El primer paso surgió hace como un año. Todas integraban el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y crearon un grupo de Whatsapp para empezar a compartir ideas. Hablaron de objetivos, actividades e incluso dibujaron el boceto de un posible estatuto. Las unía la profesión: eran todas abogadas. Pero también el interés común de trabajar específicamente en la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Hace menos de dos meses decidieron hacer público el intercambio virtual y crearon las redes sociales de la Red de Abogadas Feministas del Uruguay, donde se presentan como “un equipo de profesionales del derecho, comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos integrando la perspectiva de género y generaciones”. Entre otras cosas, difunden información acerca de leyes y servicios que amparan a mujeres e infancias, noticias, fechas especiales, y también atienden consultas.

“La red surgió más que nada de la necesidad de encontrarnos, porque nuestro trabajo, litigar, es muy solitario”, contaron Ivana Manzolido y Virginia Cáceres, dos de las siete integrantes de la red, a la diaria. Tender puentes entre ellas, sí, pero también incorporar en el ejercicio del derecho un enfoque de género y derechos humanos que no se aprende en la facultad. “Nuestro trabajo, específicamente, implica estar cara a cara con la violencia machista; acompañar cuerpo a cuerpo”, aseguraron las abogadas feministas. Pero no solamente, porque, como ellas mismas señalan en esta entrevista, la defensa de los derechos de las mujeres abarca muchos más frentes que el de las violencias.

¿Por qué es necesaria una Red de Abogadas Feministas?

Ivana Manzolido (IM): Es inexorablemente necesaria porque, en lo personal, una puede sostener un litigio o una opinión, pero hace falta la colectividad para lograr un cambio social. El ámbito judicial es un ámbito muy duro, y estoy segura de que a todas mis colegas mujeres nos ha pasado de enfrentarnos a cuestiones que no están buenas, pero que hemos podido colectivizar y ahora ya no las pasamos. Se trata de generar un espacio de encuentro y de poder lograr un cambio a partir de nuestra profesión, que muestre que las mujeres tienen necesidades específicas por ser mujeres y que esas necesidades tienen que ser cubiertas desde el ámbito judicial. Que si una mujer necesita acceder a la Justicia, se tiene que hacer oír su voz sin que sea tergiversada y sin discriminación. Por otro lado, la red es necesaria para entender que la perspectiva de género y la de derechos humanos atraviesan toda nuestra vida, y que la sumisión histórica que han tenido las mujeres sigue afectando hasta el día de hoy la vida de muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes. Yo lo veo ahora con el tema de la emergencia sanitaria y de los cuidados exclusivos, que pesan de manera desigual sobre las mujeres, por ejemplo. Cada cambio histórico, económico y social implica un movimiento en la vida de esas mujeres, y nosotras queremos que eso se refleje en la Justicia.

“El derecho es una herramienta de transformación que puede ser parte de un cambio social”. Ivana Manzolido.

¿Cuáles son los objetivos específicos?

IM: El objetivo general es hacer entender que el derecho es una herramienta de transformación que puede ser parte de un cambio social. Porque el derecho no es estático, y a partir de los propios litigios podemos construir y cambiar realidades en las personas individuales. Después tenemos varios objetivos específicos que durante las reuniones semanales tratamos de bajar a tierra. Sin dudas, uno de los principales es colaborar en fortalecer el acceso a la Justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, entendiendo el acceso a la Justicia no sólo como la posibilidad de ir a denunciar a los tribunales, sino que de alguna manera ese pasaje por el sistema de Justicia y el sistema policial sea respetuoso de los derechos de estas poblaciones y además sea justo y no discriminatorio.

¿También atienden consultas?

IM: Sí, hemos recibido un montón de consultas desde el primer día. No todas las colegas que integran el colectivo pueden ejercer, porque algunas forman parte de determinadas instituciones. Lo que hacemos es recibir las consultas desde la red y derivar los casos entre las que sí ejercemos. Se tiende a pensar que las abogadas feministas sólo vamos a estar en los juzgados de familia o en los juzgados de violencia, pero no pretendemos ni queremos eso. Nosotras vamos a estar en derecho penal, en derecho civil, en derecho comercial. Claro que reconocemos que las mujeres donde más se ven afectadas es en materia de violencia, pero el derecho a vivir una vida libre de violencia no es el único derecho fundamental de las mujeres que hay que proteger. Las mujeres tienen derecho a tener bienes, a proyectarse, a decidir si quieren formar o no una familia, y nosotras como red pretendemos no sólo acompañar en derechos sociales, sino también económicos. La idea es ser lo más integral posible.

