No habrá “recortes”, sino que se eliminarán “ciertos excesos, ciertos despilfarros o derroches”, dijo el 10 de agosto a Telemundo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, acerca de la Ley de Presupuesto Quinquenal. Tres semanas después, el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento un proyecto que –entre otras cosas– no contempla más recursos para la ley integral de violencia basada en género e introduce algunas modificaciones vinculadas a esta materia que podrían ser perjudiciales, según advirtieron organizaciones feministas, que exigen al gobierno que cumpla con lo prometido durante la campaña electoral.
En las últimas horas, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) recordó las palabras del director de la OPP y en unas placas difundidas por las redes sociales respondió: “Las medidas para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres no son excesos, despilfarros ni derroches”.
La organización, que trabaja en la lucha contra la violencia de género desde hace casi 30 años, asegura que el proyecto presupuestario no sólo no contempla más recursos para la Ley 19.580 sino que, además, “deroga artículos fundamentales para proteger la vida de las mujeres”. En concreto, las integrantes cuestionan el artículo que deroga la competencia de los Juzgados Especializados de Violencia de Género en los procesos penales y en aquellos relativos a “divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas, suspensiones, limitaciones o pérdidas de la patria potestad en los casos en los que, con una antelación de hasta dos años, se haya adoptado judicialmente alguna medida cautelar como consecuencia de la violencia basada en género, doméstica o sexual, o en los que se constata por cualquier medio dicha violencia aunque no se haya requerido la aplicación de medidas”.
Para la RUCVDS, uno de los objetivos que buscaba la Ley 19.580 con la creación de los juzgados especializados era que las mujeres en situación de violencia “no tuvieran que hacer un periplo por el sistema de Justicia debiendo comparecer ante distintas sedes judiciales por una misma realidad”, explicó la abogada Marina Morelli, integrante de la red, a la diaria. “Con esta modificación lo que se hace es convertir a los juzgados especializados en juzgados que sólo se aboquen a la adopción de aquellas medidas para cautelar los derechos humanos que puedan estar en riesgo. Las víctimas van a tener que transitar muchos juzgados para poder resolver una misma situación, van a tener que reiterar un relato ante diferentes sedes judiciales, y podemos enfrentarnos a resoluciones que sean antagónicas respecto del mismo asunto”, puntualizó. A su entender, la modificación es “regresiva” y provoca una “severa lesión en el derecho de las mujeres de acceder a la Justicia, porque ese derecho no tiene que ver únicamente con que formalmente exista un juzgado”, sino que se trata además de “brindar el servicio de justicia con determinados estándares”.
Por otro lado, Morelli aseguró que la decisión del gobierno de postergar para 2024 la creación de más juzgados especializados en violencia de género ‒como requiere la ley‒ significa “que el Estado se mantiene omiso en un servicio de justicia que está obligado a dar”. En la práctica, dijo la abogada, esto podría impactar de manera “muy negativa” en “el acceso a la Justicia, los derechos de las mujeres víctimas y la calidad de las decisiones”, porque la resolución del caso puede quedar en manos de un juzgado que sea competente pero que no tenga especialización, capacitación o sensibilización en violencia de género.
La RUCVDS también criticó los cambios que plantea el presupuesto en la conformación del Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. La Ley 19.580 establecía la creación de un observatorio para el “monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización permanente de datos e información sobre la violencia hacia las mujeres”, a cargo de una comisión interinstitucional conformada por la OPP –que la presidía–, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la RUCVDS –que aparecía como representante de la sociedad civil–. Además, planteaba que los cargos tenían que ser rentados y ocupados por “personas profesionales designadas por cada una de las instituciones”.
El proyecto presupuestario mantiene los objetivos, pero establece que el observatorio estará a cargo de una “comisión interinstitucional honoraria” y bajo la órbita del Inmujeres, con la presidencia del Ministerio de Desarrollo Social. Además, elimina la representación de la RUCVDS para establecer que “la comisión podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra la violencia basada en género”. De acuerdo con el nuevo texto, los integrantes de la comisión no tienen que ser “profesionales” sino “personas idóneas”.
Morelli asegura que “nadie les avisó” que se evaluaba eliminar a la red del observatorio: las activistas se enteraron cuando el proyecto de ley se hizo público. Para la abogada, la modificación “le quita garantías democráticas” al observatorio, porque al “excluir a la sociedad civil” convierte lo que era un espacio mixto en un ámbito gubernamental “y, como tal, al servicio del gobierno”. “El observatorio está encargado de ir midiendo los avances del Estado en materia de violencia de género y hacer algunas recomendaciones. Es muy raro pensar que las personas que integran el gobierno, que las elige el gobierno para estar ahí, vayan a evaluar cuán bien van avanzando en las políticas que ellos mismos crearon y se autorrecomienden cómo mejorar”, consideró Morelli.
El hecho de que la ley le otorgue la potestad de invitar a alguna organización “no quita la gravedad de la modificación”, agregó, porque no hay “ninguna garantía de qué criterios objetivos van a manejar los gobernantes para invitar, si les vienen ganas, a una organización que ellos consideren que entiende en esta materia”.
Por otro lado, la abogada criticó que el proyecto de presupuesto convierta al observatorio “en una invitación a tomar el té a las cinco de la tarde”, ya que, en vez de ser un lugar de trabajo con profesionales rentados, “pasa a ser una comisión honoraria de gente que integra el gobierno, que tiene sus funciones, que cumple sus tareas y que suponemos que en algún tiempo libre se va a reunir para hacer o intentar hacer lo que la ley decida que tienen que hacer”. La representante de la RUCVDS también entiende que al pasar de la órbita de la OPP a la del Inmujeres “se le quita jerarquía institucional”.
“Lo que está clarísimo con este proyecto de ley es que no se prioriza la problemática y no se otorga un presupuesto mínimo para atender las diversas manifestaciones de violencia de género. Estas modificaciones son regresivas y están desmembrando o dando golpes muy duros a los pilares fundantes de la Ley 19.580, con lo cual le están quitando sentido”, aseguró Morelli. “También quedó muy claro el no reconocimiento a la experticia de la sociedad civil organizada y a los lugares que hemos ganado y que hemos contribuido a crear”, consideró.
La red tiene planeado establecer en los próximos días comunicaciones formales con comisiones parlamentarias específicas, como la de Derechos Humanos o la que estudia el presupuesto, así como con representantes del Poder Ejecutivo, para transmitir su preocupación. “Alguien del gobierno tiene que hacerse cargo de la decisión sobre el observatorio y los juzgados, y decir dónde hay derroche, dónde hay despilfarro y dónde hay excesos, porque en materia de violencia de género falta todo”, dijo Morelli. “Lo que mínimamente corresponde es que den una explicación”.