La propuesta del dirigente del Partido Nacional Carlos Iafigliola para “desestimular los abortos” de personas en situaciones de “vulnerabilidad social y/o económica” fue repudiada por una docena de organizaciones, que entienden que se opone a “las leyes vigentes que consagran el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en los plazos y condiciones en ellas establecidas”. La iniciativa, que fue presentada ante el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, propone que el equipo multidisciplinario que atiende a las mujeres que buscan abortar le ofrezca otras “alternativas”, como vincularse con el Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodih).

El Ceprodih se presenta como una asociación civil que promueve la atención a familias y mujeres con hijas e hijos en contextos de “alto riesgo social”, incluidas aquellas en situación de “desamparo” durante el embarazo. Es, además, una de las siete organizaciones uruguayas que aparecían como amigas en una lista de Heartbeat International, una red internacional que se define como “cristiana sin fines de lucro” y “provida”, y que se dedica a recopilar datos de mujeres que buscan información sobre el aborto, contactarlas e intentar convencerlas de que no interrumpan el embarazo, según reveló una investigación en 2019.

En un comunicado difundido en estas horas, 12 organizaciones cuestionaron que se intente sumar al “plazo de reflexión” que establece la ley para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, “el ilegal propósito de interferir en sus decisiones”. Aseguran, además, que si bien la propuesta “no sorprende”, “lo que no puede es contar con el respaldo y el asocio explícito o implícito de ningún organismo del Estado”. Por eso, exigen que el Estado “se abstenga e impida cualquier tentativa de retroceso en la agenda de derechos humanos legalmente vigentes y exigibles”.

“Asegurar el acceso al aborto seguro, legal y gratuito es una obligación del Estado uruguayo. La ley está vigente y es obligación del presidente y el gobierno cumplirla, sin introducir personalísimos puntos de vista, contrarios a los derechos humanos o claramente regresivos de derechos conquistados”, plantea el texto. “Cualquier obstáculo que se imponga desde el Estado”, agrega, “es una violación de la Constitución de la República, de la ley, de la normativa internacional obligatoria para Uruguay y de los estándares internacionales de derechos humanos”.

Las organizaciones recuerdan que representantes políticos, “con el apoyo de fuerzas conservadoras y fundamentalistas, entre ellos el señor Iafigliola y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani”, buscaron derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2012 y así “retroceder en los derechos conquistados por y para las mujeres”, pero fracasaron en el intento. En otro ejercicio de memoria, vuelven a decir que Uruguay es un país laico, por lo que “las orientaciones y fe religiosas no pueden interferir en las políticas públicas ni en ningún organismo del Estado”.

Por otro lado, la iniciativa del dirigente nacionalista “está dejando de lado y desprotegiendo gravemente a niñas embarazadas como consecuencia de violencia sexual”, señaló a la diaria Ana Lima, representante de la filial uruguaya del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) que impulsó el comunicado. “Lo más grave es que el Estado interfiera”, insistió. Consultada acerca de la posibilidad de concretar reuniones con autoridades de ASSE o de algún otro organismo estatal para manifestar la preocupación, Lima aseguró que se están “acordando estrategias” y “no descartan ninguna”, aunque resaltó que el Ministerio de Salud Pública no las ha recibido “en otras oportunidades”.

Además de Cladem Uruguay, el texto está firmado por la Asociación Civil El Paso, Aire.uy, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, Mujer Ahora, Iniciativas Sanitarias, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Instituto Mujer y Sociedad, Mujer y Salud en Uruguay, Plenario de Mujeres del Uruguay y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.