¿Qué tipo de consultas han atendido en este tiempo?

IM: La mayoría son situaciones en el ámbito penal y vinculadas al abuso sexual. Muchas de las consultas son porque las mujeres hicieron una denuncia hace años, consideran que el proceso está paralizado y nos preguntan a nosotras por qué. Por otro lado, hemos recibido consultas civiles –como, por ejemplo, desalojos– y también de familia.

¿Qué repercusiones ha tenido la creación de la red?

IM: Tuvo repercusiones buenas y malas. Las malas tienen que ver con que nosotras no somos ajenas a la violencia; al contrario. Nos ha pasado de tener que presentar denuncias en Fiscalía o Delitos Informáticos por amenazas hasta de muerte. A mí me ha pasado y he tenido que denunciar. Nosotras ponemos la cara delante de un tipo que muchas veces es capaz hasta de matar, lo cual hace que tengamos que rever las estrategias de cuidado para con nosotras, porque la violencia está recrudeciendo. Incluso está pasando mucho que en el propio ámbito de la Justicia los ofensores realizan acciones contra las profesionales que intervienen en el proceso, ya sea la abogada o la psicóloga que presentó el informe. Otras repercusiones malas han surgido en las redes sociales. Por ejemplo, hemos visto a uno decir “miren esta red que se formó, que atenta contra los derechos de los varones”. Son integrantes de organizaciones del estilo Stop Abuso y nosotras ya conocemos esa cuestión. No nos va a ser ajeno y sabemos que, cuanta más visibilidad tenga la red, más intenso va a ser. Ya sabíamos y sabemos a lo que nos enfrentamos. Incluso tuvimos una reunión hace unos días con las colegas de la Red de Psicólogas Feministas, porque la idea es trabajar en conjunto con ellas, y precisamente lo que nos comentaban era que de alguna manera vamos a tener que encarar con estrategias de cuidado.

Virginia Cáceres (VC): Con el tema de la violencia basada en género partimos de la base de que es un tema económico, porque el Poder Judicial, en general, hoy tiene un déficit de atención a las víctimas que tiene que ver con falta de presupuesto. El Poder Judicial tiene el mismo presupuesto hace muchísimos años y la demanda crece, pero esa demanda no se acompaña con un aumento presupuestal, entonces es muy difícil también porque tiene que ir tapando agujeros, sacando de un lado y poniendo en otro. En lo que tiene que ver con la atención de las situaciones de violencia basada en género esto se multiplica, porque si tuviéramos que armar una pirámide de importancia, este tema es el que está casi en la base, entonces los recursos son los que menos llegan, y eso se siente en la atención. Se han creado más juzgados de violencia doméstica en un esfuerzo monumental que ha hecho el Poder Judicial, que cerró algunos juzgados de familia común para crear otros. A esto se suma que los equipos técnicos no crecen. Entonces hay una demanda tremenda y hacer una pericia para ver si hay una situación de riesgo puede llegar a demorar cinco meses. El otro gran problema es la falta de capacitación y de perspectiva de género dentro del Poder Judicial. Esto hace, por ejemplo, que cuando te inician un juicio de visitas parentales vos partís de la base de que el criterio general es que no importa lo que hizo el padre, porque igual tiene derecho a ver a su hijo. Entonces vos ya llegás al juicio con esa mochila y es re difícil revertir determinadas situaciones como, por ejemplo, probar que una situación de violencia que vivió una mujer también impacta en sus hijos, por más que no haya violencia directa física contra ellos.

¿Y en cuanto a la formación específica de las juezas y los jueces? ¿En el Uruguay de 2020 todavía hay magistrados que culpan a las mujeres de las situaciones de violencia de género que atraviesan?

