La trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual: un problema “relegado” en Uruguay

El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha elegida por la Organización de las Naciones Unidas para “concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano” y “promocionar y proteger sus derechos”. El día sirve de marco para profundizar sobre la situación en Uruguay y analizar cómo trabaja el Estado en la prevención y persecución del delito, así como en la asistencia a las víctimas.

La trata de personas es la captación, el traslado y la recepción de personas dentro de un país o a través de fronteras para explotarlas. Puede tener como fines la explotación sexual comercial, el trabajo forzado, el tráfico de órganos o la venta de niñas y niños para la adopción, entre otros. Los protocolos internacionales la definen como “una forma de esclavitud moderna” que afecta prácticamente a todos los países del mundo, que pueden funcionar como punto de origen, tránsito o destino. La trata es interna cuando las distintas etapas del proceso se desarrollan dentro un país y es internacional cuando involucra a más de un país.

72% de las víctimas de trata de personas en el mundo son niñas, adolescentes y mujeres adultas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019).

59% de los casos de trata de personas en el mundo tiene como fin la explotación sexual comercial (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019).

Es también una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género. Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado en 2019 reveló que 72% de las víctimas de trata en el mundo son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Según la misma investigación, el destino más frecuente es la explotación sexual, que implica 59% de los casos, y que también afecta en su gran mayoría a niñas, adolescentes y mujeres. Es en ese delito particular que se centrará esta nota.

La ley integral contra la trata de personas aprobada por Uruguay en 2018 define la trata con fines de explotación sexual como el acto de “inducir u obligar a una persona a realizar actos de tipo sexual, con la finalidad de obtener un beneficio económico o de otro tipo para sí o un tercero. Esto incluye los actos de explotación a través de la prostitución, la pornografía u otras actividades de naturaleza sexual”.

Esa “inducción” u “obligación” no siempre es tan evidente. Puede darse por medio del uso de la fuerza, el rapto o la amenaza, pero los tratantes también se valen del engaño, el fraude y otros mecanismos de control y manipulación para captar a las víctimas. “Hay en el imaginario social una idea de que la trata con fines de explotación sexual es cuando secuestran violentamente a una niña, joven o mujer y la trasladan a otro lugar. Eso sucede, pero la trata es también algo más cotidiano”, explicó a la diaria María Delia, integrante de ¿Dónde están nuestras gurisas?, un colectivo que trabaja para visibilizar los casos de desapariciones de niñas y mujeres en Uruguay.

La activista aseguró que “casi todas las veces”, las jóvenes que desaparecen son captadas por medio de mecanismos “económicos o afectivos”, que las llevan “a ir introduciéndose en esas redes que primero les cortan los vínculos más cercanos, y quizás hasta las trasladen de un barrio a otro o de un departamento a otro, para después constituirse en explotación sexual”. El concepto de trata “es la imposibilidad de salir de esa situación”, aseguró Delia. “Esas gurisas no pueden salir porque hay grilletes simbólicos, o no tan simbólicos, que las tienen atrapadas en esa situación”. Uno de esos “grilletes”, dijo, es el consumo de sustancias al que generalmente son inducidas las mujeres, “que hace que se formalice una dependencia hacia el explotador o hacia ese lugar donde consume”.

Las consecuencias en la vida de las mujeres son graves y algunas, incluso, irreversibles. Estar en una situación de trata incluye el sometimiento a distintos tipos de violencia –psicológica, física, sexual–, atenta contra las libertades fundamentales y priva a las víctimas de derechos básicos. Al mismo tiempo, están expuestas a infecciones de transmisión sexual y a tener abortos forzados. El impacto a nivel psicológico y emocional también es grave y en muchos casos persiste incluso cuando logran huir de la situación.

Un problema que “no se prioriza”

Uruguay es identificado como país de origen, tránsito y destino de trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual comercial, según la investigación Trata sexual en Uruguay. Alcances y limitaciones de la asistencia a víctimas, publicada en 2018 por Andrea Tuana, trabajadora social, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso. De acuerdo con la publicación, se trata de “un problema histórico” en el país, “que afecta principalmente a mujeres de entre 15 y 30 años provenientes de sectores de pobreza con trayectorias de vida signadas por situaciones de violencia doméstica y violencia sexual”.

Hasta hace apenas dos años, el marco legal uruguayo contaba con dos normas que de alguna forma abordaban la problemática: la ley de violencia sexual, aprobada en 2004 –que contempla la trata de niñas, niños y adolescentes– y la ley de migraciones de 2008, que tipificó el delito de trata, lo cual significó un impulso importante para su persecución. A mediados de 2018, el Parlamento sancionó finalmente la ley de prevención y combate de la trata que aborda el problema de manera integral.

