Una decena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres manifestaron “gran preocupación” por el incremento de situaciones de violencia en el contexto gineco-obstétrico desde que empezó la emergencia sanitaria de covid-19. Lo hicieron en un comunicado conjunto en el que denunciaron casos en los que “se prohíbe u obstaculiza a las mujeres gestantes el acompañamiento en controles prenatales, estudios ecográficos y durante las cesáreas”, así como “el creciente maltrato verbal y hostilidad”. Esto último abarca “desde comentarios despectivos hasta abuso de poder hacia las mujeres gestantes y sus referentes emocionales, incluso en algunos casos puntuales hacia niñas y niños de su entorno familiar”, dice el documento.

Las organizaciones exhortan a las instituciones de salud públicas y privadas a cumplir con las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para la atención de las mujeres embarazadas durante la pandemia. En ese sentido, recuerdan que el MSP presentó en abril la publicación Recomendaciones referidas a la asistencia de la mujer embarazada y el recién nacido en el marco de la pandemia por covid-19, que, entre otras cosas, aboga por el respeto a la Ley 17.386, que establece el derecho de la mujer al acompañamiento durante el preparto, el parto y el nacimiento.

El comunicado también menciona la Resolución 845/2020 de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INNDHH) publicada en mayo de este año en respuesta a una denuncia de la organización Nacer y Ser, que advierte que el incumplimiento de esa ley durante la emergencia sanitaria “configura una violación de los derechos humanos”.

“Si bien entendemos que hay que respetar las medidas sanitarias y que no puede haber gente circulando por los sanatorios, la mujer embarazada necesita ese apoyo emocional. No es algo antojadizo y, además, es un derecho”, aseguró a la diaria la abogada María Echetto, integrante de Gestar Derechos, una de las organizaciones firmantes. La profesional dijo que al principio de la emergencia sanitaria surgieron casos de mujeres que no podían entrar acompañadas a los partos o las cesáreas, pero que la situación “se revirtió” tras la denuncia ante la INDDHH y otras puntuales que se presentaron en el MSP. “Hoy ya no estamos recibiendo comentarios sobre que se haya vuelto a esa situación. Por ahora es solamente en casos de controles prenatales y ecografías”, especificó Echetto.

El pedido de las organizaciones no es sólo para que cumplan los centros asistenciales: también hay un llamado a las autoridades para que realicen un “eficaz control” sobre el cumplimiento de las recomendaciones y tomen las medidas necesarias en el caso de que se constaten irregularidades. “El MSP tiene que controlar que las recomendaciones se estén cumpliendo, porque está preciosa la recomendación, pero si estás al tanto de que en algunos lugares no están cumpliendo, tenés que ejercer tus mecanismos de control”, puntualizó la abogada.

Gestar Derechos es una organización integrada por abogadas, una psicóloga y una partera que se dedican al asesoramiento en temas vinculados al parto humanizado, la lactancia y la violencia obstétrica. El proyecto fue lanzado a fines de julio en las redes sociales. A mediados de agosto publicaron información sobre el derecho del acompañamiento a las ecografías durante la pandemia y a partir de ahí les “llovieron” los mensajes, recordó Echetto, porque “la información empoderó a muchas mujeres”. Sólo en las últimas dos semanas, el grupo ha recibido alrededor de 120 consultas de distintas partes del país. De ese total, 12 casos se materializaron en denuncias administrativas ante el MSP.

El trámite para hacer la denuncia administrativa se hace por medio del sistema “Es por aquí”, un mecanismo del MSP para recibir denuncias y agradecimientos en relación a los centros asistenciales. “Se tiene que escribir un detalle de cuál es la situación, qué es lo que se está reclamando y, a través de ese sistema, el MSP lo envía directamente a la institución médica para que ellos respondan en un plazo de cinco días. Si la institución médica no responde en ese plazo, se le avisa a la usuaria, que tiene la opción de dar por terminado el trámite o demandar a la institución ante el MSP para que se abra un expediente y se investigue”, explicó la abogada. En la mayoría de las denuncias que cursó Gestar Derechos, la respuesta del centro de salud se dio “enseguida”. “Muchos piden disculpas, nos dicen que en realidad eso no tendría que haber ocurrido y demás, y ya está”, aseguró.

La vía judicial es “el ultimísimo recurso”, enfatizó la abogada, en caso de que la institución de salud se niegue a cumplir con lo mandatado por el ministerio. Por el momento, el grupo no ha tenido que utilizar ese recurso.

La organización recomienda a las mujeres embarazadas que intenten averiguar si el centro de salud permite el ingreso de acompañantes antes de la fecha de la consulta “para no llegar ese día al enfrentamiento”. “Si ya desde antes te dicen que no, entonces hay que activar los mecanismos: ya sea hacer la denuncia al MSP o plantearlo ante la dirección técnica de la institución, para evitar pasar por el mal momento de llegar ahí y tener que estar peleando para que le permitan el ingreso”, sugirió Echetto.

Además de Gestar Derechos, el comunicado fue firmado las organizaciones Aire.uy, Bloque Antirracista, Centro Interdisciplinario Caminos, Cooperativa Mujer Ahora, Instituto de Educación Perinatal, Instituto Mujer y Sociedad, Maternidad Digna Uruguay, Mujeres de Negro y Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

La violencia obstétrica es una de las 18 formas de violencia de género incluidas en la Ley 19.580, que la define como “toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos”.

Gestar Derechos recibe consultas telefónicas de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00, al número 092 811 533 o vía mail por el correo [email protected]