IM: Sí, pasa bastante. A la mujer se la juzga como madre, como empleada, como hija, como todo. Y sí, falta capacitación en las juezas y los jueces, sin lugar a duda. Se está haciendo algún esfuerzo y hoy en día se nota que hay un cambio, pero no es suficiente. En Uruguay no es obligatorio que las juezas y los jueces estén capacitados en género y eso de alguna manera se nota. El tema es que esto implica un esfuerzo y un desgaste impresionante para nosotras, que ya sabemos que partimos de una base que nos va a contradecir o que no nos va a acompañar. La realidad es que no siempre una mujer está acompañada por una abogada o abogado que tenga perspectiva de género. Si bien hay servicios especializados y hay abogadas particulares que nos dedicamos a eso, somos las menos, y eso se nota en los procesos, porque muchas veces vienen ya con un choclazo de expediente mal encarado y nosotras la tenemos que remar, lo cual es muy complejo y desgastante. Todo parte de no tener capacitación en género.

VC: Eso es en términos generales, pero es justo decir también que hay varios jueces y sobre todo juezas que se están capacitando, no desde la estructura del Poder Judicial sino por voluntad propia. En el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay hay un módulo sobre género, pero obviamente no es suficiente, porque no debería ser un módulo, sino que debería haber una transversalidad en todas las materias.

¿Alcanza con promover talleres de capacitación o guías de buenas prácticas?

IM: Por supuesto que con el librito no alcanza, por eso es tan importante el cambio estructural, cultural y social, que va a ayudar, pero por ahí tampoco va a ser suficiente. Quizás empezando por la educación desde la primera infancia podemos lograr algo.

VC: El Poder Judicial no es una isla, forma parte de la sociedad, entonces evidentemente que la capacitación ayuda, es necesaria, pero todo esto es un proceso cultural que tenemos que ir transitando desde muchas trincheras al mismo tiempo. El Poder Judicial es una de las trincheras desde donde dar la lucha. Creo que el objetivo tampoco es que cada jueza o juez deje de creer en lo que cree, porque en realidad esto se trata de respetar que haya una persona que tenga una creencia religiosa y que tenga la libertad de expresar esa creencia religiosa, pero que eso no vaya en perjuicio de los derechos de otros. Me parece que ese es el nudo de todo este lío: entender que tener perspectiva de género no es estar “en contra de” sino a favor. Lo que hay que entender es que mis creencias personales no tienen por qué invadir o desestimar los derechos de otro. Está buenísimo que cada uno pueda creer en lo que quiere. Lo que no podemos hacer es utilizar esa creencia para desvalorizar otro derecho.

El Parlamento es otra trinchera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando escuchamos a diputadas decir que los hombres matan a las mujeres “por exceso de amor”?

VC: Creo que representan a una parte de la sociedad que cree eso y me parece que eso es lo más grave. A mí no me preocupa el mensajero, me preocupa el mensaje. Y esa mujer está sentada ahí porque hay una parte de la población que la votó para estar sentada ahí, y el problema ni siquiera es ella, es lo que ella representa. Entonces ahí es cuando yo digo que la capacitación obligatoria no funciona, porque hay gente que piensa así y, por más que vos digas que ella es una ignorante en materia de género, no vas a convencer a los que piensan igual que ella de que hay algo distinto que se puede cambiar. A veces las estrategias tienen que adaptarse a lo que uno quiere cambiar y al público objetivo con el que uno va a tratar. Por supuesto que creo que cuando se dicen ese tipo de expresiones, sobre todo viniendo de gente que ostenta lugares de poder, hay que marcarlo, porque el discurso es importante, porque son discursos que llegan a mucha gente y hay que salir a dejar claro que eso no es así. Pero, por otro lado, hay que buscar cuál es la estrategia que tenemos que utilizar quienes trabajamos en esta temática para llegarle a toda esa gente que piensa igual que esta diputada y para que entienda que eso no es así.

“Todavía no logramos que cale en la sociedad que una menor no se prostituye, sino que es explotada sexualmente”. Virginia Cáceres

¿Cómo creen que se está trabajando en el marco de la Operación Océano y cómo evalúan el impacto que tuvo el hecho de que involucre a varones vinculados al poder político, judicial y empresarial, a un arquitecto e incluso a personas que trabajan en la educación, entre otros?