Tanto Delia como Tuana coinciden en que la ley es completa y significa un avance importante, aunque aseguran que la implementación se viene dando a pasos lentos. “En muchos de sus aspectos, la ley no se está aplicando porque hay un tema presupuestal que impide que muchas cosas que el texto mandata no se cumplan. Por ejemplo, el tema de las casas de amparo para las víctimas o el seguimiento de los casos denunciados”, cuestionó la representante de ¿Dónde están nuestras gurisas?

Para Tuana, el problema no es tanto el presupuesto sino cómo se prioriza ese presupuesto. “Entiendo que la colcha es corta, pero también depende de lo que vos decidas que vas a tapar. Los temas de género, de violencia hacia la infancia y en particular la trata siempre quedan en segundo plano, relegados, frente a otros temas que se priorizan”, dijo la trabajadora social a la diaria.

“Creo que ha habido un avance importante en los últimos años de hacer visible el problema y de generar instancias de articulación interinstitucional para pensar estrategias”, reflexionó Tuana, pero quedan desafíos pendientes. “La Policía y la Fiscalía vienen haciendo un trabajo fuerte en este tema, pero entiendo que es necesario avanzar más todavía”, consideró.

En ese sentido, dijo que en materia de persecución del delito hacen falta “investigaciones proactivas, que no necesariamente dependan de los testimonios de las víctimas, sino que puedan ser acciones encubiertas, que empiecen a perseguir y a hacer líneas de investigación a través de datos, información y lo que puedan recabar”. Por otro lado, abogó por un “fortalecimiento de la Policía”, que tiene una brigada antitrata que es “muy buena” y está “muy comprometida con el tema”, pero que necesita más recursos humanos. Acerca de la prevención, Tuana fue clara: “Me parece que es en lo que menos se está trabajando en este momento. [...] Diría que no se está haciendo prácticamente nada”.

Delia coincide en que “hay un accionar absolutamente insuficiente en el plano de la prevención y del seguimiento de los casos”. La activista dijo que, con base en lo establecido por el nuevo Código Penal, las denuncias por trata y explotación sexual deben realizarse directamente en la Fiscalía. “Ante una denuncia de desaparición, la Fiscalía debería ponerse una alerta, en coordinación con los organismos policiales e Interpol, para que inmediatamente se busque a esa mujer”, insistió.

Pero, a su entender, esto no es lo que pasa siempre. “Lo que hemos constatado es que por parte de los operadores jurídicos no hay una mirada que complejice los temas cuando se hace la denuncia”, lo que deriva en que muchas veces, por ejemplo, se asuma que una chica desaparecida se fue por voluntad propia y no se investigue el caso. “Hay una acción que es obligatoria que es la investigación frente a la posibilidad de un delito, y la posibilidad de un delito está siempre presente cuando hay una desaparición. El mandato es salir a buscarla de inmediato”, reivindicó Delia.

La activista dijo que el Estado también falla a la hora de “contemplar a la familia, y en particular a las madres de las mujeres explotadas, como víctimas de trata”, un punto que aparece en la ley de trata vigente. “No hay un acompañamiento o un sostén”, criticó. “Al contrario, hay una negligencia en el trato con estas madres, que son las que las buscan desesperadamente”.

El foco en la atención

La creación en 2011 del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual marcó un antes y un después en materia de asistencia a las víctimas de este delito. El servicio, que es cogestionado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en convenio con la asociación civil El Paso, tiene competencia nacional y busca brindar un abordaje integral a mujeres que estén ante posibles situaciones de trata. Por eso, incluye la identificación y recepción de casos, asistencia psicosocial, asesoramiento jurídico y atención médica. Los equipos también apuntan a elaborar una propuesta de apoyo para la vida de esas mujeres a mediano y largo plazo.

650 mujeres fueron atendidas en Uruguay entre 2011 y 2019 por el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual (Inmujeres).

Entre 2011 y 2019, el servicio atendió a 650 mujeres, según datos proporcionados por el Inmujeres a la diaria. Si bien al principio la mayoría eran uruguayas, a partir de 2012 empezó a crecer con fuerza el número de mujeres de otras nacionalidades. En 2019, la mitad de las mujeres atendidas fueron dominicanas (53%), un tercio uruguayas (35%) y el resto cubanas (6%) o de otras nacionalidades (6%). En tanto, a partir de 2013, la mayoría (entre 65% y 93%) eran afrodescendientes. El tipo de trata que prevaleció en mayor o menor medida durante los años fue la internacional. En cuanto a las edades, los datos revelan que aproximadamente tres de cada cuatro mujeres atendidas tenían entre 18 y 35 años.

En la actualidad, funcionan dos servicios de atención para mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual: uno en Montevideo –con alcance a Canelones, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Florida y San José, además de la capital– y uno en Cerro Largo, que funciona desde mayo del año pasado.

