evidencia otro dato: más de la mitad (54,4%) de las mujeres que interrumpieron su embarazo dentro del marco legal sufrieron algún tipo de violencia durante el proceso. Contra estas prácticas abusivas, Iniciativas Sanitarias –que defiende el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y funciona en la órbita del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell– promueve el parto respetado y humanizado, que busca garantizar que la mujer transite el trabajo de parto “de la manera que elija, con quien elija, de forma segura y sin intervenciones innecesarias o violencia”.

Garantizar la salud integral de las mujeres es también asegurar que los equipos tengan la capacitación necesaria para abordar los casos de violencia de género con una perspectiva de derechos. En conversación con la diaria, Labandera afirmó que lo más importante es que el abordaje sea interdisciplinario: “Es difícil que la mujer pueda salir sola del circuito de la violencia, por lo que hay que saber pesquisar y acompañar [...] Tener la atención biopsicosocial, que incluye a la asistente social, la psicóloga y la obstetra partera o ginecóloga, hace que la mujer tenga una contención integral”.

Tanto Labandera como Abracinskas recordaron que la atención integral de la salud de las mujeres tiene que incluir no sólo la perspectiva de derechos humanos, sino un “enfoque interseccional”, que tenga en cuenta a todas las mujeres, pero en particular a las que atraviesan situaciones de más vulnerabilidad –como las que están en situación de violencia, las inmigrantes o las más pobres–, así como a las disidencias sexuales y de género.

Evitar la marcha atrás

Las declaraciones de algunos representantes del gobierno en torno al aborto y a otras cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva pusieron en alerta a organizaciones de mujeres y colectivos feministas en estas semanas. Los comentarios más recientes en esa línea fueron los del presidente Luis Lacalle Pou, quien el pasado 4 de mayo volvió a reafirmar en conferencia de prensa que su gabinete tiene una “agenda provida”, al tiempo que abogó por “desestimular” los abortos y fomentar la adopción, el uso de anticonceptivos y la educación sexual. El discurso del presidente incluyó otros conceptos que fueron cuestionados por estar asociados a movimientos antiderechos, como el de pedir la protección de los derechos de “los niños por nacer”.

“La definición de un gobierno nacional como ‘provida’ y en defensa de los derechos de los ‘no nacidos’ pone automáticamente a las mujeres y a los cuerpos gestantes en riesgo”, aseguró Abracinskas. “¿Qué significa que va a defender a los no nacidos, cuando a los no nacidos los portamos las mujeres y los cuerpos que los gestamos, así como también después nos hacemos cargo de su crianza y de su cuidado durante toda la vida? Esa definición lo que plantea es inseguridad para los derechos en la autonomía reproductiva de las personas y particularmente de las mujeres”, explicó.

La directora de MYSU dijo que hay preocupación porque “el gobierno ya ha comprometido la compra de métodos anticonceptivos” y “no se sabe qué va a pasar con los insumos que se requieren para los servicios legales de aborto”, que son esenciales para que las mujeres puedan acceder a la prestación. Al respecto, recordó que el Estado debe garantizar el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva “con todos sus insumos”.

La organización Iniciativas Sanitarias también mostró “preocupación” por posibles “retrasos” en la normativa vigente. “Los derechos adquiridos no son negociables y no tienen que ver con las creencias o filosofías que cada uno tenga”, aseguró Labandera, y advirtió: “Tenemos que seguir monitoreando la situación para que se cumplan absolutamente todos los derechos alcanzados, que nada se pierda y que los servicios alcancen a todas las mujeres, niñas y adolescentes. Ni una sola por fuera de la ley”.

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