VC: Creo que la Operación Océano marca un quiebre por varias cosas. Primero, porque es la primera vez que judicialmente se puede tener algún tipo de castigo o por lo menos formalizar e individualizar a personas que cometieron un delito de explotación sexual. Segundo, porque se cae el mito que tenemos en el inconsciente colectivo de que estas cosas pasan en determinados estratos sociales, ya que acá estamos hablando de gente de clase media para arriba y profesionales. Creo que lo que impactó es que la que puede estar siendo víctima de una situación así puede ser mi prima, mi hermana o mi sobrina, que va al colegio y tiene a ese profesor, y eso acerca. Cuando vos sentís que algo es muy lejano y que a ti nunca te va a pasar, no te genera interés. Por otro lado, especialmente al principio, al ser hombres de clase media y con determinado perfil se generó una ola muy grande de apoyo. Yo escuché comentarios del estilo: “¿Pero vos viste la foto de las chiquilinas?” o “¿Vos viste cómo se vestían?”. Al principio hubo mucho de eso. Creo que la Fiscalía está trabajando muy bien, de forma muy seria, muy minuciosa, y no ha dejado ningún detalle librado al azar. Por lo tanto, me parece que judicialmente no van a quedar impunes, pero creo que hay un castigo social que es el que nos falta trabajar. Es que todavía no logramos que cale en la sociedad que una menor no se prostituye, sino que es explotada sexualmente. Tampoco se entiende que atrás de una chiquilina que llegó a esa situación hay toda otra situación de vulneración de derechos. Creo que la Operación Océano demostró que todas aquellas campañas que se habían hecho y con las que creímos que había temas que ya estaban saldados no están nada saldados. Hay gente que no entendió nada y creo que eso es lo más grave que nos deja esta situación.

¿En qué consiste el asesoramiento y acompañamiento con perspectiva de género y generaciones a las víctimas de explotación sexual?

IM: La existencia de servicios estatales que aborden abusos sexuales es un gran debe. Para darte un ejemplo, el otro día me llamó una psicóloga porque en Montevideo una adolescente ciega había sido violada en la calle. Otra chiquilina la encontró, se la llevó para su casa unos días, pudieron hacer la denuncia y siguieron todo el protocolo, pero en realidad faltó un servicio que pudiera darle acompañamiento a esa muchacha ciega que sufrió un abuso sexual. No existe. Ni a ella ni a ninguna. Lo más parecido es la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que brinda un acompañamiento más psicosocial, pero no es algo integral. No es fácil acompañar a una mujer víctima de abuso sexual. En lo legal, no solamente es necesario experticia en la temática, sino que también es fundamental la empatía. No es para nada fácil e incluso no puede sostenerlo solamente una profesional del derecho, es necesario un abordaje integral.

¿Qué diferencias hay entre el acompañamiento a una víctima de explotación sexual y el que se hace a una víctima de abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo?

VC: El abordaje tiene que ser completamente distinto. Primero, llegar a las niñas o adolescentes que están siendo explotadas sexualmente es mucho más difícil que llegar a una persona que sufre un abuso intrafamiliar, porque esta última en algún momento y de alguna manera trata de romper con ese silencio. Capaz que no viene y te lo dice, pero da señales. La explotada no siempre da señales, porque a veces naturaliza la situación. Cuando se destapó la Operación Océano, yo escuchaba la entrevista a una amiga de una de las víctimas que contaba que a ella uno de los explotadores le pagaba la facultad, por ejemplo. Es mucho más difícil llegar a ellas. Primero, porque son más difíciles de ubicar. Segundo, porque ni siquiera ellas tienen intenciones de que las ubiques, porque en algún punto lo tienen naturalizado. Y, tercero, porque los explotadores son personas que tienen determinado nivel social y la explotación forma parte de una vida oculta, no se hace de una manera tan evidente como puede ser el caso del abusador intrafamiliar. Es mucho más difícil el abordaje; cuando viene una chiquilina que es víctima de una explotación de ese tipo, necesariamente tiene que haber una intervención de otra naturaleza. Yo, sola, como abogada, estoy absolutamente incapacitada para encarar un caso así. Tenés que tener una red inmensa, que por lo general tenés que buscar en la sociedad civil, de gente que pueda darle protección a esa chiquilina para que el explotador no pueda tomar represalias contra ella cuando haga la denuncia ni contra su familia. Se tiene que desplegar una actividad que es mucho más grande que cuando estás frente al caso de un abusador intrafamiliar, en la que cortar con esa situación, en principio, implica sacar a esa persona de la familia. En la explotación es mucho más complejo.

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