Es importante resaltar que hay una diferencia entre los datos registrados por los servicios de atención del Inmujeres, que atienden a mujeres en posibles situaciones de trata, y los casos que son denunciados ante la Fiscalía, que se encarga de la persecución del delito.

Tuana consideró que los servicios tienen un alcance “muy bueno” porque “logran vincularse a las víctimas, generar procesos de acompañamiento y trabajar sobre los daños”, pero aseguró que es necesario fortalecerlos porque “se quedan cortos en cuanto a rutas de salida” de la situación de vulnerabilidad. En ese sentido, habló de la necesidad de contar con un “paquete de servicios básicos para ofrecer a la víctima, como un apoyo económico durante los primeros tiempos en que sale de una situación de trata, una alternativa de vivienda, inserción laboral, abordaje en salud y salud mental, y una respuesta de protección en los primeros dos o tres meses, con personal especializado”.

Garantías para proteger

Tal como dijo Tuana, la protección es una de las cuestiones principales que deben de ser contempladas a la hora de atender a víctimas de trata. Así lo entiende también Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, quien en diálogo con la diaria dijo que es uno de los puntos “prioritarios” que se intenta reforzar. “Si estamos hablando de situaciones de alto riesgo de explotación o de trata, la protección tiene que ser integral y primero que nada hay que proporcionar la contención emocional, pero eso tiene que ir acompañado de medidas judiciales de protección y la persecución de los explotadores y tratantes”, explicó.

Solari dijo que el nuevo Código Penal deja “muy claro” que la persecución del delito y la protección a la víctima tienen que ir de la mano, “porque no hay forma de que las víctimas tengan estabilidad emocional si la Justicia no está haciendo nada con los perpetradores”.

Por otra parte, la referente aseguró que la unidad que lidera trabaja desde hace un tiempo para que el sistema de Justicia deje de ser “revictimizante” y brinde “todas las garantías para que las víctimas puedan declarar en condiciones”. Esto abarca desde el acondicionamiento del lugar físico, dijo, hasta el acompañamiento emocional en el momento en que se toma la declaración. Además, implica “respetar el tiempo y el momento en que la víctima esté preparada para declarar”.

La Unidad de Víctimas y Testigos, por medio de un equipo de psicólogos y asistentes sociales, es la encargada de atender las llamadas que recibe la línea telefónica que habilitó a principios de mes la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género para denunciar casos de explotación sexual. La medida surgió para recabar información acerca de la Operación Océano. Hace unos días, en una entrevista con la diaria, Solari dijo que, además de los aportes sobre la Operación Océano, la línea recibió cinco denuncias de diferentes casos de trata y explotación sexual.

Nadie busca lo que no quiere ver

¿Por qué la trata sexual es un tema relegado en la agenda pública? Tuana considera que el problema radica en que “todavía no se logra realmente visualizar qué es lo que está pasando en Uruguay con la trata”. “Creo que tiene mucho que ver con que este delito ocurre en el mundo del mercado sexual, que a veces pareciera que fuera uno paralelo al resto de la vida de la sociedad uruguaya”, dijo la especialista. “Mientras ese mundo cumpla con la función para la que está –que para mí es la reproducción de la masculinidad hegemónica y patriarcal, y para que los varones tengan un lugar donde poder realizar su masculinidad machista, al mercantilizar y consumir los cuerpos de las mujeres–, a nadie le interesa mirarlo”.

Para Delia, tiene que ver con la mirada “complaciente” que tiene la sociedad uruguaya hacia la violencia de género, y que siempre ubica a las mujeres en el lugar de culpables. “En el caso de las violencias físicas, dicen ‘¿por qué no dejó al marido? Será porque le gusta’, ‘capaz que miente’, ‘capaz que exagera’, y así sigue hasta que se produce el femicidio. Siempre hay una cuestión de que ‘ella se lo buscó’, que muestra la incomprensión que hay de los mecanismos que operan sobre nosotras en términos de violencia, que es de la sociedad en su conjunto, y que obviamente también es del Estado y de quienes tienen que hacer algo para perseguir a los violentos”, explicó Delia.

Dijo que lo mismo pasa con los casos de trata: hay un subregistro de mujeres desaparecidas porque nadie las busca. “Nadie las está buscando, y si alguien por casualidad se cruza con ellas, tampoco le llama la atención. Dicen ‘es una drogadicta más, ¿por qué no se dedica a otra cosa?’. Siempre nos culpabilizan a las mujeres. Si es chica, no les hizo caso a los padres. Si es mayor, sabe lo que hace. Sea lo que sea, piensan que nosotras deberíamos poder salir de esa situación. Es un ‘deberíamos’ constante”, agregó Delia. Y prometió: “Hasta que no las encuentren a todas, nosotras las seguimos buscando”.